Con seis votos a favor, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó este martes 17 de febrero de 2026 el informe para segundo debate del proyecto de reforma al COOTAD, que busca regular el uso del presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) mediante nuevas reglas fiscales.
El documento aprobado será remitido al pleno del Parlamento para su tratamiento final, como parte del trámite de una ley calificada de urgente en materia económica enviada por el Ejecutivo.
La propuesta plantea incorporar reglas de sostenibilidad y racionalidad del gasto, con el objetivo de preservar recursos para inversión pública, mantenimiento de infraestructura y provisión de servicios básicos.
Entre los puntos centrales, el texto establece que los GAD deberán destinar al menos el 70 % de su presupuesto a inversión —infraestructura, mantenimiento y servicios públicos— y el 30 % a gasto corriente, principalmente salarios y funcionamiento administrativo.
Enfoque de eficiencia y transparencia
Durante la sesión, la presidenta de la comisión, Valentina Centeno, explicó que el propósito de la reforma al COOTAD es fortalecer la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Recordó que, tras el primer debate legislativo, se excluyó a las juntas parroquiales rurales, acogiendo el pedido del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales.
Centeno aseguró que la iniciativa no reduce los presupuestos asignados a municipios y prefecturas y respeta la regla constitucional de transferencias mínimas.
También señaló que se incorporan mecanismos de transparencia y rendición de cuentas trimestral, con reportes obligatorios sobre el cumplimiento del esquema 70/30.
La legisladora detalló que el componente de inversión deberá priorizar obra pública, agua potable, alcantarillado, saneamiento y vialidad, mientras que el gasto corriente se limitará al funcionamiento institucional.
Desde la bancada de la Revolución Ciudadana se expresaron observaciones al contenido del proyecto.
El asambleísta Diego Salas sostuvo que la reforma podría derivar en sanciones automáticas para los GAD que no cumplan el porcentaje de inversión, lo que activaría restricciones en las transferencias presupuestarias.
Posturas encontradas en la comisión
Salas advirtió que, según el articulado, el incumplimiento podría implicar reportes a la Contraloría y límites en los recursos transferidos, lo que afectaría directamente servicios municipales.
Indicó que su bancada presentó un informe de minoría que recomienda el archivo del proyecto.
La legisladora Mabel Méndez también cuestionó el trámite de la norma y alertó sobre posibles vicios de inconstitucionalidad, además de señalar la ausencia de comparecencias de autoridades locales.
En la votación, el informe fue aprobado por Valentina Centeno, Evelyn Pico, Alejandro Lara, Wilson Lozano, Álex Morán y Sergio Peña; votaron en contra Diego Salas y Mabel Méndez, mientras David Arias se abstuvo.
Tras la aprobación, la Secretaría General del Parlamento, por disposición de Niels Olsen, deberá distribuir el informe a los 151 legisladores.
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una vez cumplidas 48 horas desde su distribución, el proyecto podrá ser incluido en el orden del día del pleno para su segundo debate, que se realizará en una sola sesión.
En esta etapa, el Parlamento podrá aprobar, modificar o negar el informe de mayoría, o someter a votación los informes de minoría si así lo decide la mayoría simple. (EL DIARIO)
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