Durante el año 2025, 28 funcionarios públicos fueron vinculados a distintos delitos contra la administración pública en la provincia de El Oro, según datos estadísticos de la Fiscalía.
Los casos incluyen concusión, cohecho y peculado, evidenciando una problemática persistente en el ejercicio de la función pública.
Uno de los hechos más relevantes ocurrió el 7 de octubre de 2025, en medio de un operativo de control por la llegada del ministro del Interior, John Reimberg, a la ciudad de Machala. Ese día, un agente de tránsito de la empresa pública Movilidad Machala fue detenido tras presuntamente solicitar dinero a un conductor para evitar la emisión de una citación.
El suceso se registró alrededor del mediodía en la vía Balosa, uno de los puntos estratégicos donde se concentraron los operativos de control vehicular debido al arribo del secretario de Estado a la capital orense. En el lugar se encontraban desplegados decenas de uniformados de la Policía Nacional y agentes de tránsito, con el objetivo de garantizar el orden, la seguridad y la fluidez vehicular ante la presencia de autoridades nacionales y locales.
De acuerdo con el parte policial, el agente identificado como Emerson C., de 29 años, detuvo la marcha de un vehículo particular bajo el argumento de una presunta infracción de tránsito. Durante el procedimiento, el funcionario habría solicitado dinero al conductor a cambio de no sancionarlo.
La situación fue alertada de inmediato a otros miembros del operativo, quienes procedieron a interceptar al agente y verificar la denuncia en el sitio. Tras recabar los indicios correspondientes, la Fiscalía dispuso la aprehensión inmediata del funcionario por el presunto delito de concusión.
Posteriormente, durante la audiencia de formulación de cargos, un juez dictó prisión preventiva en contra de Emerson C., mientras se desarrolla el proceso judicial.
MÁS FUNCIONARIOS
Según cifras de la Fiscalía, Emerson C. fue uno de los 11 funcionarios públicos acusados en 2025 en la provincia de El Oro por el delito de concusión. No obstante, este no fue el único tipo de delito registrado.
En el mismo periodo, cuatro funcionarios fueron procesados por cohecho, mientras que 13 estuvieron involucrados en casos de peculado, sumando un total de 28 servidores públicos vinculados a delitos durante el año.
El peculado es un delito que se configura cuando un funcionario público se apropia, usa indebidamente o distrae bienes, fondos o recursos del Estado o de particulares bajo su custodia en beneficio propio o de terceros.
Por su parte, el cohecho es un delito contra la administración pública que implica dar, ofrecer, solicitar o aceptar dinero, bienes u otros beneficios para que un funcionario actúe a favor del sobornador, ya sea realizando un acto ilegal, dejando de hacer uno que le corresponde o incluso ejecutando un acto legal a cambio de una retribución indebida. Se trata de un delito de doble vía, que involucra tanto a quien ofrece como a quien recibe el soborno.
En cuanto a la concusión, este delito ocurre cuando un funcionario público exige o cobra dinero o bienes de manera indebida, abusando de su cargo. Se trata de una forma de extorsión y abuso de autoridad para beneficio personal. (DIARIO CORREO)
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