Con la reforma a la Ley de Hidrocarburos que tramita la Asamblea Nacional chavista con premura, el desbloqueo de activos venezolanos en territorio estadounidense y el levantamiento de sanciones al sector energético que adelanta el Gobierno de Donald Trump, así como el regreso de importantes compañías extranjeras a Venezuela, se espera un significativo incremento de la producción de crudo en el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, ahora bajo la tutela de Estados Unidos, que impulsa lo que podría ser un nuevo boom petrolero, que beneficiará a ambas naciones con este acuerdo que contempla inicialmente el envío de entre 30 y 50 millones de barriles a puertos estadounidenses y deja en manos de la Casa Blanca la administración de los ingresos producto de la comercialización. El gran perdedor será el principal rival económico y geopolítico de EEUU: China. En Pekín ven cómo se cierra el grifo de combustible que recibían como pago de una enorme deuda y se niegan a negociar con Washington.
El control que Estados Unidos tiene ahora sobre las autoridades interinas en Caracas, tras la captura de Nicolás Maduro la madrugada del 3 de enero, ha significado una jugada maestra de Washington para reducir la influencia en Latinoamérica de Pekín, que empezó a verse afectado desde diciembre, cuando la Casa Blanca ordenó un bloqueo a los buques sancionados que salían de Venezuela con petróleo que, en gran medida, tenía como destino el gigante asiático. Y es que mediante la llamada flota fantasma se evadían las sanciones impuestas por Donald Trump desde su primer mandato. Ahora, con Maduro fuera del poder, todo cambió. El secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, anunció hace un par de semanas que su gobierno supervisará la venta de la producción del petróleo venezolano «indefinidamente». Y esto no ha gustado en China.
China no quiere petróleo venezolano administrado por EEUU
Frente a este escenario, la estatal PetroChina habría instado a sus operadores a no comprar ni negociar crudo venezolano desde que Washington tomó el control de las exportaciones de petróleo del país sudamericano, según publicó este martes en exclusiva la agencia Reuters, citando dos ejecutivos comerciales familiarizados con la situación. De hecho, apenas una semana y media después de la caída de Maduro se conoció que el régimen de Xi Jinping decidió que había llegado el momento de cobrar al menos 10000 millones de dólares en prestamos bancarios chinos a Venezuela, que aún están pendientes de pago, y para eso habrían contactado a varios altos funcionarios venezolanos y estadounidenses.
«La decisión de PetroChina de abstenerse de comprar mientras evalúa la situación es una prueba más de que el suministro de petróleo venezolano a China, que era su principal cliente, seguirá siendo limitado y empujará a los compradores chinos hacia Canadá, Irán y Rusia», sostiene la agencia de noticias respecto a esta medida de la compañía estatal del gigante asiático.
Levantamiento de sanciones y desbloqueo de activos
Mientras tanto, otra noticia divulgada este martes por Reuters evidencia que en Washington hay interés en reactivar en corto plazo la industria petrolera venezolana, y para que un nuevo boom sea posible ya habría funcionarios estadounidenses trabajando para emitir «pronto» una licencia general para el levantamiento de algunas sanciones en Venezuela, donde, además, se avanza sin pausa con la aprobación de la reforma a la Ley de Hidrocarburos que dejará en el pasado lo que fue la nefasta política petrolera chavista que imperó durante las últimas dos décadas.
También este martes, la encargada de la Presidencia de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el desbloqueo de activos venezolanos en Estados Unidos como resultado de los «diálogos» con el Gobierno de Donald Trump, agregando que con los recursos liberados habría empezado a comprar a la nación norteamericana equipos para los hospitales. Vale recordar que inmediatamente después de la captura de Maduro, el jefe de la Casa Blanca aseguró que Venezuela se había comprometido a comprar solamente productos estadounidenses.
Nuevas condiciones bajo evaluación
A pesar de la retórica ideológica de Delcy Rodríguez para hacer control de daños interno, el mandatario estadounidense, Donald Trump, reiteró este martes que tiene «muy buena relación» con Venezuela. Prueba de ello es que luego de haberse reunido en la Casa Blanca con los más altos ejecutivos de las principales compañías petroleras, a las que instó a invertir unos 100.000 millones de dólares en la industria venezolana, Washington pidió adecuar las leyes locales para ofrecer garantías a estas empresas que aún ven con recelo su regreso al país sudamericano debido a la inestabilidad política que aún persiste y el pasado reciente de expropiación de sus activos. Por otro lado, una alta ejecutiva de la brasileña Petrobras anunció este martes que consideran como una «alternativa» entrar a Venezuela en el marco de las nuevas condiciones que podría ofrecer el país.
El parlamento dominado por el chavismo ya aprobó en primera discusión la reforma a la Ley de Hidrocarburos, que contempla, entre otras cosas, que la gestión operativa, que se reservaba mayoritariamente el Estado, ahora podrá ser ejercida totalmente por los socios privados; que la comercialización que ha estado en manos de la estatal PDVSA podrá ser gestionada por las compañías privadas; que las regalías, que actualmente están fijadas en 30 %, se flexibilizan hasta poder bajar a 15 %; y que los litigios podrán ahora resolverse mediante mecanismos internacionales independientes.
Si habrá realmente un nuevo boom petrolero en Venezuela como en los gloriosos años setenta, es algo que todavía está por verse. Lo cierto es que con las reformas que adelanta el Legislativo, los acuerdos con Washington y el interés de las compañías en retomar sus operaciones en el país, una nueva bonanza podría ser posible si Estados Unidos logra ofrecer al mercado las garantías y estabilidad política necesarias para que haya confianza, lo cual pasa por completar el plan de transición de tres fases presentado por el secretario de Estado, Marco Rubio, que requiere sellarse con la celebración de elecciones transparentes que sean reconocidas por la comunidad internacional para consolidar el regreso a la democracia.
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