Pese a ser una de las provincias menos pobladas del país, su consumo de diésel cuadruplica la media nacional. Rutas clandestinas, bocaminas ilegales y mafias organizadas operan entre la selva y la frontera con Perú.
La provincia de Zamora Chinchipe tiene apenas 111 mil habitantes y en sus calles se refleja esa realidad. Avenidas con poco movimiento vehicular, algunas lucen casi vacías.
Sin embargo el consumo de combustible es alarmante: la media nacional por vehículo es de 190 galones al mes, aquí el promedio alcanza 741 galones mensuales, casi cuatro veces más.
En apenas 70 kilómetros entre los cantones de Zamora y Yantzaza se cuentan 12 gasolineras cuando debería existir la mitad.
La provincia tiene un cupo asignado de 3 724 000 galones de diésel que se consume en su totalidad a pesar de ser la segunda provincia menos poblada del país después de Galápagos.
Según reportes militares, el combustible llega en canecas improvisadas, sin documentación, por tres rutas clandestinas que trepan la montaña no solo para la minería ilegal, también para el contrabando hacia Perú.
Los uniformados hablan de presencia de extranjeros colombianos, venezolanos, peruanos.
Al moverse a Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, la escena cambia de lugar pero no de fondo. Las bocaminas clandestinas son fábricas donde nada funciona sin diésel.
Una mina pequeña, que no figura en catastros porque no tiene permisos, requiere unos cuatro generadores para sostener ventiladores, miles de metros de cable para dar luz al hueco excavado, bombas de succión y plantas de procesamiento que consumen hasta 14 mil galones de combustible al mes pero hay otras minas ilegales.
Una mina a cielo abierto requiere al menos tres maquinarias que consumen, en promedio, 13 000 galones de diésel al mes. Están ubicadas en zonas de difícil acceso por eso la fuerza públicas las destruye para evitar que las vuelvan a utilizar.
El ARCOM, que es la Agencia de Regulación y Control Minero, ordena la destrucción de bocaminas sin permiso. En 2025 se inhabilitaron 24 bocaminas y 19 maquinarias. Además se decomisaron 7 722 litros de diésel.
“Hacen un traspaso de hormiga en camionetas 4X4 y que van llegando a estos lugares donde se encuentra la minería ilegal. Ellos también tienen su personal de inteligencia, personal que anda en motos y que ellos también les informan dónde está la presencia militar”, explica Rodrigo Peñaherrera, comandante Brigada Infantería El Oro
Pero destruir una retroexcavadora es solo un capítulo, la cadena logística ilegal que trae el combustible sigue intacta.
Con la eliminación del subsidio al diésel las mafias de la minería compran combustible robado a USD 1,60 que realmente cuesta USD 2,80.
Detrás están los grupos criminales que organizan la logística como son los Lobos, Tiguerones, Choneros y Gánsters que coordinan la cadena desde la extracción hasta las minas y fronteras. (ECUAVISA)
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