La Fiscalía General del Estado vinculó oficialmente a seis personas jurídicas por el presunto delito de lavado de activos, en el marco del denominado caso Emporio Presidiario. La causa se sigue, además, contra nueve personas naturales, detenidas el pasado 20 de marzo, entre ellos dos policías.
En la lista de las empresas consta Lafattoria S.A., que hasta 2024 fue proveedora de la alimentación del sistema carcelario y cuyos representantes, según el Ministro del Interior, John Reimberg, tendrían vínculos comerciales con la agrupación criminal Los Choneros.
En la audiencia de vinculación, la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos presentó como elementos de convicción el reporte de operaciones inusuales e injustificadas remitido por la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), además de documentación del Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Superintendencia de Compañías.
Las empresas vinculadas son:
- Provisión de Alimentos S.A. (PROVISALI)
- Lafattoria S.A.
- Asesoría Empresarial RIASEM S.A.
- Industria Ecuatoriana de Leche (ECUALECHERA S.A.)
- ACERINOX S.A.
- NOVACOCINA
El congelamiento de cuentas se ordenó para todas, excepto NOVACOCINA. Según las autoridades, Lafattoria abusó de una figura de contratación pública llamada convenio de pago para renovar y extender su contrato original.
Sobre el principal accionista de Lafattoria, Richard Villagrán, el director de la UAFE, José Julio Neira, aseguró en una entrevista que estaría viviendo en España. La autoridad aseguró que será un proceso que la Fiscalía deberá trabajar con el gobierno español para solicitar su extradición.
La defensa de las empresas prefirió no emitir un pronunciamiento. (ECUAVISA)
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