AP — Una abogada del estado de Washington prometió “milagros” a decenas de miles de inmigrantes que buscaban un estatus legal en Estados Unidos.
En cambio, Alexandra Lozano creó historias falsas de abuso doméstico y trata de personas para solicitar visas humanitarias sin que sus clientes lo supieran, según varias demandas y una investigación de ética legal. Dicen que se aprovechó de la desesperación de los inmigrantes para vaciar sus cuentas bancarias mientras los dejaba en riesgo de deportación.
Se le acusa de contratar a trabajadores que no tenían las credenciales legales adecuadas y de construir un sistema de línea de ensamblaje para apresurar las solicitudes, incluso copiando las firmas de los clientes en documentos que nunca vieron.
“Puse la confianza de mi familia en ella”, dijo Gabriel Martínez García, de 30 años. Después de que pagaron 30.000 dólares, dijo que Lozano engañó a su familia y logró que su madre fuera puesta en proceso de deportación a pesar de su matrimonio con un ciudadano estadounidense naturalizado. “Creímos en ella y luego simplemente nos decepcionó”.
El bufete de Lozano, Luz del Camino Legal, cerró este mes en medio de una avalancha de acusaciones. Ella entregó permanentemente su licencia para ejercer la abogacía en lugar de enfrentar sanciones del colegio de abogados, y niega haber actuado mal.
Si bien los datos federales muestran que las estafas de servicios de inmigración están aumentando con rapidez, el presunto esquema de Lozano destaca por su escala. El colegio de abogados dice que su firma aparece en más de 53.000 casos pendientes.
No está claro cuántos casos fueron fraudulentos o hasta qué punto sus clientes fueron cómplices. Quienes la demandan dicen que no tenían idea.
Las consecuencias de su caída están golpeando al sistema de inmigración “como una ola gigantesca”, dijo Erika Gonzalez, abogada de la Coalición para Abolir la Esclavitud y la Trata.
El año pasado, la administración Trump comenzó a reformar los programas humanitarios que presuntamente Lozano explotó, alegando que un aumento de solicitudes desde 2020 era señal de fraude generalizado. La administración endureció las restricciones de los programas y ralentizó las tasas de tramitación, lo que, según grupos de defensa, perjudicará a las víctimas legítimas.
Las visas están destinadas a personas que fueron traficadas o abusadas
Lozano se especializaba en obtener visas a través de la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata y la Violencia de 2000 y la Ley de Violencia contra la Mujer de 1994, que abarca a todos los géneros.
Estos programas buscan proteger a las víctimas para que su estatus migratorio no sea utilizado como arma por los abusadores. Los estándares de evidencia son más flexibles, lo que hace que el sistema sea más accesible para las víctimas. Pero también es más fácil de explotar para un bufete sin escrúpulos, dicen abogados de inmigración.
El bufete de Lozano indagaba a los clientes sobre problemas en el hogar o en el trabajo, y luego los convertía en casos de abuso que no alcanzaban el umbral de estos programas humanitarios, según abogados que representan a decenas de sus antiguos clientes.
Aunque los clientes obtenían rápidamente permisos de trabajo, a menudo enfrentaban problemas años después al buscar la residencia permanente y sus alegatos eran sometidos a un mayor escrutinio.

Gabriel Martínez García, de 30 años, sostiene una Biblia cerca de su pecho mientras los tatuajes de sus padres son visibles en sus muñecas, en Tenino, Washington, el domingo 14 de junio de 2026. Akash Pamarthy/AP
Lozano niega fraude migratorio masivo
Angelo Calfo, un abogado que representa a Lozano, dijo que se esperaba que los clientes revisaran sus solicitudes antes de firmarlas y los culpó por cualquier declaración falsa.
“La práctica de Alexandra siempre ha sido luchar por sus clientes, buscar con celo cada opción legal disponible para ellos y apoyar sus esfuerzos por construir vidas en este país”, dijo su declaración.
El colegio de abogados acusó a Lozano de fraude en mayo y su bufete cerró el 10 de junio. Está siendo investigada por la unidad de fraude de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, según correos electrónicos obtenidos por The Associated Press. El Departamento de Seguridad Nacional, que dirige la agencia de inmigración, declinó hacer comentarios.
Al menos 920 estafas de servicios de inmigración se reportaron en 2025, lo que es más que los primeros tres años de la administración Biden combinados, según datos de la Comisión Federal de Comercio analizados por la AP. Los expertos dicen que probablemente sea un subregistro, dada la renuencia de los inmigrantes a presentarse. Los clientes dicen que trabajadores extranjeros, no abogados con licencia en EE. UU., manejaron los casos
Se acusa a Lozano de reclutar a cientos de empleados en Colombia, México y Argentina para brindar asesoría legal a clientes y gestionar solicitudes de visa. Eso significaría que los clientes nunca recibieron consultas de un abogado con licencia en EE. UU.
“Alexandra nos estaba diciendo que por favor inventáramos más información sobre el abuso porque no es abuso real”, dijo Rafael Alvarez, quien trabajó para Lozano de 2022 a 2024 en Colombia. “Había muchos casos que no eran ciertos”.
La exdirectora de operaciones de Lozano, Amy Rios, testificó en 2024 que la firma ganó 1,7 millones de dólares enseñando a otros bufetes sus estrategias legales para visas humanitarias y “cambió la forma en que muchos abogados ahora abordan el derecho migratorio”.
Demandas recientes acusan a por lo menos otras dos firmas en Texas y Ohio de replicar las tácticas de Lozano, lo cual ellas niegan.
Los inmigrantes dicen que no sabían sobre las mentiras
Erika Sanchez y su esposo ingresaron a EE. UU. de manera ilegal. Varios abogados les dijeron que no había forma de ajustar su estatus desde dentro del país.
Pero Lozano prometió un resultado exitoso después de solo una consulta en 2020, según una demanda que la pareja presentó en mayo junto con otros siete exclientes.
La pareja confió en la firma cuando les pidió sus firmas en hojas en blanco, dijo Sanchez, y vivieron con un presupuesto muy ajustado para pagarle a Lozano más de 32.000 dólares.
“Realmente sí creíamos que ella estaba haciendo lo correcto”, dijo Sanchez.
Agregó que nunca vieron la solicitud que la firma presentó para su esposo, la cual después supieron que contenía afirmaciones falsas de que su hija adolescente lo abusó. Ahora él está en proceso de deportación.
Algunos exclientes dicen que no descubrieron el presunto fraude sino hasta años después. Nora Murillo Moreno dijo que la firma le habló de las falsas acusaciones de abuso el día antes de su entrevista para la residencia permanente. Entró en pánico.
“¿Debo decir lo que realmente pasó, o lo que está escrito?”, dijo Murillo Moreno. “Sabía que las cosas no coincidían”.
La administración Trump dice que un aumento de visas indica “fraude rampante”
Los abogados que demandan a Lozano dicen que su ascenso va en paralelo con un aumento exponencial en las solicitudes de visa por casos de trata y de abuso doméstico.
Las denuncias de abuso doméstico se triplicaron con creces entre los años fiscales 2020 y 2025, pasando de casi 15.000 solicitudes a más de 53.000 por año, según datos de la agencia de inmigración. También hubo casi doce veces más solicitudes de padres que alegaban que su hijo los había abusado.
Durante ese mismo período, las denuncias de trata de personas aumentaron de alrededor de 1.000 solicitudes a más de 37.000.
En diciembre, la agencia de inmigración dijo que reformaría su programa de visas por violencia doméstica debido a “fraude rampante” basándose en el aumento de las solicitudes, sin ofrecer otras pruebas. Los cambios incluyen restringir las definiciones de abuso y dar mayor peso a la evidencia aportada por los presuntos abusadores.
Cecelia Levin, abogada de la organización sin fines de lucro Alliance for Immigrant Survivors, dijo que hacer más difíciles estas visas para las verdaderas víctimas de abuso no es la respuesta. En cambio, la administración Trump debería enfocarse en hacer cumplir la ley contra los abogados que llevan a cabo estafas, dijo.
Una queja ética anterior fue desestimada
Abogados de inmigración dicen que las redes sociales de Lozano estaban llenas de señales de alerta, como afirmar que la Virgen María bendecía todos sus casos.
En 2023, el colegio de abogados de Washington dijo que tenía preocupaciones sobre la práctica legal de Lozano, pero desestimó una queja ética en su contra con el argumento de que estaba protegida por avisos legales, según un documento obtenido por la AP. La queja alegaba publicidad engañosa y otras faltas.
Sara Niegowski, portavoz del colegio, dijo que bloqueó a Lozano para que no ejerciera el derecho “tan rápido como fue posible”.
Los exclientes de Lozano están en un lío legal
Los exclientes ahora se apresuran a obtener sus expedientes del bufete desaparecido. Cientos acudieron a consultas recientes con abogados voluntarios en Washington y Oregón. Muchos solicitaron unirse a una demanda en busca de compensación financiera por mala praxis legal. Otra demanda colectiva busca recuperar sus honorarios de abogado.
Vicente Omar Barraza, un abogado detrás de la demanda por mala praxis, dijo que cientos de exclientes le contaron que todavía no saben qué escribió el bufete de Lozano en sus solicitudes. Le preocupa que muchas personas hayan perdido vías viables para obtener un estatus legal.
Martínez García, quien dice que su madre está en proceso de deportación porque Lozano manejó mal su caso, vive cada día con el temor de que ella sea deportada.
“Solo estoy rezando de verdad, de verdad, de verdad con todas mis fuerzas por ella”, dijo Martínez García. “Nada de esto debería haber pasado”.
Fuente: CNN en Español

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