¿Por qué somos tan inestables?

La historia política de América Latina es una larga crónica de agitaciones, estallidos y frustraciones. Parvas de libros y artículos desde diversas visiones, han intentado explicar el desencanto, y el poquísimo arraigo de las débiles instituciones, o la precaria cultura de legalidad que prevalece en Latinoamérica. Resbalamos dando las mismas vueltas. De tumbo en tumbo. ¿El eterno círculo vicioso?  En los años setenta del siglo XX, las dictaduras proliferaban. Venezuela, Colombia y Costa Rica eran una excepción. Ahora Venezuela está en proceso de escapar de las llamas del infierno en el que cayó. Colombia, sacudida con un presidente zurdo y aturdido entre alucinaciones y la deriva de su enajenación.

¿Cuáles han sido los países menos convulsivos? Quizá Costa Rica, en menor grado, Chile que soportó una dura dictadura, algo parecido en Uruguay; o, México, que pasó por una estampida de caudillismo, hacia la «dictadura perfecta», en expresión de Mario Vargas Llosa. Ahora detenida en el populismo. En los últimos días, los focos se han encaminado hacia el vecino del sur.  En diez años, la República del Perú ha tenido diez presidentes de la República. Y en medio de una década de alteraciones y agitación legislativa, el suicidio del ex presidente Alán García, el 17 de abril de 2019.

¿Quiénes forman parte de la hilera de gobernantes en la última década de la política peruana?: 1) Ollanta Humala, quien sucedió en el ejercicio presidencial a Alán García. Humala y su esposa, procesados y condenados a 15 años de prisión por lavado de activos agravado, 2) Pedro Pablo Kuczynski, quien permaneció en el poder 601 días, y renunció ante la presión de la vacancia. 3) Martín Vizcarra, con 995 de ejercicio y fue vacado. 4) Mercedes Araos fue presidenta por escasas horas, luego de juramentar ante el Congreso como «presidenta en funciones» 5) Manuel Merino, por 5 días, forzado por una encendida protesta social.

6) Francisco Sagasti, presidente interino con 254 días de permanencia. Su calamitosa gestión aplanó la vía de acceso a Pedro Castillo, el séptimo presidente, que permaneció un año con 132 días, entre reveses, gabinetes fugaces, investigaciones penales y   un golpe de Estado frustrado. 8)  Dina Boluarte, con 1034 días en el poder, vacada por corrupción. 9) José Jerí Oré, con cuatro meses en el cargo, enredado en reuniones opacas y negocios chinos; y, para colmo, retribuyendo a sus allegadas con gratificantes contratos y funciones públicas, fue vacado por el Congreso; y, 10)   José María Balcazar, de larga carrera política y controvertidas declaraciones. El país vecino tendrá la elección presidencial el próximo 12 de abril.

¿Quién da la talla? Se preguntan en Perú. «Anarquía perfecta», describe un analista. Lo cierto es que la cultura cuenta en la política. El respeto a las reglas y los procedimientos. Degrada el acomodo prebendario como medio y fin. La ausencia de ética. El sistema político peruano es un combinado de presidencialismo y parlamentarismo.  Pero, cabe preguntarse: ¿Por qué semejante inestabilidad política no quiebra la estabilidad económica?

¿Por qué somos tan inestables? (II)

Si diez presidentes han desfilado en el Perú en los últimos diez años, una pregunta brota por tan pavorosa inestabilidad política: ¿cómo se explica que éste fenómeno no haya quebrado la estabilidad económica? Los presidentes han sido vacados o destituidos, conforme preceptos contenidos en su constitución. Este no es el momento para abordar los detalles políticos. Perú, comparado con Ecuador, tiene instituciones menos débiles. Su justicia es menos podrida que la nuestra. La ventaja que tiene está en su constitución.

Mientras la Constitución de Montecristi responde al modelo de Estado concentrador y autoritario del populismo chavista, cuyo origen fue ilegitimo por la destitución de los 57 diputados, ignora intencionalmente el principio de pluralidad en la economía, así como la inevitabilidad del mercado; la Constitución de la República del Perú (1993), legitimada en un Referéndum aprobatorio, en pocos artículos acerca del régimen económico, declara una economía social de mercado, donde la iniciativa privada es libre.

El rol económico del Estado es garantizar la libertad de trabajo y la libertad de empresa. El Estado reconoce el pluralismo económico que se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Sólo por ley expresa, el Estado puede subsidiariamente emprender en actividades empresariales. Lo público y lo privado reciben el mismo tratamiento legal. Hay libre competencia. Libertad para contratar. Tanto la inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones.

En pocos artículos configura una economía con libertad para la inversión y el trabajo. A tono con la absoluta mayoría de las naciones, garantiza el arbitraje nacional o extranjero, otorgando un marco de seguridad para la inversión. De todos estos elementos esenciales de la economía, carece la constitución del socialismo del siglo XXI que nos clavó el correísmo. La Carta Política peruana dispensa un valioso blindaje a la economía, indemne a las convulsiones de la descomposición política.

Mientras el régimen autoritario ecuatoriano (2007-2017), erigió un sistema estatista improductivo, dispendioso, ineficiente, prebendario y corrupto, Perú tuvo la lucides de entender por dónde se encaminan las economías sanas de las sociedades modernas. Mientras acá se vulneró la autonomía del Banco Central, y se chuparon todos los fondos y todas las reservas, el sistema monetario peruano está bajo el rígido control del Banco Central de Reserva, manejado con autonomía, control y estabilidad monetaria. Quien preside el directorio está mas de veinte años al frente de una institución respetada por todos.

Perú, a pesar de sus ásperos sucesos de inestabilidad política, tiene una economía sólida, donde la inversión extranjera cuenta con un marco de confianza y seguridad. La certidumbre radica en reglas claras de libertad y una economía abierta. Ecuador está estancado en una extrema rigidez constitucional, con más candidatos que tuvo la constitución pinochetista. La Constitución de Montecristi está envejecida y rebasada por la realidad. Es el mayor obstáculo y freno para que podamos avanzar. Lo que se agrava por minorías encadenadas al vetusto ideologismo estatista que no funciona en ninguna sociedad libre. por: RAMIRO RIVERA