Quito (Pichincha), 10 de septiembre de 2025.- La Fiscalía General del Estado, a través de su Unidad Especializada en Antilavado de Activos No. 5, inició un proceso penal contra quince personas naturales y cinco jurídicas por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
Las detenciones se efectuaron en un operativo liderado por la Institución y ejecutado con el apoyo de la Policía Nacional en varias provincias del país, durante la madrugada y la mañana del 9 de septiembre.
Luego de haber analizado los elementos de convicción presentados en la audiencia de formulación de cargos, un Juez Garantías Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado acogió el pedido del Fiscal del caso y dictó prisión preventiva para: Kerly Dayani A., Carlos Andrés A., Juan Carlos Ch., Eysten Geobani S., Mónica Lucía C., Aldair Alfredo O., Josué Alfredo M., Johanna Maricela V., Stalyn Fernando J., José Álvaro C., Gabriel Marcelo G., Wilman Danilo V., Leonardo Lenin A., Roberto Carlos Ch. y Mentor Segundo A.
Además, ordenó la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles y la inmovilización de fondos que los procesados tengan en el Sistema Financiero Nacional.
Para las personas jurídicas Industria Agrícola Ganadera Kaeri S. A., Alvial-Corp S. A. S., Constructora Inmob Cia. Ltda., Compañía de Transportes de Carga Pesada “TransChul” S. A. y EcuaBodegas S. A. S., dispuso la suspensión temporal de actividades.
El Magistrado emitió su decisión al concluir una audiencia que se extendió por más de diez horas, en la que también señaló el inicio de la instrucción fiscal de noventa días.
Investigación
Fiscalía explicó que la investigación inició en noviembre de 2024, a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). El análisis preliminar permitió identificar un grupo de personas y empresas que serían parte de la estructura criminal “Comandos de la Frontera”, dedicada al tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, armas y crímenes contra la vida, además del lavado de activos.
De forma preliminar, se determinó que el dinero ingresado irregularmente al Sistema Financiero Nacional, junto con bienes muebles e inmuebles adquiridos con fondos presuntamente ilícitos, supera 354 millones de dólares durante el periodo 2015 y 2025.
Con este antecedente, Fiscalía organizó un operativo que contó con casi un centenar de funcionarios, apoyados por equipos especializados de la Policía Nacional. Se ejecutaron sesenta y dos allanamientos en Tungurahua, Cotopaxi, Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos, Orellana, Pichincha y Esmeraldas, lo que permitió la detención de quince personas y el levantamiento de evidencias, incluyendo dinero en efectivo, computadores, armas y documentos.
Formulación de cargos
En la audiencia de formulación de cargos se presentaron como principales elementos de convicción los reportes de UAFE y el Servicio de Rentas Internas (SRI) que evidenciaron diferencias entre los ingresos reportados y los detectados en el Sistema Financiero Nacional. A ello se suma documentación remitida por instituciones financieras, registros de la Propiedad de varios cantones, Agencia Nacional de Tránsito, Superintendencia de Compañías, direcciones de avalúos y catastros, y notarías.
Información jurídica
Fiscalía basó su imputación en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica y sanciona el delito de lavado de activos. (FGE)
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