Este trabajo fue realizado gracias a una alianza entre Revista Vistazo, El Espectador y CONNECTAS en el marco de la investigación global La Cripto Lavadora, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Alan P. y Michael O., dos jóvenes bachilleres, solo necesitaron una computadora y conexión a internet para levantar una red criminal de captación ilegal de dinero. Para ello, simularon negocios digitales de trading y criptoactivos para estafar aproximadamente a 5.000 personas.
El caso conocido como ADN Escuela de Negocios resonó ampliamente en los medios ecuatorianos porque en él participó una exactriz de Enchufe TV. Pero también desnudó la problemática que supone la falta de regulación sobre los criptoactivos al momento de incautar y confiscar estas monedas digitales en procesos penales.
Esta estructura, conformada por 11 personas sin estudios superiores pero con conocimientos tecnológicos, y nueve empresas vinculadas al caso, logró ingresar de manera inusual e injustificada más de 36 millones de dólares al sistema financiero nacional. Sin embargo, las autoridades sólo consiguieron incautar el dinero que se movió en bancos, cuentas y empresas; mientras se esfumaron los réditos acumulados por la red criminal en el ecosistema digital.
Fuentes de la Fiscalía confirmaron a esta investigación de CONNECTAS y Revista Vistazo que en este caso se perdieron 176 millones de criptoactivos, distribuidos en al menos 36 criptomonedas distintas. La entidad logró hacer este seguimiento a partir de información entregada por Binance, una de las principales plataformas internacionales de intercambio de criptomonedas, en la cual estaban registradas las billeteras vinculadas a los procesados.
Al tratarse de diferentes monedas digitales, la entidad no logró determinar la magnitud del monto en dólares. Los criminales trasladaron los fondos antes de que pudieran ser congelados, y al final sólo consiguieron retener 500 dólares en criptomonedas.
Como revelaron fuentes de la entidad, dos grandes obstáculos facilitaron la fuga de los fondos: la ausencia de una billetera digital oficial que permitiera almacenar, enviar y recibir criptomonedas, y la falta de herramientas legales para actuar a tiempo. Estas debilidades permitieron a los responsables desplazar los activos digitales antes de que pudieran ser congelados, y asegurar así la posibilidad de mantener un cómodo estilo de vida mientras permanecen prófugos de la justicia.
Criptomonedas sin supervisión estatal
Es que, de acuerdo con el Banco Central de Ecuador (BCE), en el país los criptoactivos no son moneda de curso legal ni un medio de pago autorizado. Es decir, no están prohibidos, pero el usuario los utiliza bajo su exclusiva responsabilidad, por lo cual asume el riesgo financiero.
Por lo mismo, no existe claridad sobre qué institución debe crear y administrar una billetera virtual oficial. De hecho, en agosto de 2024 el propio gerente general del BCE, Guillermo Avellan, reconoció que “Ecuador requiere una ley que regule la inversión en criptoactivos, a fin de proteger a los inversionistas, promover la innovación y fortalecer la dolarización”.
Este vacío coexiste con la realidad del crecimiento del uso de criptoactivos en Ecuador, cada vez más frecuente y extendido. Un informe de la firma Chainalysis reveló que el país entre 2024 y 2025 recibió un estimado de más de 13 mil millones de dólares en criptomonedas. Además, ya operan al menos 7 de los llamados cajeros de Bitcoin, que también permiten transacciones con monedas como LTC, DOGE y USDT, distribuidos en Guayaquil, Quito, Cuenca y Loja.
Estos cajeros, instalados y operados por la empresa eBtc, permiten comprar y vender bitcoin, además de convertirlo en dinero en efectivo. Según la compañía, que los llama “kioskos digitales”, el uso de criptomonedas en el país está creciendo “exponencialmente”.
eBtc aclaró a esta investigación que no está sujeta al control del BCE ni de la Superintendencia de Bancos. Y preguntados sobre cómo garantizan la legalidad de las transacciones, eBtc señaló que “los usuarios aceptan los términos y condiciones en los kioskos, declarando la licitud de los fondos utilizados”.
Sin embargo, la Superintendencia precisó que, las operaciones realizadas por los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) en Ecuador “automáticamente son considerados sujetos obligados, en tal sentido, deberán aplicar las obligaciones de prevención de lavado de activos previstas en la Ley”.
Para la entidad la presencia de estos cajeros “plantea la necesidad de normar en el corto plazo su funcionamiento y grados de autorización para este tipo de compañías”. Mientras no exista una ley específica, gestionan el riesgo dentro de su perímetro. Por eso en 2026 prevén iniciar actividades de supervisión específicas para el sector de activos virtuales.
En tanto eso progresa, Juan Grijalba, especialista en delitos informáticos de la Unidad Nacional Especializada en la Investigación de Ciberdelitos de la Fiscalía, cuestiona que la falta de reconocimiento legal genera zonas grises. “Esto implica que muchas actividades con criptomonedas quedan fuera del alcance de las regulaciones tradicionales bancarias o del mercado de valores”, explica.
El modus operandi de ADN Escuela de Negocios lo evidencia: las autoridades no lograron controlar ni afectar su economía criminal en el ámbito de las criptomonedas. Cada miembro de la organización gestionaba hasta 24 cuentas bancarias, y cuando estas comenzaron a ser cerradas, trasladaron sus operaciones a criptomonedas. Todos contaban con billeteras en Binance, principalmente en la criptomoneda Tether (USDT), para evadir las restricciones bancarias y regulatorias.
Grijalba recuerda que en julio de 2024 la legislación ecuatoriana dio un paso importante al actualizar la Ley para Combatir el Lavado de Activos. Por primera vez, una normativa nacional definió los “activos virtuales”, lo que supuso que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) obligara a los proveedores de estos a reportar operaciones iguales o superiores a los 10.000 dólares.
Para María Belén Coronel, especialista en compliance y prevención de lavado de activos, este avance representa una contradicción, pues el Estado no ha reconocido oficialmente la existencia de criptoactivos. “¿Quién me va a reportar si el Banco Central me dice que no existen?”, cuestiona Coronel. Esta investigación consultó a la empresa eBtc si reporta sus actividades a la UAFE, pero no obtuvo respuesta.
Grijalba también advierte un problema importante de la normativa: deja fuera de la definición de ‘activo virtual’ a las stablecoins, monedas digitales creadas para mantener un valor fijo, usualmente atado al dólar estadounidense. De acuerdo con el Informe 2025 sobre Crimen en Criptomonedas, elaborado por Chainalysis, las stablecoins se han convertido en el principal medio de transacciones ilícitas, representa el 63% de estas.
De hecho, ADN Escuela de Negocios también usaba la USDT dentro de su estructura. Según las conversaciones que esta investigación pudo observar, el grupo a través de la compra de criptoactivos buscaba ocultar sus ganancias ilegales.
Así, mientras el uso de criptoactivos crece rápidamente en el país, del otro lado de la balanza, las investigaciones avanzan a paso de tortuga. Gonzalo García, jefe de la Unidad Nacional de Ciberdelitos de la Policía —creada hace 14 años— señaló que recién en 2023 comenzaron a detectar los primeros casos relacionados con criptoactivos. Hasta la fecha, la unidad que dirige solo ha investigado cinco casos relacionados con el congelamiento de billeteras digitales.
Esos casos ya arrojan ciertos patrones, explica García. “Las organizaciones criminales utilizan este tipo de monedas para lavado de activos, captación masiva ilegal de dinero, estafas, y para que las víctimas las inviertan en las famosas pirámides”.
Así, ADN Escuela de Negocios, prometía “dinero fácil”. Al final todo era una fachada que destruyó a muchas familias: algunas migraron, otras se separaron; hubo divorcios, deudas por préstamos bancarios impagables e incluso una iglesia cristiana terminó involucrada.
Prometían riqueza con criptos y Forex, dejaron deudas y ruina
Michael O. se presentaba como el mejor trader del Ecuador, pero hoy la Fiscalía lo acusa de haber ingresado de manera injustificada 17,8 millones de dólares. Era el rostro visible, el CEO y fundador de ADN Escuela de Negocios. Junto a su socio, Alan P., dirigían desde 2015 un supuesto modelo de enseñanza centrado en el mundo de los negocios digitales: trading, criptoactivos, inversiones en Forex, apuestas deportivas, entre otros.
Ambos construyeron una estructura jerárquica con líderes y roles bien definidos. Aunque las víctimas en su mayoría ingresaban atraídas por la oferta educativa, el verdadero negocio iba más allá.
Según el expediente judicial, los responsables les ofrecían dos caminos para generar dinero “fácil” por internet. El primero consistía en convertirse en distribuidores de los productos de ADN, es decir, atraer a nuevos usuarios al sistema. Por cada persona que se inscribía, “les ofrecían ganancias sobre los paquetes vendidos de hasta el 70% en comisiones directas e indirectas”, según relata el expediente judicial.
La segunda vía era a través del llamado Fondo de Inversión ROA, donde Ormaza se presentaba como administrador y su socio como promotor. Les ofrecían a los supuestos “estudiantes” una rentabilidad mensual sobre el capital invertido que variaba entre el 2% y el 10% mensual, según el monto.
Para dar una apariencia de legitimidad, llegaron incluso a suscribir documentos privados como “constancia de inversión” o “convenio privado de negociación”. Sin embargo, los depósitos y transferencias, debían realizarse por concepto de “capacitación”, a fin de ocultar su verdadero propósito.
También se apoyaban en eventos y conferencias organizadas con regularidad, según material fotográfico al que tuvo acceso esta investigación. En estos encuentros, los responsables se presentaban como traders expertos en inversiones, y simulaban frente a las víctimas la capacidad de generar miles de dólares en cuestión de minutos.
Con el tiempo, esos miembros de la organización criminal refinaron su modus operandi, al que llamaron “la tríada perfecta: capitaliza, multiplica y diversifica”. Pero el millonario flujo financiero comenzó a llamar la atención de las autoridades.
Una de las piezas clave en esta estructura era Juan Martín R. G., un joven acusado de lavar 2,3 millones de dólares, pero buena parte de sus réditos quedaron fuera del alcance de las autoridades pues los convirtió en criptomonedas. Él se encargaba de promover los resultados de ADN en redes sociales donde mostraba su estilo de vida de viajes, autos de alta gama y lujos, junto con sus habilidades en trading.
Luna Lapo fue una de las miles de víctimas de ADN. Conoció la supuesta escuela a través del novio de su cuñada, quien incluso había sacado un préstamo para invertir en el fondo. Luna estuvo seis meses como estudiante, y luego le ofrecieron unirse al “famoso” fondo de reserva. “Decían que Michael hacía trading en la Bolsa de Nueva York y que ganaba diariamente hasta 100.000 dólares. Nos prometieron un interés del 4% mensual. Decidí inscribirme”.
Luna invirtió 4.000 dólares. Los primeros rendimientos llegaron puntualmente desde diciembre de 2021, pero cesaron en mayo de 2022. Después, comenzaron las excusas: que había retrasos, que los bancos habían cerrado las cuentas de Ormaza. “Por último, nos dijeron que nos iban a pagar en criptomonedas, directo a nuestras wallet”, recuerda. Luna admite que nunca aprendió realmente a hacer trading, “quizá algún concepto básico”, comenta.
Pero sí tuvo la dura lección de haberlo perdido todo. El golpe económico fue tan fuerte que tuvo que emigrar a España para poder pagar la deuda contraída en una cooperativa ecuatoriana:
“Fueron tiempos de mucho estrés. A mi esposo le dio herpes en un ojo, casi lo pierde. Dejamos a nuestras hijas en Ecuador para empezar de cero en España”.
“La Biblia en mano”: la estrategia religiosa de ADN para estafar
No solo el estilo de vida lujoso de sus miembros y su capacidad de persuasión convencieron a las miles de víctimas del caso ADN Escuela de Negocios. También combinaron elementos seudo religiosos. La ex actriz Nicole C., esposa de Alan P., se identificaba como gerente de Marketing, y dentro del programa pedía a los alumnos conectarse por Zoom a las 4 de la mañana, leer la Biblia y agradecer a Dios por la vida, la salud y la economía.
Luna Lapo la mencionó en su declaración ante la Fiscalía. Para ella, la imagen de familia, espiritualidad y cercanía a Dios fue clave en su decisión de invertir en el fondo, porque le generó confianza. “Lo que más me motivó es que Nicole hacía sus sesiones en vivo, hacía retos de levantarse temprano con la Biblia en la mano y yo me dejé por esos aspectos religiosos (…) Se veía a Alan y Nicole como un matrimonio estable con hijos”, describió.
Pero cuando el castillo de arena se desmoronaba, Luna seguía aferrada a la esperanza de que aún le pagaran: “Yo veía en redes a Alan y Nicole —los rostros de ADN— viviendo tranquilos, felices, sin preocupación alguna. Para nosotros fue tan duro que incluso terminamos divorciándonos”.
No solo Nicole usó la ‘carta’ religiosa. Jhosue G., procesado por lavar —según el expediente — un total de 2,4 millones de dólares, estaba a cargo del grupo de alabanza de la iglesia cristiana Generación en Conquista, donde su madre era pastora, y al mismo tiempo lideraba ADN en esa ciudad, donde gozaba de “alta reputación”, como describen fuentes de Fiscalía. El procesado vio en esa congregación un catálogo de perfiles que podrían caer en ese ‘milagroso’ fondo.
Tannia Núñez, relató a la Fiscalía que fue allí donde lo conoció. “A raíz de su insistencia decidí invertir en este negocio que, él me aseguró, era experto manejando mercados Forex”.
Ella invirtió por primera vez en agosto de 2021, por un valor de 5.000 dólares. Y a pesar de que nunca le cumplieron con los rendimientos prometidos, hizo dos inversiones más, por 10.000 y 14.500. Al final, el desenlace fue el mismo:
“Galarza jamás me canceló ningún rendimiento y solo desapareció”.
Fuentes de Fiscalía explicaron que el personaje “utilizó su posición de liderazgo religioso para ganar la confianza de sus seguidores”. Además, constituyó una empresa, por medio de la cual habría canalizado parte de los fondos vinculados al supuesto esquema fraudulento. De hecho, se conoce que él siguió operando desde República Dominicana.
El caso judicial relacionado con la caída de ADN Escuelas de Negocios llegó a la fase de audiencia preparatoria de juicio, aunque fue diferida por octava ocasión, y quedó programada para diciembre. Es decir, aún no existe una sentencia por este caso. Solo uno de los involucrados, Redin, permanece detenido tras ser extraditado desde Panamá. El resto de los procesados continúa fuera del país; algunos se ocultan en Estados Unidos y España, aunque con circulares rojas emitidas por Interpol. Las autoridades sospechan que los implicados siguen operando, gracias a que lograron mover su patrimonio criminal en el ecosistema cripto. (REVISTA VISTAZO)
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