La Asamblea Nacional convocó al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, para que comparezca en un plazo máximo de ocho días, hasta el 5 de enero de 2026, en Quito, por denuncias de presuntas presiones judiciales, mientras el Gobierno sostiene que no existe dilación ni protección política.
No se puede anticipar ningún desenlace
La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, aseguró este 26 de diciembre que no se puede anticipar ningún desenlace sobre la fiscalización a Mario Godoy, convocado al Pleno legislativo. Además, descartó que la bancada oficialista ADN busque frenar el proceso. Morillo explicó que la convocatoria se aprobó con voto unánime y que el plazo concedido responde al derecho a la defensa. Según indicó, el procedimiento se ajusta a las normas vigentes del Parlamento.
Asimismo, recordó que el propio Godoy solicitó una licencia temporal en la Judicatura para preparar su intervención ante la Asamblea. Ese pedido se produjo tras la última sesión del Pleno del organismo, celebrada el 23 de diciembre.
Convocatoria y plazos definidos
De acuerdo con la resolución legislativa, Godoy deberá presentarse dentro de los ocho días posteriores a la convocatoria. Por tanto, la fecha límite fijada es el 5 de enero de 2026. Este plazo generó críticas desde la bancada correísta, que cuestionó supuestas demoras.
Sin embargo, Morillo negó esas afirmaciones durante una entrevista en Ecuador TV. Según dijo, fue la bancada de ADN y el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, quienes impulsaron la comparecencia del titular de la Judicatura. Además, la ministra señaló que el Ejecutivo no interviene en los tiempos del Legislativo. Por ello, insistió en que el proceso seguirá su curso institucional, sin interferencias externas.
Denuncia del juez Serrano
El caso se origina en la denuncia del juez anticorrupción Carlos Serrano Lucero, quien afirmó haber recibido presiones para fallar a favor de un narcotraficante serbio procesado por lavado de activos. Serrano sostuvo que las presiones provinieron desde la Judicatura.
En este contexto, también se conoció que la defensa legal del ciudadano serbio estuvo a cargo de Dolores Vintimilla, esposa de Godoy. Ella informó que dejó ese caso en noviembre de 2024, cuando contrajo matrimonio con el funcionario. El ciudadano serbio fue condenado a 10 años de prisión el 20 de noviembre, por lavado de activos. El juez Serrano integró el tribunal que dictó la sentencia, según registros judiciales.
Audios y posición oficial
Tras difundirse audios entre Henry Gaibor, director del Consejo de la Judicatura en Pichincha, y el juez Serrano, el caso tomó mayor atención pública. En los registros se escucha a Gaibor pedir “especial atención” al proceso, por tratarse de una “defensa muy particular”.
Godoy calificó el caso como un ataque personal contra él y su familia. Además, afirmó que acudirá a la Asamblea para defenderse “con la verdad”. Finalmente, Morillo reiteró que el Gobierno no puede adelantar conclusiones. “No nos podemos adelantar a un resultado”, dijo, al señalar que primero se evaluará la información que presente Godoy ante el Pleno. (EL DIARIO)
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