11 días después de su detención, el mayor de Policía Hans T. -mediante su defensa- presentó un escrito pidiendo al juez que analice su reubicación de la cárcel ante amenazas en su contra. Él fue procesado el pasado 20 de marzo de 2026 en el denominado caso Emporio Presidiario.
Un juez dictó prisión preventiva en su contra y fue enviado a la Penitenciaría del Litoral. Otras ocho personas, incluida su esposa, y seis empresas, están implicadas en una investigación por presunto lavado de activos. La Fiscalía sigue una red de compañías supuestamente vinculada con alias Fito y Junior Roldán, cabecillas de Los Choneros, que era proveedora de alimentos en las cárceles de Ecuador.
Según el ministro del Interior John Reimberg, la estructura habría causado un perjuicio al Estado por USD 110 millones y movió USD 1 500 en el sistema financiero nacional.
El oficial de la Policía, que fue detenido en el cantón Yaguachi y acusado por la Fiscalía como autor y a su esposa como coautora del delito. Según el acta de audiencia al que accedió Ecuavisa.com, Hans T., tuvo ingresos en el sistema financiero por USD 15, 7 millones. Sin embargo, habría solo declarado ante el Servicio de Rentas Internas entre 2018 al 2024, ingresos por USD 3,4 millones.
De acuerdo al reporte presentado por la Fiscalía, en 2017 tuvo ingresos por USD 585 799. A partir del 2018 hasta 2024, los ingresos fueron entre USD 1 millón a USD 2,7 millones y en 2025, fueron de USD 855 856. Tenía el grado de mayor y su sueldo era entre USD 2 618 y USD 2 829, además registraba un establecimiento comercial y un RUC activo.
Durante la audiencia, la Fiscalía puntualizó que el oficial implicado registraba relaciones financieras con Liseth H.L., una de las parejas sentimentales del asesinado cabecilla Junior Roldán, y sentenciada por lavado de activos en el caso Blanqueo Jr.
Además hubo transferencias a exempleados de la empresa Lafattoria y Provisión de Alimentos Provisalí y otra compañía más. Todas, vinculadas en esta causa. La Fiscalía determinó que entre los clientes de Hans T. registrados el monto más alto era de consumidor final por USD 1,1 millones, siendo esta categoría “una de las más utilizadas en las tipologías de lavado de activos”.
En su vivienda, se encontró una funda con billetes de USD 10 y USD 20, que dieron un total de USD 37 000. También una funda con dinero que era “para el pago de los décimos de sus empleados”. Cartones con cajetillas de cigarrillos, entre otros elementos.
Hans T., no es el único miembro policial implicado en la trama. El cabo Pedro R.F. fue señalado dentro del proceso y se dictó prisión preventiva en su contra. Las autoridades determinaron que el abrió un RUC el 3 de junio de 2009 y ese mismo día lo cerró.
Se identificó que entre 2018 al 2025 registró ingresos por USD 89 767. Así como relaciones financieras con Liseth H., pareja de Junior Roldán, y con otro policía, que es exempleado de Lafattoria.
Los otros procesados también registran millonarios movimientos económicos. Por ejemplo Carla Fernanda M. abrió su RUC en 2012 como venta al por menor de productos. Entre 2018 al 2025, según el acta de audiencia, tuvo ingresos por USD 712 687 y clientes por USD 246 556. Pero el monto registrado de proveedores fue de USD 1,4 millones.
El informe de la UAFE registró una cantidad de USD 126,2 millones. Mantuvo transacciones con Provisali y Liseth H. Las autoridades advirtieron que más de cuatro de sus proveedores eran empresas de vehículos y es accionista de una compañía de transporte.
Rubén P., otro de los procesados y que apeló a la prisión preventiva, está dedicado a la venta de productos farmacéuticos. Se identificó una relación con 32 establecimientos de ese tipo. Entre el 2018 al 2025, registró en el SRI ingresos por USD 23,9 millones.
Según Fiscalía, además de mantener una relación financiera en 2018 con la pareja de Junior Roldán, también tuvo transacciones con Azahel Roldán, hijo del cabecilla.
Rubén P., registraba 22 cuentas bancarias en tres entidades y la Fiscalía determinó ingresos totales por USD 72,6 millones.
Otra de las procesadas es Carmen U. Abrió su RUC en 2009 como servicios de peluquería y tenía dos locales, uno de ellos cerrado. Entre 2017 y 2025 se identificó ingresos en el sistema financiero por USD 13,7 millones. Se le detectaron 10 cuentas bancarias y relación financiera con Liseth H. y una de las compañías implicadas.
André J., otro de los procesados, registró actividades económicas de cultivo de cacao desde 2019. Entre 2018 y 2025, el SRI reportó ingresos por USD 1 millón. En un informe de operaciones inusuales, se detalló que transfirió USD 143 300 en 2022 y 2023 a Liseth H., pareja de Jr. Y recibió USD 93 000 entre 2023 y 2024 de un exempleado de la Lafattoria.
André fue investigado en 2023 por suplantación de identidad y en diciembre de 2025 por presunta delincuencia organizada.
Entre otros de los procesados en calidad de autor, está Alex B., de Los Ríos. Entre 2018 y 2025 registró ingresos por USD 20 265. La alerta que saltó fue un registro de USD 45 de clientes frente a USD 159 608 de proveedores. Alex B. tiene investigaciones por tenencia de armas y asesinato, ambas en 2017. Así mismo, tuvo una relación financiera con Liseth H., por USD 19 000 en 2022 y trabajó en Lafattoria.
Blanca G., está casada con el oficial Hans T. A ella, la Fiscalía le identificó 16 cuentas bancarias y un monto total de USD18 millones dentro del sistema financiero nacional, pero declaró USD 4,7 millones en el SRI por sus actividades comerciales. Es accionista de una empresa de transporte de carga y tuvo una relación financiera con una empresa investigada.
Finalmente, Miguel Q., tiene su RUC activo desde 2022. Se le identificó cuatro establecimientos abiertos e ingresos por USD 267 777 entre 2018 al 2025.
Es administrador en varias empresas, incluyendo una de la industria láctea, que forma parte del holding identificado e investigado en el caso. Según el acta de audiencia, fue gerente general en dos compañías implicadas.
Una de las empresas vinculadas tuvo contratos con el Estado por casi USD 600 millones
Una semana después del megaoperativo en Guayas, Los Ríos y Pichincha, la Fiscalía pidió vincular a seis empresas al caso Emporio Presidiario. En esa audiencia, se dijo que Richard V., lideraba la red con su círculo familiar, laboral y societario, además de constituir un holding empresarial.
Una de las compañías es Provisali, que suscribió contratos con el economato y el SNAI entre 2017 y 2025. Según el documento, la segunda empresa (Lafattoria) es la única del holding que constaba como proveedora del Estado y con otras tres entidades más, “establecieron un sistema de colocación de activos para recibir depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias y en las de sus empleados, indistintamente de personas con quienes no tienen ningún tipo de relación comercial, societaria o económica”.
Provisali fue constituida en enero de 2013, en Guayas, Entre 2018 y 2025, tuvo ingresos por USD 38 287. Pero entre 2018 y 2019 declaró impuestos por ingresos de USD 13,9 millones. En ese mismo periodo, tuvo ingresos en sus cuentas bancarias por USD 25 millones, siendo un 43 % depositado en efectivo.
La UAFE determinó que 171 personas fueron empleadas de esa empresa y de Lafattoria. También señaló que hubo transacciones no solo con Liseth H., sino con Azahel Roldán y con Leidi R., otra pareja de Junior Roldán, que fue detenida en Colombia. El pago a los empleados entre 2018 y 2024 ascendió a USD 2,1 millones.
Por su parte, Lafattoria S.A., declaró ingresos por USD 637,3 millones. De ese valor, los egresos por relación de dependencia (pago a sus empleados) fueron por USD 28,8 millones.
Según el acta de audiencia, tuvo contratos por casi USD 600 millones con el Estado. El desglose que realizó la Fiscalía en la audiencia, consta que con el Ministerio de Educación hubo contrato por USD 360 millones.
Con el Sistema Penitenciario por USD 174, 8 millones; con el Ministerio de la Mujer hubo contrato por USD 24 millones y con la Unidad Nacional de Almacenamiento por USD 11,2 millones.
Así mismo, a un medio de comunicación público le prestó servicios por USD 710 248. Y a dos puertos de Guayaquil por USD 2,9 millones y USD 1 millón.
La empresa se declaró como proveedora del Estado entre 2013 y 2024. Justamente en ese último año, hubo problemas con el Gobierno por falta de pago y se suspendió la alimentación en las cárceles, lo que desató una crisis.
Laffatoria registró USD 60,7 millones en pagos de sueldos a 4 052 empleados. En la audiencia se indicó que 47 personas tenían denuncias en la Fiscalía por ingreso de artículos prohibidos en los reclusorios y unas 101 personas, habían sido investigadas, procesadas o aprehendidas por delitos comohomicidio, asesinato, delincuencia organizada, extorsión, estafa, contrabando, robo ysecuestro.
Los hallazgos de la UAFE determinaron que entre 2019 a 2024 hubo transacciones a las cuentas de siete empleados de Provisali y a 39 exempleados de Lafattoria por USD 43 528, desde las cuentas de 124 exfuncionarios del SNAI.
Según la página de la Función Judicial, cuatro de los nueve procesados apelaron a la prisión preventiva. Su recurso ya fue sorteado a una sala, a la espera de fecha para la audiencia. (ECUAVISA)
Mas noticias
Investigadores transforman el ácido recuperado de baterías de automóviles y los residuos plásticos en hidrógeno limpio.
1.300 policías destituidos por delitos y faltas graves volvieron a las filas por orden de los jueces
La radio sigue siendo un medio de confianza EN EE.UU. mientras el poder adquisitivo de los hispanos alcanza los 2,7 billones de dólares