Ambato (Tungurahua), 06 de octubre de 2025.- La Fiscalía General del Estado obtuvo sentencia condenatoria de siete años contra Kleifer Manuel B. R., quien fue sentenciado por el Tribunal de Garantías Penales que conoció el caso como autor directo del delito de extorsión.
El fallo también establece el pago de una multa equivalente a cuarenta salarios básicos unificados y, como medida de reparación integral, el sentenciado deberá pagar 5.000 dólares a favor de la víctima.
En su alegato de apertura, la Fiscal del caso relató que los hechos se registraron en enero de 2025, cuando la víctima comenzó a recibir mensajes intimidatorios y amenazas de muerte a través de WhatsApp. Los extorsionadores exigían grandes sumas de dinero bajo amenaza de atentar contra su vida, la de su familia y sus bienes.
Ante el temor y al constatar que tenían información personal suya y de su familia, la víctima hizo varios depósitos bancarios por un valor aproximado de 4.000 dólares, hasta que Kleifer Manuel B. R. le solicitó 150.000 dólares.
El 24 de enero de 2025, en los exteriores de la Universidad Técnica de Ambato, la víctima entregó un sobre con dinero al ahora sentenciado. En ese momento, fue aprehendido en delito flagrante por agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros y Extorsión (Unase) y del Grupo de Operaciones Especiales (GOE).
Durante la audiencia de juicio, Fiscalía presentó como pruebas: el testimonio anticipado de la víctima, el parte policial de aprehensión, los informes periciales sobre telefonía móvil, las actas de evidencias y grabaciones que demostraron la participación directa del procesado en la recepción del dinero y las amenazas.
Información jurídica
El delito de extorsión está tipificado en el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP): “La persona que, mediante amenazas, intimidación o violencia, obligue a otra a realizar, tolerar u omitir un acto o negocio jurídico con el propósito de obtener un provecho económico indebido, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Si el hecho se cometiere en contra de un funcionario público, autoridad o con el concurso de varias personas, la pena será de siete a diez años.” (FGE)
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