5 personas sentenciadas a 6 años de prisión por minería ilegal

Macará (Loja), 20 de marzo de 2026.- Con base en las pruebas presentadas por la Unidad Especializada para la investigación de los Delitos del Medio Ambiente y los Derechos de la Naturaleza No. 1 de Pichincha, el Tribunal de Garantías Penales de Loja sentenció a cinco personas a seis años y ocho meses de privación de la libertad.

Edison Manuel B. J., Marco Javier M. S., Ángel R. R., Asdrúbal M. B. y Marcos Alberto A. T., de entre 23 y 40 años, fueron condenados como autores del delito de actividad ilícita de recursos mineros. Además, deberán pagar una multa de 300 salarios básicos unificados a la administración de justicia.

El Fiscal del caso precisó al Tribunal que los ciudadanos fueron aprehendidos en delito flagrante durante un operativo ejecutado el 20 de octubre de 2024 por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en el sector Guásimo, en la quebrada del río Sabiango, en Macará.

Durante la intervención, soldados y policías –que fueron testigos en la audiencia de juzgamiento– observaron a aproximadamente veinte personas, distribuidas en un radio de 500 metros, que ejecutaban labores relacionadas con la actividad minera ilegal. Al notar la presencia de las autoridades, intentaron huir.

De este grupo, siete personas fueron retenidas; de ellas, las cinco ahora sentenciadas operaban maquinaria utilizada para la extracción de material en el río Sabiango.

“Los soldados hallaron excavaciones recientes, extracción de material, las zarandas tipo Z estaban prendidas y en las maquinarias había material. Debido a estas excavaciones se pudo observar montículos de tierra, desvíos del río y pozos de agua”, precisó el Fiscal. Además, se levantaron trece máquinas distribuidas en la zona intervenida.

Otras dos personas retenidas en el operativo –Jean G. B. y Ronald E. I.– abastecían de combustible a la maquinaria. Por este hecho, fueron procesadas por el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos.

Información jurídica

Este caso fue sentenciado con base en el artículo 260, numeral 1, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente antes de la última reforma a este cuerpo legal. (FGE)