Quito (Pichincha), 29 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Polo Armando A. Ch., por su presunta participación como autor directo del delito de trata de personas con fines de explotación sexual.
La noche del 25 de junio de 2026, Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Control, ejecutó dos allanamientos como parte de esta investigación: el primero en un inmueble ubicado en el sector de Iñaquito y el segundo en un centro de tolerancia, en el sector de El Inca, en el norte de Quito.
Como resultado del operativo, se detuvo a Polo Armando A. Ch. Además, se recabaron indicios relacionados con la causa investigada, entre ellos teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, una memoria flash y documentos.
Según la investigación, a cargo de la Fiscalía de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti), iniciada el 12 de marzo de 2026, el sospechoso habría captado a una adolescente.
Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscal del caso expuso elementos de convicción recabados en la investigación, entre ellos la versión de los agentes aprehensores, el informe de seguimiento y vigilancias, el informe investigativo, el informe del lugar de los hechos y evidencias, entre otros.
Al culminar la diligencia, Fiscalía solicitó inicialmente la medida cautelar de arresto domiciliario para el procesado, considerando su condición de adulto mayor. Sin embargo, la defensa presentó certificados médicos que acreditarían su estado de salud.
En virtud de ello, la Fiscal del caso reformuló su petición y solicitó medidas cautelares de presentación periódica, prohibición de salida del país y uso de dispositivo electrónico, las cuales fueron acogidas por la jueza de la causa.
Como medidas de protección a favor de la víctima, se dispuso las establecidas en el artículo 558, numerales 2, 3 y 4 del Código Orgánico Integral Penal (COIP): prohibición a la persona procesada de acercarse a la víctima y de realizar actos de persecución o intimidación, así como la emisión de una boleta de auxilio.
El plazo de la instrucción fiscal es de noventa días.
Información jurídica
Fiscalía procesa este caso por el presunto delito de trata de personas, tipificado en el artículo 91 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuya sanción es de dieciséis a diecinueve años de privación de libertad. (FGE)
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