La madrugada de este martes 10 de febrero de 2026, un operativo coordinado entre la Fiscalía y la Policía Nacional culminó con la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. La acción se desarrolló en el marco de una investigación penal en curso y fue confirmada por la Fiscalía.
De acuerdo con la información disponible, la aprehensión se ejecutó como parte del denominado caso ‘Goleada’, una causa que indaga la presunta existencia de una estructura de delincuencia organizada. Hasta el momento, las autoridades no han difundido detalles oficiales sobre los elementos específicos que motivaron la diligencia.
Tras el procedimiento, se conoció que el equipo legal del alcalde Aquiles Alvarez se trasladaba al Cuartel Modelo de Guayaquil, lugar donde se encontraría detenido mientras avanzan las actuaciones correspondientes dentro del proceso investigativo.
Detención de Aquiles Alvarez y dos de sus hermanos
El caso ‘Goleada’ se centra en supuestas actividades ilícitas relacionadas con lavado de activos y defraudación tributaria. La investigación permanece en fase reservada, por lo que no se han revelado nombres de otros posibles involucrados ni el alcance total de las diligencias realizadas durante el operativo.
De acuerdo con información preliminar, la detención no guarda relación con otro proceso penal que involucra a la misma autoridad local. Se trata del conocido caso Triple A, en el que se investiga una presunta comercialización ilegal de combustibles.
Entre los procesados por este caso están Aquiles Alvarez y sus hermanos Antonio Alvarez (presidente de Barcelona) y Xavier Alvarez. “Fiscalía y Policía ejecutan órdenes de detención con fines de formulación de cargos contra 11 personas investigadas en esta causa, entre ellas los hermanos Aquiles, Antonio y Xavier Á”, detalló la entidad sin precisar mayores detalles.
En las próximas horas se espera que la Fiscalía emita un pronunciamiento público para detallar el estado del proceso, las causales de la detención y los pasos legales que seguirán dentro de la investigación penal.
¿Por qué Aquiles Álvarez no portaba grillete electrónico? Esto dice la Fiscalía
En el marco de un operativo que ha sacudido la estructura política del país, la Fiscalía General del Estado informó que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, no portaba el dispositivo de vigilancia electrónica al momento de su captura. Esta herramienta era una medida cautelar obligatoria impuesta previamente dentro del caso Triple A, proceso en el cual se investiga al funcionario por su presunta participación en una red de comercialización ilegal de combustible a nivel nacional.
La ausencia del dispositivo fue reportada oficialmente por la Fiscalía tras el allanamiento realizado en la madrugada de este 10 de febrero de 2026. Según el organismo técnico, Aquiles Álvarez debía mantener el uso del dispositivo como parte de las restricciones legales vigentes. Este nuevo hallazgo complica la situación jurídica del burgomaestre, quien ahora enfrenta el caso Goleada, una investigación que se suma a sus conflictos legales previos con el Estado.
Incumplimiento de medidas y el caso Triple A
La institución fue enfática en sus canales oficiales al detallar la irregularidad detectada durante el procedimiento policial. “#CasoGoleada | Al momento de su detención, Aquiles Álvarez no portaba el grillete electrónico, medida cautelar dispuesta dentro del #CasoTripleA, en el que es investigado por la presunta comercialización ilegal de #Hidrocarburos”, señaló el ente a través de su cuenta en la red social X. Este incumplimiento podría derivar en una revisión de sus medidas sustitutivas.
Cabe recordar que el caso Triple A vincula a empresas familiares del alcalde con una supuesta estructura de compra y venta irregular de derivados del petróleo. En dicho proceso, la justicia determinó que Aquiles Álvarez debía portar el grillete para asegurar su presencia en las etapas judiciales. No obstante, al ser abordado por las fuerzas del orden hoy, el dispositivo no se encontraba en su cuerpo, lo que eleva las alertas sobre el control de las autoridades de seguridad.
Reacciones políticas ante la nueva evidencia judicial
La noticia sobre la falta del grillete ha intensificado el debate sobre la transparencia del alcalde de Guayaquil. Mientras los entes de control subrayan la falta técnica, la bancada de Revolución Ciudadana insiste en que todo el proceso contra Aquiles Álvarez carece de legitimidad. La asambleísta Paola Cabezas y el legislador Raúl Chávez han defendido la gestión del alcalde, calificando su retención como un acto de “dictadura” y una estrategia para silenciar a la oposición.
Para los defensores del burgomaestre, los señalamientos de la Fiscalía son parte de una narrativa para justificar lo que consideran un atropello a los derechos políticos. Según la vicealcaldesa Tatiana Coronel, Aquiles Álvarez es víctima de una “asimetría evidente” en la justicia, donde se persigue con celeridad a los críticos del Gobierno actual. Sin embargo, el informe técnico sobre el grillete añade un componente de responsabilidad legal que la justicia deberá evaluar en las próximas horas.
Traslado y vigilancia del proceso en Quito
Tras confirmarse su detención y la novedad sobre el dispositivo electrónico, Aquiles Álvarez está siendo trasladado a la capital para continuar con las diligencias pertinentes. Su hermano, Antonio Álvarez, también se encuentra bajo custodia, vinculando al ámbito político con la dirigencia del club Barcelona SC. Los movimientos en torno a la Función Judicial sugieren que este caso marcará un hito en la fiscalización de las autoridades locales en el Ecuador.
Los aliados de la Revolución Ciudadana han anunciado que se mantendrán vigilantes en las unidades judiciales de Quito. Sostienen que el caso de Aquiles Álvarez es una represalia por sus denuncias sobre supuestos nexos entre el narcotráfico y el poder político. A pesar de estas declaraciones, la justicia se enfoca en el incumplimiento de las medidas de vigilancia y en los indicios de delincuencia organizada que motivaron los allanamientos de esta jornada violenta para la política guayaquileña.
La defensa de Aquiles Álvarez justifica la falta del grillete eléctrónico: “Estaba cargándose como un celular”
La detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ocurrida la madrugada de este martes en el marco del caso Goleada, ha derivado en una controversia técnica sobre el uso del dispositivo de vigilancia electrónica. La Fiscalía General del Estado reportó inicialmente que, al momento del allanamiento, el burgomaestre no portaba el grillete en su tobillo, medida que le fue impuesta previamente por el caso Triple A. Esta omisión encendió las alarmas sobre un posible incumplimiento de las medidas cautelares vigentes.
Sin embargo, tras el arribo de Aquiles Álvarez al Complejo Judicial Norte en Quito, su abogado defensor, Ramiro García, restó importancia al hallazgo y ofreció una explicación doméstica sobre el incidente. García indicó que el dispositivo no estaba colocado simplemente porque se encontraba en proceso de carga eléctrica. Según el jurista, es una práctica común que estos equipos se conecten a la energía durante las horas de descanso, de forma similar a cualquier dispositivo móvil de uso diario.
Defensa descarta peligro de evasión o incumplimiento legal
Al ser consultado por la prensa sobre si esta situación podría derivar en una orden de prisión preventiva por desacato, García fue enfático en negar tal posibilidad. “No existe ningún incumplimiento. Es más, el día de ayer él se presentó a Fiscalía. Las presentaciones periódicas que se ordenaron en el caso denominado Triple A se han cumplido a cabalidad”, manifestó el abogado de Aquiles Álvarez. Para la defensa, no existe ningún riesgo de fuga por parte del funcionario municipal.
El abogado bromeó incluso con la incomodidad técnica del aparato, señalando que “es complicado dormir pegado al enchufe” mientras el grillete recupera su batería. Aseguró que Aquiles Álvarez siempre ha mantenido el dispositivo consigo y que no han existido alertas previas que sugieran una manipulación o intento de retiro del mismo. Esta justificación busca blindar la libertad del alcalde antes de que la justicia penal evalúe su situación legal en la audiencia de cargos.
Cuestionamientos al operativo y la falta de evidencias
Más allá del incidente del grillete, la defensa de Aquiles Álvarez cuestionó la espectacularidad de los allanamientos y la detención de otras 10 personas, incluidos los hermanos del alcalde. García señaló que la Fiscalía no ha encontrado “ni un centavo” de dinero en efectivo en la residencia del burgomaestre, desmintiendo rumores sobre hallazgos comprometedores en su domicilio. El jurista insistió en que su cliente es víctima de un operativo que no se aplica ni a los criminales de alta peligrosidad.
“Nos parece un claro gesto de persecución, un abuso de la justicia penal como mecanismo de persecución al rival político”, sentenció García. El defensor subrayó que, hasta el momento, no han tenido acceso al expediente completo del caso Goleada, por lo que desconocen los cargos específicos de lavado de activos que se imputarían. Para la defensa, la celeridad con la que se actuó contra Aquiles Álvarez contrasta con el “paupérrimo nivel” de la justicia penal en otros casos de corrupción evidente.
Contexto político y la “cortina de humo” judicial
La defensa vinculó directamente esta acción judicial con la crisis interna que atraviesa el Consejo de la Judicatura y el juicio político contra su presidente, Mario Godoy. Ramiro García sugirió que la detención de Aquiles Álvarez funciona como una cortina de humo mediática para tapar denuncias graves sobre supuestos nexos entre operadores judiciales y el narcotráfico. Según el abogado, el momento político influyó decisivamente en la ejecución de los allanamientos realizados esta semana en Guayaquil.
Mientras los simpatizantes de la Revolución Ciudadana se agolpan en las afueras de la judicatura en Quito, la defensa técnica espera la notificación oficial de la audiencia. García reiteró que procesar al alcalde por nuevos delitos sin determinar un ilícito precedente es una acción “tirada de los cabellos”. La expectativa nacional se mantiene sobre cómo la justicia valorará tanto la presunta red de delincuencia organizada como la polémica explicación técnica sobre el uso del dispositivo electrónico de vigilancia. (EL DIARIO)
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