La Policía Nacional del Ecuador ratificó su respaldo institucional, jurídico, técnico y humano a los servidores policiales Técnicos Operativos Sgop. Diego Marcelo Trujillo Acosta y al Cbop. Leonardo Patricio Montalvo Ruiz, servidores policiales que enfrentan un proceso judicial relacionado con un procedimiento ocurrido la madrugada del 24 de septiembre de 2016, en el norte de Quito, durante una intervención ejecutada en cumplimiento de labores operativas de patrullaje.
El pronunciamiento institucional se realizó tras la jornada judicial desarrollada el 01 de junio de 2026, en el Complejo Judicial Norte, donde el Comandante General de la Policía Nacional, GraS. Pablo Vinicio Dávila Maldonado, acompañó a los servidores policiales y a sus familias, como muestra del respaldo del mando institucional a quienes enfrentan procesos derivados de actuaciones realizadas en actos de servicio.
“Acompañamos a nuestros servidores policiales, durante la audiencia del proceso que enfrentan. Nuestra presencia responde al deber institucional y humano de estar junto a quienes, en cumplimiento de su misión, han servido a la ciudadanía en escenarios de riesgo. Este respaldo se brinda con absoluto respeto al debido proceso, a la independencia judicial y al marco constitucional y legal vigente”, enfatizó la máxima autoridad policial.
Antecedentes del procedimiento
El caso tuvo origen aproximadamente a las 02h00 del 24 de septiembre de 2016, en las calles Brasil y Zamora, en Quito. De acuerdo con los antecedentes institucionales, los servidores policiales Diego Marcelo Trujillo Acosta y Leonardo Patricio Montalvo Ruíz realizaban labores de patrullaje cuando fueron alertados por guardias de seguridad sobre la presencia de varias personas que habrían intentado sustraer motocicletas y que, presuntamente, se encontraban armadas.
Ante esta alerta, los servidores policiales iniciaron un procedimiento de intervención, emitieron señales luminosas, sirenas y órdenes verbales por megáfono. Sin embargo, los ocupantes de dos motocicletas habrían hecho caso omiso a las disposiciones policiales y huyeron del lugar, lo que dio inicio a una persecución ininterrumpida por varias calles del sector.
Durante la persecución se reportó una situación de riesgo para los servidores policiales, en la que se habrían escuchado detonaciones de arma de fuego mientras los sospechosos continuaban huyendo. En ese contexto operativo, al llegar a la calle Gregorio Bermejo, se produjo un disparo efectuado por el entonces Cabo Primero de Policía Diego Marcelo Trujillo Acosta, hecho que derivó en el fallecimiento de Pablo A.
La Policía Nacional señaló que este caso debe ser analizado considerando el contexto táctico – operativo en el que se desarrolló la intervención: una alerta por un presunto delito, una persecución, información sobre posibles personas armadas y decisiones adoptadas en segundos por servidores policiales que cumplían funciones de protección ciudadana.
Proceso judicial y activación de recursos legales
Como parte de los antecedentes procesales, la Fiscalía General del Estado formuló cargos el 26 de abril de 2017 por el presunto delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. Posteriormente, el 29 de marzo de 2018, se dictó auto de llamamiento a juicio.
El 4 de agosto de 2021 se emitió una sentencia condenatoria. No obstante, dicha sentencia fue anulada por la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, mediante resolución de 26 de julio de 2023, disponiéndose la realización de un nuevo juicio.
Frente a la decisión judicial emitida en esta etapa procesal, la Policía Nacional informó que, a través de las instancias jurídicas correspondientes, activará los recursos legales previstos en la normativa vigente, con el objetivo de garantizar el derecho a la defensa, el acceso a la revisión judicial y el acompañamiento técnico a los servidores policiales.
La Institución reiteró que todas las acciones se desarrollarán con apego al marco constitucional y legal vigente, respetando la independencia judicial y utilizando los mecanismos que la ley establece para la defensa de los derechos de sus servidores policiales.
En la misma línea de respaldo institucional, el Ministro del Interior, John Reimberg, expresó su apoyo a los servidores policiales que enfrentan procesos derivados de actuaciones cumplidas en servicio y destacó la importancia de reconocer el riesgo que asumen diariamente quienes protegen a la ciudadanía.
“No es justo que se trate así a un policía que todos los días se juega la vida por la seguridad de ecuatorianas y ecuatorianos”, señaló el titular del Interior. Su pronunciamiento enfatizó la necesidad de respaldar a los servidores policiales que, en cumplimiento de su deber, actúan en escenarios complejos, muchas veces bajo amenaza y con decisiones que deben adoptarse en cuestión de segundos. Delincuentes con un amplio historial delictivo, sumamente peligrosos son beneficiados con medidas sustitutivas, mientras quienes se juegan la vida todos los días para defendernos, son sentenciados. Brindaremos el respaldo y los esfuerzos necesarios, recalcó el ministro.
Una labor que se cumple bajo riesgo
La Policía Nacional recordó que sus servidores cumplen una misión constitucional orientada a proteger los derechos, libertades y garantías de las personas, preservar el orden público y enfrentar el delito. Esta labor, en muchas ocasiones, se desarrolla en escenarios de violencia, persecuciones, amenazas armadas y decisiones inmediatas.
Por ello, la Institución considera fundamental que las actuaciones policiales sean valoradas no únicamente desde el resultado final, sino también desde el contexto real del procedimiento, las condiciones de riesgo, la información disponible en el momento de la intervención y la responsabilidad operativa de proteger vidas.
“Un servidor policial no actúa desde la comodidad de la retrospectiva; actúa en segundos, bajo amenaza y con la responsabilidad de proteger el derecho a la vida.”
La presencia del Comandante General, GraS. Pablo Vinicio Dávila Maldonado, durante la jornada judicial del 01 de junio de 2026 constituyó, además, un mensaje dirigido a todos los servidores policiales del país: la Institución estará presente cuando sus integrantes actúen en cumplimiento de su deber, dentro del marco legal y en defensa de la ciudadanía.
La Policía Nacional del Ecuador ratificó su respeto a la administración de justicia, al debido proceso y a la independencia de las funciones del Estado. Al mismo tiempo, reafirmó su respaldo institucional, jurídico, técnico y humano a los servidores policiales y a sus familias.
La Institución continuará actuando con responsabilidad, transparencia y apego a la normativa vigente, activando los recursos legales que correspondan y sosteniendo una posición firme, prudente y coherente frente a este caso.


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