Montecristi (Manabí), 10 de julio de 2023.- Tribunal de Garantías Penales dictó sentencia máxima agravada en contra de Luis Alexander A., luego de que la Fiscalía General del Estado probara su responsabilidad en el delito de femicidio, cometido en contra de su pajera y su cuñada. El hecho se produjo en 2020, en la vivienda de una de las víctimas.
Los jueces valoraron la prueba presentada y dictaron sentencia de treinta y cuatro años con cuatro meses de pena privativa de libertad.
El hecho investigado por la Fiscalía General del Estado ocurrió en el barrio El Prado, de Montecristi. A la vivienda, donde se encontraban las dos víctimas, llegó la pareja de una de ellas y las atacó con un arma corto punzante, causándoles la muerte. El hecho ocurrió en presencia de dos niñas, hijas de una de las víctimas, una de ellas de pocos días de nacida.
En la audiencia de juicio, la Fiscalía presentó los elementos probatorios que lograron comprobar la responsabilidad del procesado en el hecho, entre los más importantes: el acta del levantamiento de los cadáveres, el informe de autopsia (que señala que la causa de la muerte –en ambos casos– fueron múltiples heridas causadas por un arma blanca), el reconocimiento del lugar de los hechos y levantamiento de evidencias.
Fue determinante el testimonio anticipado tomado a la hija de una de las víctimas, quien presenció en hecho, en donde narró lo ocurrido e identificó al agresor como su tío político (pareja de su tía).
Además; con la presentación de testimonios de familiares y conocidos de las víctimas, además de los informes de las pericias de entorno social, psicológica forense y de género; Fiscalía probó que existió una relación de poder y violencia constante sobre las víctimas y que, incluso, habrían sido amenazadas de muerte en varias ocasiones.
Todas estas pruebas fueron valoradas para determinar la materialidad de la infracción y la responsabilidad de Luis Alexander A. en el delito imputado.
Información jurídica
El delito de femicidio y sus agravantes se encuentran tipificados en los artículos 140 y 141, respectivamente, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). (FGE)
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