Guayaquil (Guayas), 08 de abril de 2026.- La Fiscalía General del Estado procesa a Carlos L. P. y Anthony R. B. por el delito de asesinato, tras su presunta participación en la muerte de tres personas, en las afueras de un complejo deportivo ubicado en la avenida 25 de Julio, en el sur de Guayaquil. El ataque dejó, además, seis personas heridas.
Según el parte informativo y de aprehensión de la Policía Nacional, una alerta del ECU 9-1-1, emitida la noche del domingo 5 de abril, reportó un tiroteo en las inmediaciones del complejo deportivo, minutos antes del cierre de atención al público.
De acuerdo con las primeras diligencias, varios sujetos a bordo de dos vehículos habrían llegado al área de parqueo, donde dispararon contra dos personas que conversaban con otras. En la huida, habrían efectuado disparos indiscriminados contra quienes se encontraban en el lugar.
Tras el ataque, los agresores huyeron por la avenida 25 de Julio en sentido norte. Los vehículos utilizados fueron monitoreados mediante cámaras de seguridad de la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad (Segura EP). Uno de ellos fue ubicado en el sector de Las Casas Colectivas, en las calles Carchi y Francisco de Marcos, donde, tras un allanamiento, se aprehendió a uno de los sospechosos.
Horas después, el segundo vehículo fue localizado en el sector de La Floresta, cuyo conductor prestaba servicios de taxi ejecutivo. Ninguno de los aprehendidos habría justificado su presencia en el hecho investigado.
En el lugar del tiroteo, el Fiscal de turno, junto con personal de la Dinased y Criminalística de la Policía Nacional, levantó indicios balísticos: once vainas percutidas de calibres 9 mm, 5.56 y 3.80. Además, se llevó a cabo el levantamiento de cadáveres y se receptaron versiones preliminares de testigos.
En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el Fiscal de turno presentó los elementos de convicción recabados, entre ellos el parte informativo y de aprehensión, las versiones de los agentes aprehensores y el acta de levantamiento de cadáveres.
Asimismo, se incorporaron evidencias ingresadas en cadena de custodia durante el allanamiento, como nueve teléfonos celulares, indumentaria presuntamente utilizada por uno de los procesados y los dos vehículos involucrados, uno de ellos reportado como robado, entre otros indicios.
El Juez de Garantías Penales de turno acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para los procesados. La instrucción fiscal tendrá una duración de treinta días.
Información jurídica
Fiscalía procesa el caso con base en el artículo 140, numerales 2 y 9, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de asesinato con pena privativa de libertad de veintiséis a treinta años. (FGE)
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