Loja (Loja), 10 de julio de 2026.- Con base en los elementos de convicción presentados por la Fiscalía General del Estado, el Juez de la Unidad Judicial que conoció el caso dictó prisión preventiva para seis procesados y medidas cautelares alternativas para otras nueve personas. Entre los investigados constan dos servidores policiales en funciones y un expolicía.
La madrugada del 8 de julio de 2026, Fiscalía, con el apoyo de la Policía Nacional, ejecutó un operativo simultáneo en las provincias de Loja, Guayas, El Oro, Chimborazo y Azuay. Como parte de la investigación, se allanaron 21 inmuebles, entre ellos una Unidad de Policía Comunitaria (UPC).
La investigación, desarrollada durante aproximadamente cuatro meses, permitió identificar la presunta existencia de una organización delictiva que operaba de manera coordinada y con una aparente estructura jerárquica. Sus integrantes estarían vinculados con la adquisición de vehículos reportados como robados en Pichincha, Guayas, Manabí, Tungurahua, Los Ríos, Chimborazo y Santo Domingo.
Según las investigaciones, los automotores eran trasladados a Loja y otras ciudades, donde presuntamente se alteraban sus sistemas de identificación y se sometían a procesos de legalización fraudulenta para, posteriormente, comercializarlos. Estas acciones habrían ocasionado perjuicios económicos a personas que adquirieron los vehículos sin conocer su origen ilícito.
Durante los allanamientos se levantaron como indicios cinco vehículos, veintiún teléfonos celulares, cinco computadoras portátiles, diez dispositivos de almacenamiento, un iPad, 26.000 dólares en efectivo, tres detonantes, tres cordones tipo mecha de seguridad, un cordón de mecha lenta con cápsula fulminante, quince fulminantes, además de accesorios, autopartes de vehículos y documentación relevante para la investigación.
La instrucción fiscal tendrá una duración de noventa días.
Información jurídica
Fiscalía procesa este caso de acuerdo al artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de asociación ilícita con una pena privativa de libertad de tres a cinco años. (FGE)
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