Amiguismo crudo

Mientras se desempeñaba como ministra de Petróleo de Nicolás Maduro, la flamante presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, repartió campos petroleros bajo la figura de los Contratos de Participación Productiva (CPP). Entre los favorecidos de la piñata estuvo una oscura empresa registrada en España, sin experiencia en actividades de producción de hidrocarburos, propiedad en los papeles de un ciudadano ecuatoriano que se vincula al entorno del expresidente Rafael Correa.

La captura de Nicolás Maduro el reciente 3 de enero por parte de comandos militares estadounidenses encumbró a Delcy Rodríguez Gómez a lo más alto del poder en las filas chavistas y en la estructura estatal. Hasta ese sábado de la operación de las fuerzas especiales, Rodríguez —que también había sido Canciller— se desempeñaba como Vicepresidenta Ejecutiva y Ministra de Petróleo en el gabinete de Maduro. Pero ahora funge como Presidenta Encargada de la República, en medio de una sucesión traumática y tutelada desde Washington por Donald Trump.

En estos días de constantes noticias, resulta fácil olvidar esa figuración suya en la cartera de Petróleo, que ocupa desde agosto de 2024 tras las caídas en desgracia —y prisión— del otrora poderoso vicepresidente, Tareck El Aissami, y del expresidente de la estatal petrolera Pdvsa, Pedro Tellechea, por el escándalo de corrupción Pdvsa-Cripto. Pero tomarlo en cuenta resulta clave para entender su idoneidad como interlocutora de la administración Trump en la conducción de la Venezuela postmadurista.

Uno de los factores que “había impresionado” a funcionarios estadounidenses para decantarse por Delcy Rodríguez como conductora de una transición política en Venezuela fue, precisamente, su “gestión de la crucial industria petrolera” venezolana, según reveló esta semana el diario The New York Times. También el Washington Post informó el viernes que “funcionarios de Chevron, la única empresa estadounidense a la que Washington había permitido operar en Venezuela en medio de las sanciones de Estados Unidos, se reunían mensualmente con Rodríguez y hablaban positivamente de ella al gobierno estadounidense (…) El modelo de Chevron estaba funcionando, según informaron los representantes de la empresa a los funcionarios estadounidenses, y Rodríguez estaba concediendo sus deseos”.

Durante su dirección del negocio petrolero, Rodríguez impulsó en 2024 la figura de los Contratos de Participación Productiva (CPP), una suerte de fórmula privatizadora que, al amparo de la secretista Ley Anti-Bloqueo de octubre de 2020, buscaba captar a inversionistas para la explotación y producción petrolera, ofreciendo al socio privado más ventajas que las anteriores empresas mixtas, el esquema implementado en tiempos de Hugo Chávez en el marco de la Ley de Hidrocarburos de 2006 y donde el socio particular contaba con una participación máxima del 49% del negocio. Ese cambio en el marco legal para la participación de capitales privados buscaba atraer a nuevos actores que reemplazaran a los grandes nombres de la industria petrolera global, impedidos de participar por las sanciones internacionales.

En efecto, el recién creado esquema atrajo a nuevos actores, pero amigos del régimen y hasta de la propia Delcy Rodríguez en su mayoría, que dieron lugar a “un ecosistema diseñado para sortear sanciones y sostener flujos financieros en un contexto de colapso institucional”, como señalaba una nota de prensa de la organización Transparencia Venezuela en el Exilio, distribuida en diciembre de 2025 a propósito de su reporte PDVSA: privatización controlada por las familias en el poder y militarizada. “El proceso dejó de ser técnico para convertirse en un entramado político-financiero que incluye intermediarios temporales, empresas de corta duración, transferencias de crudo en alta mar, rutas trianguladas y pagos en criptomonedas —principalmente USDT—, un mecanismo que sigue activo en 2025”.

Por ejemplo, el magnate petrolero estadounidense y amigo del propio Donald Trump, Harry Sargent III, fue uno de los primeros beneficiados con la nueva figura. Pero Rodríguez también tuvo la oportunidad de ofrecer con los CPP un trato especial a un empresario, Manuel Antonio Robalino Orellana, cuyos vínculos societarios lo conectan a personajes de jerarquía en el entorno del expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, como reflejan documentos obtenidos para esta investigación que de manera conjunta desarrollaron Armando.Info y Plan V.

Melones sin fruto

Desde 2018, Delcy Rodríguez cuenta entre sus asesores con dos exministros de Economía y Finanzas de Rafael Correa: Patricio Rivera y Fausto Herrera.

“Tengo un equipo que está permanentemente allí. Hacen un trabajo extraordinario. Usted no sabe lo que es sobrevivir con ese bloqueo al petróleo. En Venezuela todo era petróleo”, admitió Correa en una entrevista publicada en agosto pasado por el diario digital El Español.

Patricio Rivera y Fausto Herrera han ayudado a Rodríguez a estabilizar la economía tras años de escasez, hiperinflación y la contracción del Producto Interno Bruto (PIB) desatada desde 2013. Fuentes de la industria petrolera venezolana indican que los asesores ecuatorianos también han resultado cruciales en la conducción de la materia petrolera en los últimos años, incluyendo la concepción y diseño de los CPP. Asimismo, según las mismas fuentes, los exministros ecuatorianos han dispuesto de oficinas para despachar desde la propia Pdvsa.

En 2025 se firmó un CPP con Territorio Trading Group, empresa registrada en España en septiembre de 2024 y dirigida como “administrador único” por Manuel Antonio Robalino Orellana, un empresario ecuatoriano de 45 años de edad. Robalino tiene relación empresarial, tanto en España como en Ecuador, con Héctor Eduardo Egüez Álava, un hombre de confianza y mano derecha de  Ricardo Patiño Aroca, cuando este se desempeñó como ministro de Economía y Finanzas, coordinador de la Política, de Relaciones Exteriores y de Defensa, en el mandato de Rafael Correa. Hoy Patiño es representante del partido del correísmo, Movimiento Revolución Ciudadana, en la Asamblea Nacional de Ecuador.

Territorio Trading Group anunció en junio pasado el acuerdo en su website. Allí detallaba que la firma con la estatal petrolera venezolana permitiría la explotación en el campo Melones de la Faja Petrolífera del Orinoco. Un mes después celebró la “inauguración de oficinas en Caracas” y, en septiembre de 2025, reportó las “pruebas de pozo en el campo Melones”, antes de desactivar el sitio.

El campo Melones, ubicado en el área de crudos pesados del distrito San Tomé, en el borde norte de la Faja Petrolífera del Orinoco, territorio del estado Anzoátegui, cuenta con una extensión de casi 700 kilómetros cuadrados y produce en la actualidad casi 8.000 barriles diarios de crudo, de acuerdo con cifras de Pdvsa. Sin embargo, las reservas probadas del campo rondan los 300 millones de barriles, lo que lo convierte en un yacimiento atractivo para cualquier petrolera.

Fuentes internas de Pdvsa explican que desde la estatal se presionaba a Territorio Trading Group para comenzar las inversiones necesarias que permitieran aumentar la producción, pero hasta el cierre del año pasado la compañía no pudo mostrar resultados porque no contaba con los recursos necesarios. De hecho, la meta de producción para el cierre de 2025 era de 10.000 mil barriles diarios, un 30% más de lo logrado hasta ahora por la compañía. A ese incumplimiento ahora se suman la intervención militar estadounidense y el control total que en consecuencia Donald Trump pretende ejercer sobre la producción de hidrocarburos en Venezuela, lo que amenaza con frustrar definitivamente el emprendimiento petrolero de los ecuatorianos.

Estirpe correísta

En declaraciones esta semana a la emisora colombiana Blu Radio, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa condenó sin ambages la actuación de Donald Trump en Venezuela. “Están pensando cómo repartirse el petróleo venezolano, por favor, eso es atroz, es algo insólito, ya lo naturalizamos”, afirmó, al tiempo que aventuraba que “conociendo como conozco a Delcy Rodríguez, ella va a preferir morir antes que someterse”.

“En buena hora si llegan inversiones extranjeras, norteamericanas, europeas, para recuperar la producción petrolera venezolana; eso buscaba Nicolás Maduro, otra cosa es que quiera  administrar el país Donald Trump y quiera regalar el petróleo”, se quejó Correa, a quien una nota reciente del New York Times identifica también como asesor activo de Delcy Rodríguez.

En todo caso, no es nuevo el interés por el petróleo venezolano del clan ecuatoriano cercano a Correa. A mediados de 2024, Pdvsa anunció una sociedad con Globalable Holding S.L, empresa del magnate venezolano Ricardo Cisneros Rendiles, para la operación de la empresa mixta Petrocabimas, en la tradicional cuenca petrolera del Lago de Maracaibo, estado Zulia,  noroccidente de Venezuela.

En la información, difundida por la estatal y reseñada por medios especializados como Petroguía, se dio a conocer que en representación del socio privado, además del propio Cisneros Rendiles, en la firma también estuvieron presentes Manuel Robalino, el administrador de Territorio Trading Group, y Héctor Eguez Álava, la mano derecha del exministro ecuatoriano Ricardo Patiño. La nota de prensa fue acompañada de una imagen en la que se ve a ambos.

Meses después del anuncio, la propia Pdvsa desmintió la transacción e informó que la compañía Suelopetrol Exploración y Producción S.L. seguía siendo la socia privada en Petrocabimas.

Robalino y Egüez también compartieron sociedad en Orbit Global Trading Corp (Orbitralcorp), registrada en Ecuador el 26 de enero de 2018. Esa compañía, disuelta en 2025, reportó relaciones comerciales con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), un holding estatal creado por Maduro para centralizar las importaciones públicas de Venezuela. Según los estados financieros de la empresa, despacharon al régimen venezolano aceite crudo de palma, previamente comprado a una compañía uruguaya.

Esa no fue la primera incursión de Robalino en actividades comerciales con Venezuela. Él enfrentó una denuncia penal por presunta falsificación de firmas relacionada a la venta de 4 millones de dólares en alumbre de aluminio a la empresa venezolana Inversiones Revotronics JM C.A, en 2013. Era la época en la que hubo una eclosión de exportaciones ficticias desde Ecuador a Venezuela con el fin de obtener dólares a la tasa preferencial del entonces activo régimen de control de cambios, a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre), una cesta de monedas regionales impulsada por los gobiernos de Rafael Correa y Hugo Chávez para facilitar el pago de importaciones entre las naciones miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos (Alba-TCP).

La investigación estuvo a cargo del fiscal Javier Bósquez Villena, quien decidió no acusar al denunciado, razón por la cual este fue sobreseído en 2019.

Mientras Robalino hacía estos negocios comerciales con Venezuela en 2013, Égüez Álava se desempeñaba como subsecretario de Comercio e Inversiones en el Ministerio de Relaciones Exteriores, con Ricardo Patiño como Canciller. Desde ese cargo, promovió el funcionamiento del Sucre. Ese año, Egüez Álava visitó a las autoridades del chavismo, presentándose como “jefe del gabinete del Canciller del Ecuador”, a fin de promover proyectos productivos de aceite de palma y arroz con financiamiento del Fondo Ecuador-Venezuela para el Desarrollo Económico y Social (Fevedes).

Égüez Álava tiene 66 años. Antiguos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas lo recuerdan desempeñando cargos en esa cartera por lo menos desde la década de los 90. En 2006, durante el gobierno de Alfredo Palacio González (quien como vicepresidente completó de 2005 a 2007 el período del destituido Lucio Gutiérrez), fue designado como Subsecretario del Litoral y como Subsecretario de Programación de la Inversión Pública, cuando al frente de esta cartera se encontraba Diego Borja Cornejo, candidato a Vicepresidente que completó junto a la candidata presidencial Luisa González la dupla correísta para los comicios de abril de 2025, donde resultó vencedor Daniel Noboa.

En 2007, ya con Rafael Correa como Presidente, Ricardo Patiño asumió como ministro de Economía y nombró a Egüez como su asesor. A los pocos meses, el rostro de este ganó preponderancia nacional, pues apareció en los llamados pativideos, una serie de grabaciones clandestinas que mostraban al ministro Patiño discutiendo con unos consultores sobre cómo provocar pánico en el mercado internacional para abaratar el costo de los bonos estatales y proceder a su recompra.

Tras el escándalo, Patiño pasó a dirigir el recién creado Ministerio Coordinador de la Política, mientras que Egüez se quedó en su puesto. Fue la única época de los gobiernos de Correa en la que trabajaron separados. En 2008, Egüez pasó a ser el director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), un cargo que requiere la confianza del Presidente de la República. Un año después, se juntó de nuevo con Patiño en el Ministerio Coordinador de la Política. Desde entonces, lo acompañó a todos lados. Estuvieron en el Ministerio de Relaciones Exteriores entre 2010 y 2016, y en el Ministerio de Defensa, en las postrimerías del correísmo.

En julio de 2017, con Lenín Moreno Garcés como nuevo mandatario, Patiño y Egüez ingresaron a la Presidencia de la República. El primero en calidad de consejero de gobierno y el segundo como asesor. Ocuparon esos cargos hasta finales de agosto de ese año, cuando el correísmo rompió definitivamente con Moreno. Desde entonces, Egüez salió del foco público, hasta ahora.

Hay otro lazo empresarial que une a Egüez con Robalino. Ambos constan como administradores en Global Maval Inversiones S.L, una compañía creada el 27 de octubre de 2025 en España, en la misma jurisdicción de Territorio Trading Group. En los papeles de constitución ambas sociedades comparten la misma oficina en la calle Serrano, del exclusivo barrio de Salamanca en Madrid.

En cuanto a Robalino, en un escrito presentado en agosto de 2024, en el expediente de un juicio civil, se aseguraba que residía en Singapur por “cuestiones de trabajo” y que se quedaría en ese país por varios meses. Es el último documento público donde consta su paradero.

Al cierre de esta edición, ni Robalino ni la empresa Territorio Trading Group respondieron a la petición de entrevista formulada por correo electrónico.

Elenco de personajes:

Manuel Robalino Orellana: empresario ecuatoriano de 45 años de edad. Administrador único de Territorio Trading Group, empresa beneficiada en 2025 por Pdvsa con un Contrato de Participación Productiva (CPP) para un campo petrolero.

Héctor Egüez Álava: exfuncionario público en Ecuador durante el mandato de Rafael Correa. Fue mano derecha del exministro Ricardo Patiño. Hoy mantiene relaciones empresariales con Manuel Robalino Orellana.

Territorio Trading Group: empresa registrada en España en septiembre de 2024. Meses después consiguió un contrato para la explotación del campo Melones en la Faja Petrolífera del Orinoco.

Paúl Mena Mena y Roberto Deniz PLAN V ARMANDO INFO