Guayaquil (Guayas), 11 de diciembre de 2025.- La Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia de catorce años de prisión contra Peter Antonio L. V. y Jimmy René P. A., declarados culpables de robo y extorsión, en concurso real de infracciones. El hecho ocurrió el 5 de enero de 2025, en las calles Maldonado y Tungurahua, en el sur de Guayaquil.
La víctima, quien trabajaba como taxista informal, recogió a tres personas en ese sector. Minutos después, otros dos sujetos bloquearon el paso del vehículo y lo atacaron. Fue golpeado, despojado de sus pertenencias y encerrado en la cajuela. Luego, lo abandonaron en el norte de la ciudad, mientras se llevaban su automotor.
Ese mismo día, los familiares del afectado recibieron llamadas desde su propio celular: los agresores exigían 500 dólares para devolver el vehículo. Tras la denuncia presentada ante Fiscalía y Policía Nacional, se rastreó la línea telefónica y se ubicó a dos implicados en las calles San Martín y Carchi, donde fueron aprehendidos. Durante el operativo, un policía resultó herido.
En el juicio, el Fiscal de la Unidad de Patrimonio Ciudadano, a cargo del caso, presentó las pruebas materiales, testimoniales y periciales que demostraron la participación directa de los procesados y su responsabilidad penal en el delito cometido. Entre ellas se incluyeron: los testimonios de la víctima y su hijo, los de los agentes aprehensores y varios peritos, informes de reconocimiento del lugar, partes policiales, pericias practicadas al automotor, videos de cámaras de seguridad, informes de extracción de información de teléfonos celulares, entre otros.
El Tribunal consideró suficientes estos elementos y declaró la responsabilidad penal de ambos procesados. Además de la sentencia de prisión, los Magistrados dispusieron el pago de una multa de sesenta y cuatro salarios básicos unificados y 2.000 dólares como reparación integral a la víctima, a cada procesado.
Información jurídica
El caso se procesó conforme a los artículos 185, inciso primero, y 189, inciso segundo, numerales 1 y 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sancionan los delitos de extorsión y robo. (FGE)
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