Guayaquil (Guayas), 20 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado procesa a seis personas por su presunta participación en el delito de asociación ilícita para la sustracción, transporte y comercialización ilegal de combustible.
Las detenciones se ejecutaron la madrugada del 19 de marzo, durante operativos y allanamientos en la parroquia Pascuales y en los cantones Guayaquil y Jujan.
La investigación, iniciada en febrero de 2025 a partir de información de la Unidad Nacional de Investigaciones de Delitos Hidrocarburíferos (UDIH), identificó un esquema delictivo que operaba mediante perforaciones clandestinas al poliducto de transporte de productos limpios de la empresa pública Petroecuador.
El combustible sustraído era transportado en autotanques con guías de remisión adulteradas y distribuido en estaciones de servicio de Guayaquil, Durán, Samborondón y otras localidades. El perjuicio económico al Estado se estima en aproximadamente nueve millones de dólares.
Durante los allanamientos se levantaron como indicios cuatro vehículos tanqueros, cerca de diez mil galones de combustible, motobombas, equipos tecnológicos y dispositivos móviles, los cuales fueron ingresados en cadena de custodia.
En la audiencia de formulación de cargos, el Fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada Transnacional (Fedoti) expuso los elementos de convicción, entre ellos informes policiales, versiones de los agentes, informes de interceptaciones telefónicas, reportes de seguimiento y vigilancia, y documentación emitida por Petroecuador.
El Juez de Garantías Penales dictó prisión preventiva para Dastin Aldair M. M., Luis Antonio L. R., Joffre Rolando B. C., Máximo Luciano L. B. y Marlon Ariel M. M., mientras que para Danny Darwin G. C. dispuso medidas cautelares, como la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la autoridad.
El plazo de instrucción fiscal será de noventa días.
Información jurídica
Fiscalía procesa este caso con base en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de asociación ilícita con pena privativa de libertad de tres a cinco años. (FGE)
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