Guayaquil (Guayas), 12 de mayo de 2026.- La Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia condenatoria de siete años de prisión contra tres personas procesadas por el delito de extorsión. Los ahora sentenciados exigían el pago de 15.000 dólares al propietario de un gimnasio y lo amenazaban con atentar contra su vida, la de sus familiares y empleados, además de destruir con explosivos sus locales comerciales.
Según el parte informativo y de aprehensión, la víctima denunció ante Fiscalía que recibía mensajes de texto enviados por desconocidos, quienes le exigían depositar el dinero en una cuenta bancaria.
Como parte de las amenazas, los extorsionadores detonaron un artefacto explosivo en uno de los locales del perjudicado. El hecho no dejó personas heridas, pero sí daños materiales. Posteriormente, continuaron enviando mensajes intimidatorios y videos de los locales comerciales y de la residencia de la víctima.
Ante el temor de nuevas represalias, el denunciante efectuó un primer depósito para ganar tiempo y evitar más agresiones. Luego presentó la denuncia ante Fiscalía y la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión (Unase). Con la información obtenida del celular de la víctima, los agentes lograron rastrear los dispositivos electrónicos utilizados por la presunta organización delictiva.
Durante allanamientos ejecutados en los sectores de Los Vergeles y Chongón, en el norte de Guayaquil, fueron aprehendidas tres personas. En uno de los inmuebles se encontraron dos artefactos explosivos. Además, se ejecutó una diligencia en la Penitenciaría del Litoral, donde se identificó a un privado de libertad que habría participado directamente en las extorsiones. En su celda se encontró un teléfono celular presuntamente utilizado para cometer el delito.
En audiencia de juzgamiento, la Fiscal de la Unidad de Patrimonio Ciudadano que llevó el caso presentó testimonios de agentes investigadores y aprehensores, peritos y la víctima, así como informes investigativos de la Unase, pericias de informática forense, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, certificaciones bancarias y la denuncia presentada por el perjudicado.
También se incorporó un informe pericial de audio y video, conversaciones mantenidas mediante WhatsApp, imágenes fotográficas y los números de contacto hallados en los dispositivos celulares encontrados en poder de varios de los procesados.
Con base en las pruebas presentadas por Fiscalía, el Tribunal de Garantías Penales dictó sentencia condenatoria de siete años de prisión contra Steven Andrés A. B., Daniel Alejandro P. B. y Carmen Cecilia L. Z., en calidad de autores del delito. Además, cada uno deberá pagar una multa equivalente a cuarenta salarios básicos unificados y 10.000 dólares como reparación integral a la víctima.
Información jurídica
Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 185, inciso segundo, numerales 1, 2 y 3, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de extorsión con pena privativa de libertad de siete a diez años. (FGE)
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