Conozca el diccionario de casos judiciales de Ecuador

En Ecuador, la Fiscalía General del Estado (FGE) asigna denominaciones específicas a los procesos judiciales relacionados con casos de corrupción u otros delitos que afectan la eficiencia de la administración pública. La nomenclatura de cada caso depende de la naturaleza de la investigación que se desarrolla.

Entre los más conocidos están los casos Odebrecht, Encuentro, Metástasis, Goleada y otros. La constante apertura de investigaciones y la evolución irregular de los procesos, hacen que con frecuencia la ciudadanía pierda de vista el origen y los implicados de cada caso.

Cuando se registra un nuevo avance, resulta necesario recordar de qué trata el proceso judicial. Por tal motivo, Ecuavisa elaboró un diccionario con los 50 casos más relevantes de FGE.

Casos de 2026

● Caso Jaque: investigación por presunto delito de delincuencia organizada integrada por varios funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) que habrían operado en conjunto con miembros de los GDO Los Choneros. A cambio de pagos ilícitos, entregaban de manera irregular licencias de conducir, matrículas, permisos de operación, entre otros documentos oficiales. El perjuicio económico ocasionado al Estado supera los USD 3 millones.

Entre los implicados en el crimen figuran el director ejecutivo de la ANT, Pedro Abril; la directora de la Agencia Plataforma Norte, Ximena Carrera; la directora provincial de Pichincha, Emma Aguaya; así como otros servidores públicos.

● Caso Caja Chica: tipificado por el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos, vinculado al financiamiento político irregular. Se investiga el origen de fondos ilícitos que habrían provenido desde Venezuela para la campaña presidencial de 2023 del movimiento Revolución Ciudadana (RC). El proceso actualmente se encuentra en fase penal preliminar.

Los principales involucrados son la excandidata presidencial Luisa González, el excandidato Andrés Arauz, el expresidente Rafael Correa y la abogada Bibian Hernández.

● Caso Goleada: indagación fiscal por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. También constan su hermanos Antonio, presidente de Barcelona Sporting Club (BSC), y Xavier que desempeña como primer director del equipo. La Fiscalía no ha proporcionado mayores detalles sobre la investigación.

Casos de 2025

● Caso Magnicidio FV: investigación judicial orientada a determinar al autor intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023, durante un acto de campaña en Quito. El proceso sigue abierto y busca establecer la estructura de planificación y financiamiento detrás del crimen.

Para la Fiscalía, los presuntos autores mediatos serían Daniel Salcedo, Wilmer Chavarría y los prófugos Xavier Jordán, el asambleísta Rony Aleaga y el exministro José Serrano.

● Caso Ligados: proceso judicial por presunta asociación ilícita contra exintegrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), por la designación irregular de autoridades en puestos estratégicos de organismos de control, con influencia de determinados asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC). La investigación vincula el nombramiento de Raúl González como superintendente de Bancos para el período 2022-2027.

Entre los exvocales implicados figuran Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Nicole Bonifaz, quienes fueron destituidos de sus funciones tras realizar campaña política en las elecciones de 2023 junto a la RC. Además, continúan las investigaciones por el mismo presunto delito para Andrés Arauz y el exsuperintendente de Bancos, González.

● Caso Vidrio Libre: investigación por presunta asociación ilícita relacionada con la manipulación del sistema judicial para lograr la liberación irregular de Jorge Glas, ocurrida el 28 de noviembre de 2022, mediante actuaciones atribuidas a abogados en libre ejercicio. La causa permanece abierta en etapa de instrucción fiscal.

Entre los implicados más relevantes constan el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán; el exfiscal de Santo Domingo, Víctor Hugo Alcívar; y la exjueza de la misma jurisdicción, Anabel Torres.

Terán fue sentenciado años atrás dentro de los procesos denominados Independencia Judicial y Metástasis, mientras que Alcívar también recibió condena en este último.

● Caso Ornato Municipal: proceso judicial por el presunto delito de peculado derivado de adjudicaciones irregulares de obras para el municipio de Pujilí, en la provincia de Cotopaxi, principalmente relacionadas con la adquisición de plantas y elementos ornamentales, desde mayo de 2023. De acuerdo con las indagaciones, el alcalde José Arroyo habría simulado que ciertos trabajos ya ejecutados no lo estaban, con la finalidad de contratarlos nuevamente y desviar fondos públicos.

El principal señalado dentro de la causa, Arroyo, permanece bajo medidas cautelares, mientras el expediente continúa en etapa abierta.

● Casos Peces Dorados: presunto esquema de lavado de activos detectado en compañías del sector pesquero, cuyos recursos habrían sido obtenidos a través de actividades de delincuencia organizada vinculadas al grupo delictivo Los Lobos. Se calcula que aproximadamente USD 17 millones fueron blanqueados e ingresados al Sistema Financiero Nacional entre 2021 y 2024.

Luego de la muerte del principal sospechoso, Leonardo Briones Chiquito, alias “El Mexicano”, señalado como presunto líder de la estructura y fallecido en julio de 2025, la atención fiscal se dirige hacia César Cedeño, alias “Tranza”, y Gabriela Katherine Parrales, accionista y propietaria de la empresa pesquera PezyMar.

Casos de 2024

● Caso Albajuez: la liberación de tres integrantes de la mafia albanesa procesados dentro del caso Pampa, ocurrida en 2024, es el eje de este expediente judicial. Quienes realizaron la excarcelación fueron el juez Lenin Guerra Yánez de la Unidad Judicial del cantón Valencia en Los Ríos, con la intervención del abogado particular Luis Simba y del secretario de la misma dependencia, Douglas Coello.

Actualmente, Guerra permanece prófugo de la justicia, mientras que Simba y Coello fueron sentenciados por el delito de asociación ilícita.

● Caso Triple A: investigación por distribución y comercialización ilegal de hidrocarburos constituye el núcleo de este expediente. Petroecuador habría facturado volúmenes menores a los realmente despachados de combustible subsidiado, los cuales posteriormente fueron comercializados en mercados internacionales. El perjuicio al Estado asciende a USD 61,5 millones, correspondiente a 22,7 millones de galones de diésel y gasolina.

Dentro de la causa figura vinculado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, a través de las comercializadoras Copedesa, Gasgrupco y Fuelcorp S.A., relacionadas con su entorno familiar. El proceso se mantiene abierto.

● Caso Blanqueo JR: los familiares del fallecido líder de Los Choneros, Júnior Roldán, alias JR, son señalados dentro de un entramado por presunto lavado de activos ocurrido entre 2019 y 2024. Las alertas se originan por ingresos injustificados, manejo de recursos de origen ilícito, así como operaciones de compra y venta realizadas en efectivo que alcanzan aproximadamente USD 12,7 millones.

En la causa figura su hijo, Azhael Alexander Roldán sentenciado a 13 años de prisión, junto a otras cuatro personas con pena privativa de libertad.

● Caso Eclipse: el exfuncionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Diego Iván Jácome, junto a integrantes de su entorno familiar, fue vinculado a un esquema de lavado de activos ejecutado mediante el uso indebido del Sistema Financiero Nacional y la simulación de operaciones económicas. Las maniobras se desarrollaron entre 2016 y 2024, período en el que se blanquearon aproximadamente USD 6,1 millones.

Dentro de esta trama, la Fiscalía obtuvo sentencia de diez años de prisión contra Diego Iván y sus hermanos Edgar y Ángel Jácome.

● Caso Euro 2024: un esquema de lavado de activos ejecutado entre 2020 y 2021 fue vinculado al tráfico de drogas entre Ecuador y Europa, con la participación del ciudadano serbio Jezdimir Srdan. El implicado intentó dar apariencia de legalidad a USD 1,7 millones recibidos desde Alemania mediante la compra de bienes y la creación de compañías financiadas en efectivo dentro del país. La Fiscalía indicó que, en total, se movilizaron USD 11 millones de forma ilícita.

Por estos hechos, Srdan fue sentenciado a 10 años de prisión por delincuencia organizada. Además, en 2015 ya había recibido una condena de 17 años y cuatro meses por tráfico de drogas.

● Caso Pampa: una estructura de delincuencia organizada dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, vinculada a la mafia albanesa, operó enviando droga desde Ecuador hacia Europa. Para dar apariencia de legalidad al dinero obtenido, se emplearon empresas fantasma y diversas operaciones financieras irregulares. Los movimientos no justificados alcanzaron aproximadamente USD 31 millones entre 2015 y 2024, recursos que habrían sido utilizados para la adquisición de bienes muebles e inmuebles.

La red criminal estaba liderada por Dritan Gjika, alias “Tony”, quien fue capturado en Emiratos Árabes Unidos y permanece a la espera de extradición, junto al argentino Mario Sánchez, alias “Argentino”, y el ecuatoriano Carlos García, alias “Gerente”.

● Caso Purga: derivado del expediente Metástasis, este entramado reveló una red de delincuencia organizada en la que operadores judiciales y actores políticos favorecieron intereses vinculados al narcotráfico a cambio de beneficios económicos dentro de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Los jueces implicados tenían patrimonios de USD 4,9 millones, 62 propiedades y 14 vehículos.

Dentro de la trama figuraron el exasambleísta del PSC, Pablo Muentes, y la expresidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo, quienes fueron sentenciados a 13 años y 4 meses de prisión.

● Caso Plaga: red de corrupción judicial operó mediante el uso abusivo de acciones constitucionales fraudulentas, articulada por jueces, abogados y policías para conceder libertades ilegítimas a personas privadas de la libertad (PPL) a cambio de dinero o favores.

El abogado Lenin Javier Vimos, identificado como líder de esta estructura, fue sentenciado a 27 meses de prisión por delincuencia organizada, mientras otros funcionarios implicados también recibieron condenas.

● Caso Nene: presunta acusación por oferta de tráfico de influencias que recae sobre Sebastián Barreiro, hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad. Según los señalamientos, habría ofrecido cargos públicos dentro de la Vicepresidencia en 2023 a cambio de una remuneración mensual que se estimaba en alrededor de USD 1 700 por cada puesto de trabajo. El Tribunal de Justicia sentenció a Barreiro con 5 años de prisión.

● Caso Blanqueo Fito: presunta red de lavado de activos vinculada a José Adolfo Macías, alias “Fito”, exlíder del Grupo de Delincuencia Organizada Los Choneros, junto a su círculo familiar cercano. Los capitales habrían sido blanqueados a partir de recursos generados en actividades criminales entre 2016 y 2023.

Macías fue extraditado a Estados Unidos, país donde permanece detenido. Dentro del entorno señalado constan su esposa, Inda Mariela P. T., y su hija, Michelle Jamilet Macías, además de otros allegados vinculados a las operaciones financieras

● Caso Comando Frontera: delito de delincuencia organizada dedicada al tráfico de armas, drogas y lavado de activos vinculado a la estructura delictiva Comandos de la Frontera de Colombia, disidencia de las FARC, con operaciones en la zona limítrofe con Ecuador. Las actividades ilícitas habrían generado y movilizado más de USD 354 millones entre 2015 y 2025, recursos que ingresaron de manera irregular al Sistema Financiero Nacional.

Dentro de la organización se identificó a Roberto Carlos Álvares Vera, alias “Gerente”, señalado como líder del grupo y actualmente recluido en la Cárcel del Encuentro. También fueron relacionados sus hijos, Kerly y Carlos Andrés Álvares, quienes utilizaban sus empresas para canalizar el dinero de la estructura.

● Caso Pantalla: La injerencia indebida en el Concurso Público para la Selección y Designación de Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia de 2023 (proceso que posteriormente fue anulado en enero de 2024) derivó en una causa por asociación ilícita orientada a alterar sus resultados. Los hechos se conocieron tras la difusión de capturas de pantalla de conversaciones entre funcionarios vinculados al proceso.

Por este hecho, el exdirector general de la Judicatura, David Guzmán, junto a los exasesores de la Presidencia, Milton Herrera y Santiago Cifuentes, fueron condenados a seis meses de prisión.

● Caso Amistad: presunto esquema de lavado de activos por USD 18 millones, ejecutado entre 2016 y 2023, fue atribuido a la abogada Bibian Hernández mediante el uso de sus cuentas personales y de compañías constituidas por ella, Asesoramiento Global Integral Abogados (ABBHV), Global Strategy Law BHV y BH-LAF.

Sobre Hernández pesa una orden de prisión preventiva, sin embargo, permanece fuera del país. La denominación del caso alude a la supuesta cercanía de la jurista con la exfiscal Diana Salazar.

Casos de 2023

● Caso Abuso de Garantías: Jueces de la Corte Provincial del Guayas enfrentan cargos por el presunto delito de prevaricato, tras utilizar de forma indebida una acción de protección para disponer al Banco Central del Ecuador (BCE) la liberación de fondos retenidos a varias empresas privadas dentro de un proceso penal.

La intervención fue señalada como una extralimitación y una desnaturalización de las garantías jurisdiccionales. Los magistrados procesados son Lenin Zeballos, Jessy Monroy y Roberto Angulo.

● Caso Encuentro: La Fiscalía integró dentro de esta causa elementos provenientes del expediente León de Troya (vinculado al narcotráfico internacional relacionado con mafias albanesas), al detectar en ambos entramados la obtención de réditos económicos mediante una red de corrupción con influencia en instituciones públicas, principalmente durante el gobierno de Guillermo Lasso entre 2021 y 2023. En estas tramas figuró Danilo Carrera, cuñado del expresidente, que se benefició con USD 8 millones.

Entre las entidades estatales utilizadas para estos fines constataron la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), BanEcuador, el Servicio Nacional de Aduanas y Flopec.

Por estos hechos, Danilo Carrera y Antonio Icaza, exgerente de CNEL, recibieron sentencia por el delito de delincuencia organizada.

● Caso Metástasis: Una estructura de delincuencia organizada articuló vínculos entre funcionarios públicos, operadores de justicia y redes del narcotráfico, particularmente con el fallecido Leandro Norero. A través de pagos ilícitos, los involucrados obtenían impunidad, favores procesales y resoluciones judiciales beneficiosas, con la participación de jueces, fiscales, policías y abogados.

Dentro de esta trama, el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y el exdirector del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), Pablo Ramírez, recibieron sentencias de nueve años y cuatro meses de prisión.

Casos de 2022

● Caso Vocales: una acusación por presunto tráfico de influencias recayó sobre integrantes del Consejo de la Judicatura (CJ), señalados por emplear sus cargos para incidir en decisiones jurídicas. El juicio relacionado con esta causa no registra avances hasta el momento.

Como consecuencia administrativa fueron destituidos de sus funciones públicas los exvocales Maribel Barreno y Juan José Morillo, así como el expresidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhayya.

● Caso China Camc: eliminación de una glosa por USD 22 millones a favor de la empresa China Camc Engineering Co. Ltda., ejecutada entre 2018 y 2021, fue atribuida al excontralor Pablo Celi, quien habría recibido a cambio un beneficio económico de USD 1,3 millones.

Los autores directos del crimen, Pablo Celi y su hermano Esteban Celi, tienen medidas cautelares y se espera un llamado a juicio.

● Caso Independencia Judicial: cometimiento de tráfico de influencias y obstrucción de la justicia contra los exfuncionarios del Consejo de la Judicatura (CJ), Maribel Barreno y Juan José Morillo, por la destitución ilegal del juez nacional Walter Macías, quien estaba a cargo del Caso Vocales, con la finalidad de frenar ese proceso legal, en el cual los propios exfuncionarios aparecían como sospechosos.

Se dicta sentencia de nueve años y cuatro meses al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y a los exvocales Barreno y Morillo.

Casos de 2021

● Caso PipMaster: proceso judicial por lavado de activos y captación ilegal de dinero por más de USD 41 millones a través de la compañía PipMaster Cía. Ltda. y sus representantes.

La Fiscalía investigó al fundador de PipMaster, Cristhian Jumbo, y a su esposa, Natalia González, por su participación en esta estructura financiera. Hasta febrero de 2026, el tribunal no ha podido dictar sentencia dentro de la causa.

● Caso ISSPOL: trata de un desfalco al fondo de pensiones de la Policía por operaciones bursátiles irregulares en la compra y venta de bonos de deuda con empresas privadas, principalmente con IBcorp Investments, entre 2014 y 2019.

Funcionarios e intermediarios financieros realizaron transacciones fraudulentas, con bonos sobrevalorados y sin respaldo, para desviar recursos. El perjuicio al Estado bordea los USD 950 millones.

Entre los principales implicados están el exdirector de Riesgos, John Luzuriaga, y el operador financiero Jorge Chérrez, quien lo sobornaba. Luzuriaga fue condenado en Florida, EE. UU., a 58 meses de prisión.

● Caso Sebastián Yunda: investigación por una posible asociación ilícita de Sebastián Yunda durante la administración municipal de Quito de su padre, Jorge Yunda, entre 2019 y 2021, al supuestamente aprovechar conexiones dentro del Municipio capitalino para realizar negocios y obtener beneficios económicos.

Entre los principales implicados estuvieron Sebastián Yunda y su tío César Eduardo Yunda, quienes finalmente fueron declarados inocentes.

● Caso Las Torres: trama de delincuencia organizada que operó entre 2017 y 2020, en la que se exigían pagos indebidos a cambio del desvanecimiento de glosas de hasta USD 666 millones y obligaban a la liberación de pagos relacionados con contratos suscritos entre Petroecuador y la empresa Nolimit S. A.

Por estos hechos fueron sentenciados el excontralor Pablo Celi a 13 años de prisión; su sobrino, Raúl de la Torre, detenido en Estados Unidos tras portar USD 250 mil de origen ilícito; y el exgerente de Petroecuador, Pablo Flores.

● Caso Celu: investigación por tráfico de influencias en la Contraloría General del Estado debido a irregularidades en el desvanecimiento de una glosa por USD 111 millones contra la operadora de telefonía Claro (Compañía Conecel), ocurridas entre 2017 y 2020.

Entre los involucrados figuran el excontralor del Estado, Pablo Celi, y el exfuncionario de la Dirección de Responsabilidades de la Contraloría, Luis Miño. El proceso se encuentra pendiente de la audiencia preparatoria de juicio.

Casos de 2020

● Caso Hospital de Pedernales: delincuencia organizada y lavado de activos vinculada a la adjudicación del contrato para la construcción del Hospital de Pedernales en 2019, que se habría concretado mediante sobornos y el manejo ilícito de anticipos. El perjuicio económico al Estado superó los USD 8 millones.

Los primordiales implicados fueron el exdirector del extinto Servicio de Contratación de Obras (Secob), Edmundo Tamayo, el exasambleísta de Manabí Daniel Mendoza y su asesor Jean Carlos Benavides.

● Caso Kits de Alimentos SNGR: tráfico de influencias en el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo y Emergencia (SNGR) por la inobservancia legal del proceso de adquisición de 7 000 kits con sobreprecio en 2020, durante la pandemia del COVID-19. El valor adicional por cada kit fue de USD 65,03 y el caso continúa en tramitación.

La entonces directora del SNGR, María Alexandra Ocles, y el subsecretario de Preparación, César Egas, estuvieron vinculados al proceso, este último recomendó adjudicar el contrato a Fulton Camacho.

● Caso Pruebas Covid-19 Agentes AMT: se destapó una red de delincuencia organizada en la que agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) obtuvieron beneficios económicos mediante la comercialización irregular de 21 mil pruebas de Covid-19 y cientos de mascarillas en 2020, en medio de la emergencia sanitaria. El perjuicio económico al Estado fue de USD 2,5 millones.

En el proceso fueron acusados el expresidente de la República, Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo Bucaram, junto a varios exfuncionarios vinculados a la AMT. El caso sigue abierto.

● Caso Helicópteros Dhruv: se indagó un posible peculado por supuestas anomalías en la adquisición de siete helicópteros Dhruv en 2008 para la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). Con el tiempo, varias de estas aeronaves sufrieron accidentes, lo que despertó dudas sobre sus condiciones técnicas y su seguridad operativa. La causa fue archivada luego de establecer que no hubo afectación económica para el Estado, ya que los montos fueron recuperados a través de pólizas de seguro.

En el caso estuvieron vinculados los exministros de Defensa Javier Ponce y Wellington Sandoval, además de oficiales de alto rango de la FAE.

● Caso Pruebas PCR Municipio de Quito: surgió tras los cuestionamientos por la compra de 100 mil pruebas PCR para la detección de Covid-19 realizada en 2020 por la Secretaría de Salud del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. La adquisición, que alcanzó los USD 4 200 000, fue observada porque los insumos no habrían cumplido con las especificaciones técnicas exigidas. Se estimó que el perjuicio al Municipio fue de USD 2,2 millones.

En la causa se procesó a 14 personas, entre ellas el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, quien fue declarado inocente por falta de pruebas dentro del proceso judicial.

● Caso Mascarillas: presunto sobreprecio en la contratación de insumos médicos por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), durante la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, derivó en un proceso por posible peculado y asociación ilícita. Entre las irregularidades señaladas figura la adquisición de mascarillas N95 a USD 12 por unidad, cuando en el mercado su costo oscilaba entre USD 4 y 5, además de otros artículos cuya compra elevó el monto total a más de USD 9 millones.

Tras conocerse los hechos, el entonces director del IESS, Miguel Ángel Loja, renunció a su cargo. En paralelo, la empresa proveedora ALMANTOP S.A. fue sometida a acciones judiciales por defraudación tributaria al Estado.

Casos de 2019

● Caso Bloque Singue: la Contraloría General del Estado detectó peculado en la licitación y adjudicación del campo petrolero del Bloque Singue, en Sucumbíos, en 2012. El perjuicio económico para el Estado ascendió a USD 28 479 889. En 2022 se declaró la nulidad procesal del caso.

Entre los señalados estuvieron el exvicepresidente Jorge Glas, quien cumple sentencia en otros casos, y el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli.

● Caso Ola B: el informático sueco Ola Bini, colaborador de Julian Assange, fue declarado culpable por acceso no autorizado a los sistemas de la estatal Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), con el objetivo de obtener información digital de las plataformas de Petroecuador y de la antigua Secretaría Nacional de Inteligencia.

● Caso Sobornos: se configuró un delito de cohecho derivado de aportes irregulares de contratistas a altos funcionarios durante el gobierno de Rafael Correa, entre 2012 y 2016, a cambio de la adjudicación de contratos estatales. Se estima que al menos USD 11,6 millones fueron destinados al antiguo movimiento político Alianza PAIS.

Entre los implicados más destacados se encuentran Rafael Correa, quien permanece en Bélgica, y el exvicepresidente Jorge Glas, ambos sentenciados a ocho años de prisión.

Casos de 2018

● Caso Caminito: se registró un delito de peculado por el uso indebido de fondos públicos de la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) en 2013. El hurto al Estado fue USD 162 546.

El entonces secretario de Inteligencia, Pablo Romero, fue considerado responsable del crimen, junto a su exasesora Cecilia Santillán y otros coordinadores de la secretaría.

● Caso Senagua: delito de peculado durante la gestión de Walter Solís como Secretario Nacional del Agua, por el pago fraudulento de un acta de mediación con fondos públicos solicitados al Ministerio de Finanzas entre 2012 y 2013. El perjuicio al Estado ascendió a aproximadamente USD 2 450 000.

Solís y el excoordinador jurídico Marcos Rodas fueron sentenciados a ocho años de prisión; sin embargo, Solís permanece como refugiado en México y no cumple la pena.

● Caso María Alejandra V.: se investigó un delito de concusión cometido por la entonces asambleísta y actual vicepresidenta María Alejandra Vicuña, quien exigía cobros irregulares a uno de sus asistentes entre 2011 y 2013. Los pagos, que oscilaron entre USD 300 y USD 1 400, eran presentados como aportes obligatorios al movimiento político Alianza Bolivariana Alfarista (ABA).

Vicuña no estuvo en la cárcel, en su lugar cumplió condiciones como el pago de reparación a los afectados.

Casos de 2017

● Caso Diacelec: se originó a partir del Caso Odebrecht y se centró en lavado de activos, mediante operaciones de las empresas Diacelec S.A. y Conacero S.A., que trasladaron dinero ilícito desde Panamá entre 2010 y 2017 para pagar a funcionarios ecuatorianos inmiscuidos. El perjuicio al Estado ascendió a USD 14 602 238,49.

El accionista principal de Diacelec, Edgar Arias, fue sentenciado como autor directo del caso, junto a sus colaboradores Juan B. y Gladis A.

● Caso María Sol L.: se investigó a María Sol Larrea, exfuncionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), por inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales al adquirir dos inmuebles. Además, se analizaron otros posibles ilícitos cometidos por ella, como sobreprecio en la compra de equipos médicos y adquisición irregular de medicamentos.

María Sol Larrea y su esposo, Marcelo Espín, recibieron sentencia por estos hechos.

Casos de 2016

● Caso Odebrecht: funcionarios públicos que recibieron sobornos millonarios de hasta de USD 33,5 millones de la constructora brasileña Odebrecht entre 2003 y 2016, con el fin de adjudicar proyectos estatales en Ecuador.

Entre los implicados más destacados se encuentran el excontralor Carlos Pólit, condenado en Estados Unidos a 10 años de prisión; el exvicepresidente Jorge Glas, condenado a seis años; y el exministro de Electricidad Alecksey Mosquera.

● Caso Petroecuador: se detectó que funcionarios de la petrolera estatal recibieron sobornos y aplicaron sobreprecios entre 2008 y 2017 a cambio de adjudicar contratos y ventas anticipadas de petróleo, especialmente vinculados a la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas. El perjuicio al Estado fue de al menos USD 800 millones.

Los implicados fueron el exgerente de Refinación y exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli; el exgerente de Petroecuador, Alex Bravo; y el exgerente de Comercio Internacional, Nielsen Arias.

● Caso Sinohydro: vinculado con el antiguo caso INA Papers. Investigación por presunto cohecho al expresidente Lenín Moreno y su círculo familiar por recibir sobornos entre 2010 y 2019, relacionados con la adjudicación del contrato de construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair a la empresa Sinohydro.

Se estimó que los pagos indebidos alcanzaron USD 76 millones para Moreno y USD 660 mil distribuidos entre seis miembros de su familia. En 2026, todavía no hay sentencia fija.

● Caso Reconstrucción de Manabí: durante la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, tras el terremoto de 2016, se desvió fondos públicos, generando un perjuicio al Estado de USD 225 millones. Los fondos, que debían destinarse a obras prioritarias para atender la emergencia y recuperar infraestructura esencial, fueron utilizados en proyectos de menor relevancia.

Por estos hechos, Jorge Glas y el exsecretario del Comité de Reconstrucción, Carlos Bernal, fueron sentenciados a 13 años de prisión. (ECUAVISA)