Guayaquil (Guayas), 15 de enero de 2026.- La Fiscalía General del Estado procesa a cinco personas por el presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego, luego de haber sido aprehendidos la mañana del 14 de enero de 2026 en la ciudadela Kennedy, en el norte de Guayaquil.
Según la investigación, el inmueble donde se ejecutó el operativo habría sido utilizado como fachada de una empresa de seguridad privada. En el lugar se encontraron 201 armas de fuego, entre fusiles, pistolas, revólveres y escopetas.
De acuerdo con el parte informativo y de aprehensión de la Policía Nacional, el procedimiento se inició tras una alerta ciudadana que indicó que en una vivienda –sin rótulos ni distintivos visibles de empresa de seguridad– se almacenaba armamento de distintos calibres.
Durante el allanamiento, el personal policial aprehendió a cinco personas, quienes no justificaron la posesión del armamento. Las evidencias incautadas incluyeron ochenta y un fusiles, setenta y un pistolas, cuarenta y un revólveres y ocho escopetas, además de cinco teléfonos celulares, tres computadoras portátiles y un CPU.
El parte policial también indicó que ninguna persona se identificó como representante o trabajador de la presunta empresa de seguridad ni presentó documentación que respaldara la tenencia legal de las armas.
En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el Fiscal del caso expuso los elementos recabados en la fase preprocesal, entre ellos el parte informativo y de aprehensión, las versiones de los agentes aprehensores y las evidencias ingresadas en cadena de custodia.
El Juez de Garantías Penales de turno acogió parcialmente el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para Wellington Pedro S. P., Félix Rubén J. J. y los hermanos Stalin Fernando y Mauro Aníbal M. C., quienes fueron trasladados a la Penitenciaría del Litoral.
Respecto de la quinta procesada, Narcisa M. I., el Magistrado dispuso arresto domiciliario, luego de que presentara certificados médicos que acreditaban una intervención quirúrgica reciente.
La instrucción fiscal tendrá una duración de treinta días.
Información jurídica
Este caso se procesa con base en el artículo 362, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de tráfico ilícito de armas de fuego con una pena privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años. (FGE)
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