3 adolescentes son procesados por portar un arma no autorizada

Quevedo (Los Ríos), 18 de junio de 2026.- Tres adolescentes son procesados por su presunta participación en el delito de tenencia y porte de armas y municiones no autorizadas. Con base en los elementos de convicción expuestos por la Fiscalía General del Estado, el Juez especializado de la causa acogió el pedido de la Institución y dispuso su internamiento preventivo.

El hecho fue puesto en conocimiento de Fiscalía mediante un parte informativo en el que se señala que, durante un patrullaje preventivo, agentes de la Policía Nacional observaron a tres personas que se movilizaban en una motocicleta y mostraban una actitud sospechosa.

Cuando los uniformados se acercaron y les ordenaron detenerse, el conductor aceleró la marcha e intentó huir, lo que dio inicio a una persecución que se extendió por varias cuadras. Durante el trayecto, uno de los ocupantes saltó de la motocicleta y fue capturado por uno de los policías que participaba en el operativo. Al inspeccionar la mochila que portaba, los agentes encontraron una subametralladora con sus respectivas municiones.

Pocas cuadras después, la motocicleta fue interceptada y los otros dos adolescentes también fueron aislados y puestos a órdenes de Fiscalía para el inicio del proceso penal correspondiente.

En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la Fiscal del caso presentó los elementos de convicción recabados durante las primeras horas de investigación, entre ellos las versiones de los agentes que participaron en la aprehensión y aislamiento de los adolescentes.

Asimismo, incorporó el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y levantamiento de evidencias, entre las que constan el arma encontrada y la motocicleta en la que se movilizaban.

El Juez dispuso el inicio de la instrucción fiscal por treinta días.

Información jurídica

El artículo 361 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el delito de armas de fuego, municiones y explosivos prohibidos o no autorizados con pena privativa de libertad de cinco a siete años. (FGE)