El Departamento de Justicia interviene en apoyo de la impugnación de las fuerzas del orden a la ley de Colorado.

Hoy, el Departamento de Justicia solicitó intervenir en apoyo de una demanda presentada por agentes del orden locales que impugnan una ley de Colorado (HB21-1060). Según la solicitud de intervención del gobierno, la ley HB21-1060 de Colorado atenta contra la seguridad pública al distorsionar el proceso mediante el cual las víctimas de delitos pueden permanecer temporalmente en el país para colaborar con el enjuiciamiento de los delitos cometidos contra ellas.

“La ley de Colorado que distorsiona el proceso de la visa U es profundamente injusta para los solicitantes calificados que desean ayudar a las fuerzas del orden a garantizar la seguridad de las comunidades estadounidenses”, declaró el Fiscal General Adjunto Stanley Woodward. “El Congreso creó un sistema para incentivar la cooperación con las fuerzas del orden, confiando en la discreción de los funcionarios locales para asegurar que solo los solicitantes que lo merecen reciban visas U. Pero Colorado está favoreciendo al extranjero que no ayuda en lugar de a la víctima de un delito que contribuye a promover la seguridad y el orden públicos. La ley federal no tolera esta política retrógrada”.

Las visas de no inmigrante U (Visas U) otorgan a ciertos extranjeros que han sido víctimas de delitos graves una autorización temporal para permanecer en nuestro país y colaborar en el enjuiciamiento de actividades delictivas. Para ser elegible, entre otros requisitos, el extranjero debe presentar una certificación oficial de un funcionario policial competente que indique que ha sido, es o probablemente será útil en la investigación o el enjuiciamiento. Dado que solo se otorgan 10,000 Visas U al año, el proceso de solicitud es altamente competitivo. Sin embargo, el proyecto de ley HB21-1060 distorsiona este proceso. Exige que los funcionarios certifiquen la utilidad incluso cuando el extranjero no ha sido, no es ni es probable que sea útil, siempre y cuando no haya omitido o se haya negado a brindar la ayuda solicitada razonablemente. El proyecto de ley HB21-1060 también prohíbe a los funcionarios certificadores considerar criterios relevantes, como si el extranjero carece de información sobre la actividad delictiva. Al eliminar la discreción del funcionario certificador, el proyecto de ley HB21-1060 elimina un importante requisito previo que garantiza que las Visas U se otorguen únicamente a solicitantes que lo merecen. En conjunto, estos requisitos de Colorado podrían obligar a un funcionario de Colorado a proporcionar la certificación requerida incluso cuando un extranjero no sea de ayuda, ni siquiera posea información que pudiera ser útil, y haya participado en conductas distintas (como una participación conocida en otras actividades delictivas graves) que justificarían una negativa discrecional a certificar. 

Tal como explica la demanda de intervención propuesta, el proyecto de ley HB21-1060 es contrario al régimen de visas U que promulgó el Congreso y, por lo tanto, queda invalidado en virtud de la Cláusula de Supremacía.

La acción de hoy de intervenir y respaldar la demanda de las fuerzas del orden locales contra Colorado demuestra el compromiso del presidente Trump de apoyar a las víctimas de delitos y a los agentes del orden de nuestra nación, quienes trabajan incansablemente para mantener seguras a las comunidades estadounidenses. Las leyes que tienen el efecto contrario y que desobedecen la decisión del Congreso no pueden mantenerse.