Quito (Pichincha).- Con base en alrededor de veinte elementos de convicción, la Fiscalía General del Estado procesa a once personas por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.
En atención al pedido de Fiscalía, el Juez de la Unidad Especializada en el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado dictó prisión preventiva contra cinco procesados, entre ellos Aquiles Á. Para otras seis personas, dispuso medidas alternativas, como presentación periódica y prohibición de salida del país.
Prisión preventiva
Aquiles David Á. H.
Xavier Mario Á. H.
Antonio José Á. H.
César Emilio B. I.
Fernando Patricio P. V.
Presentación periódica y prohibición de salida del país
Pablo Ricardo P. R.
Carlos Andrés A. C.
David Á. K.
Ricardo Fabio B. P.
Gastón Aparicio L. C.
Arresto domiciliario
Respecto a Pedro Juan H. E., el Juez dispuso que se elabore un estudio de seguridad de su domicilio para que pueda cumplir la medida de arresto domiciliario.
Además, el Magistrado ordenó la inmovilización de las cuentas que los procesados mantengan en el Sistema Financiero Nacional.
Las aprehensiones se ejecutaron durante la madrugada del martes 10 de febrero, en la provincia de Guayas.
Según explicó el Fiscal de la Unidad de Transparencia a cargo de la causa, la investigación apunta a un entramado empresarial que habría sido creado para vulnerar la seguridad del Estado y el sistema financiero, sin activar alertas en las instituciones de control.
El caso se enmarca en una actividad comercial relacionada con la venta de combustibles. De acuerdo con Fiscalía, Aquiles Á., Antonio Á. y Xavier Á., hermanos vinculados a un mismo esquema societario, habrían estructurado un modelo empresarial destinado a generar ganancias ilícitas mediante la comercialización de combustible entre distintos segmentos del mercado.
La investigación sostiene que, a través de empresas de papel –domiciliadas en Panamá– los procesados habrían desviado combustible del segmento naviero nacional e internacional, y permitido obtener beneficios económicos indebidos. El perjuicio para el Estado se reflejaría en la reventa de diésel subsidiado a precios del mercado internacional, con un perjuicio estimado en alrededor de 100 millones de dólares.
El Fiscal del caso señaló que esta presunta trama se habría estructurado en cinco eventos, en los que se configuraría el delito de delincuencia organizada desde 2021:
- Evento guías de revisión.
- Evento de comercialización de combustible a embarcaciones internacionales.
- Evento de pagos a un trabajador de la aduana.
- Evento bienes.
- Evento eliminación de archivos.
Entre los elementos presentados consta también el informe pericial de informática forense practicado a tres dispositivos electrónicos entregados por la persona denunciante, en los que se hallaron mensajes de algunos de los procesados que evidenciarían coordinaciones para ejecutar el presunto ilícito.
La instrucción fiscal durará noventa días.
Información jurídica
El delito de delincuencia organizada está tipificado en el artículo 369, inciso segundo, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). (FGE)
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