Quito (Pichincha).- Con base en los elementos presentados por Fiscalía, el Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado del caso dictó prisión preventiva para Yin J., Guo H., Mei N., Kimberly S., María J., Romel M. y Christian S., por su presunta participación en el delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
Durante la madrugada del miércoles 4 de marzo, Fiscalía, con el apoyo de la Policía Nacional, ejecutó varios allanamientos en la ciudad de Quito y en el cantón Bolívar, provincia de Carchi. En el operativo se logró la aprehensión de seis personas relacionadas con el hecho investigado. Una séptima fue localizada en horas de la tarde, tras la ejecución de varias labores de ubicación.
En la operación acompañaron equipos especializados de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador y la organización Our Rescue.
Durante los allanamientos se encontraron dispositivos celulares, documentos de identificación, pasaportes y un vehículo tipo furgoneta que, presuntamente, habría sido utilizado para movilizar a algunas de las víctimas.
La investigación de Fiscalía se sustenta en un informe del Ministerio del Interior, en el que se da cuenta de la captación de varias personas mediante el ofrecimiento de plazas de trabajo en Tailandia. Según las versiones de las víctimas que lograron regresar a Ecuador, en algún punto del viaje se les despojaba de sus pasaportes y eran trasladadas a Camboya, donde eran sometidas a jornadas laborales superiores a doce horas diarias. Además, señalaron que las labores en los call center estaban vinculadas con redes de extorsión.
Se conoce que cuatro víctimas que escaparon de la red lograron regresar al país. Sin embargo, otras nueve personas —a quienes los antisociales habrían retirado sus pasaportes y documentos de identificación— lograron huir de sus captores y permanecen en Camboya. Fiscalía articula acciones con las autoridades competentes para facilitar el retorno de los compatriotas.
Durante la audiencia de formulación de cargos y calificación de flagrancia, el agente fiscal de la Unidad Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional No. 9 presentó como elementos de convicción las versiones de cuatro víctimas y de un familiar de otra más, el informe del Ministerio del Interior, el informe de seguimientos y vigilancias, así como el informe de entorno social y la valoración psicológica de las víctimas.
La instrucción fiscal de este caso tendrá una duración de noventa días.
Información jurídica
Fiscalía procesa este caso por el presunto delito de trata de personas, tipificado en el artículo 91 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuya sanción es de dieciséis a diecinueve años de privación de libertad. (FGE)

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