Rumiñahui (Pichincha), 15 de enero de 2026.- Fiscalía inició una instrucción de treinta días por el delito de usurpación y simulación de funciones públicas. En esta ocasión, los procesados César Aníbal A. A. y Marjorie Estefanía S. A. quedaron con orden de prisión preventiva, ya que este es el segundo proceso penal abierto en su contra por el mismo delito.
La audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos se desarrolló la tarde del 14 de enero de 2026 en la Unidad Judicial de lo Penal del cantón Rumiñahui. Ambos fueron aprehendidos el día anterior en el sector de Conocoto.
La Policía Nacional recibió una alerta ciudadana sobre un supuesto “operativo de control” llevado a cabo, al parecer, por “falsos policías”. Al acudir al lugar indicado, los agentes encontraron a dos personas –un hombre y una mujer– revisando un vehículo blanco.
La pareja –que vestía chompas similares a las que utiliza el personal del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM)– intentó evadir a los agentes; sin embargo, tras un registro, fueron aprehendidos. Además, se levantó como indicio una motocicleta negra, sin placas y con balizas, similares a las que utilizan los agentes motorizados.
Uno de las personas que se movilizaba en el vehículo revisado por los sospechosos indicó que viajaba con su esposa y su nieta y que fueron detenidos de forma violenta por estas dos personas, quienes les retiraron la matrícula y la licencia de conducir y les ordenaron trasladarse a otro lugar para “ingresar el vehículo”, bajo el argumento de que “estaba reportado como robado”.
Los ahora procesados habrían aplicado este mismo modo de operar a mediados de diciembre de 2025, en la entrada al sector de La Roldós, en el norte de Quito, por lo que Fiscalía les abrió una instrucción de treinta días.
Información jurídica
El delito de usurpación y simulación de funciones públicas está tipificado en el artículo 287, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece que la persona que ejerza funciones públicas sin autorización o simule cargo o función pública será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. (FGE)
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