Quito, (Pichincha), 21 de noviembre de 2025.- La Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad Especializada de Lavado de Activos No. 1, obtuvo una sentencia condenatoria contra cuatro personas naturales y tres jurídicas –incluido un ciudadano serbio– por su participación en un esquema de lavado de activos cuyo origen se vincula a actividades de narcotráfico.
Con voto de mayoría, el Tribunal Anticorrupción impuso diez años de pena privativa de libertad para Jezdimir S., Alexandra Dominga F. O., Wilson Andrés M. F. y Karen Nathaly A. H., como autores directos del delito.
La decisión oral también se extendió a las empresas Vivo Pro Vobis S. A., Servi Seguridad Serviseg Cía. Ltda. y Bomcamarao S. A., para las cuales se dispuso la disolución y liquidación, al haberse demostrado que fueron utilizadas para canalizar, ocultar o aparentar el origen lícito del dinero ilícito.
Adicionalmente, se ordenó el comiso de bienes muebles e inmuebles, vehículos blindados, maquinaria pesada, equipos electrónicos y otras propiedades vinculadas a la actividad ilícita.
Durante la audiencia de juicio, Fiscalía demostró su teoría del caso con base en setenta y seis pruebas testimoniales y 176 pruebas documentales, entre ellas pericias financieras, contables e informáticas; asistencias penales internacionales; reportes bancarios; y abundante documentación societaria. Con ello se estableció que los procesados integraron una estructura destinada a ocultar y legitimar capitales provenientes del tráfico ilícito de drogas mediante la utilización de empresas, transferencias internacionales, adquisición de bienes y maniobras societarias irregulares.
Según la investigación, entre 2021 y 2023, el ciudadano serbio Jezdimir S. y su esposa, Alexandra Dominga F. O., habrían recibido desde Alemania más de 1,3 millones de dólares a través de la compañía Jezdimir Fernández S. A. –posteriormente denominada Vivo Pro Vobis–, dinero que fue usado para capitalizar empresas en Ecuador y dar apariencia de licitud a activos ilícitos.
Parte de esos recursos se destinó a la adquisición de ochenta y nueve hectáreas de predios rurales, maquinaria pesada y a la construcción y puesta en marcha de una camaronera. Asimismo, se evidenció la compra de vehículos blindados, bienes de lujo y otros activos sin sustento económico.
Boncamarao S. A., representada por Wilson M., operó como una empresa “de papel”, utilizada para simular transacciones de compraventa de terrenos cuyo valor no coincidía con lo declarado, mecanismo empleado para justificar ingresos inexistentes.
Por su parte, Servi Seguridad Cía. Ltda. permitió que Jezdimir S. accediera a armamento, frecuencias radiales y permisos, herramientas utilizadas para la continuidad de su actividad delictiva.
Con base en la información bancaria, societaria, financiera e inmobiliaria presentada en juicio, Fiscalía estableció que el monto del lavado de activos –incluido el dinero ilícito y sus rendimientos– asciende aproximadamente a 11’193.647,20 dólares.
Información jurídica
Fiscalía investigó este caso con base en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), numerales 1, 2, 3, 4, y 5, que sancionan el delito de lavado de activos. (FGE)

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