Desde las escalinatas de la casa de transición —un inmueble blanco con rojo ubicado en el número 216 de la calle Chihuahua de la colonia Roma de la Ciudad de México—, Andrés Manuel López Obrador anunció la creación del organismo con el que su gobierno buscaría garantizar el abasto de alimentos básicos para las personas más pobres del país.
Era el 16 de agosto de 2018, mes y medio después de que López Obrador ganara las elecciones presidenciales, y tres meses y medio antes de que el 1 de diciembre tomara las riendas del Poder Ejecutivo federal.
Rodeado de futuros funcionarios de su administración como Víctor Villalobos, a la postre secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, el entonces presidente electo informó que, una vez en el cargo, ordenaría la conformación de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), instancia que reuniría a Diconsa y Liconsa.
Al frente de la nueva institución quedaría Ignacio Ovalle, un exfuncionario de administraciones priistas quien encabezó la extinta Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) durante los primeros años del sexenio de Carlos Salinas (1988-1994) y a quien López Obrador encomendaría una de sus áreas prioritarias: la alimentación de los sectores vulnerables.
Pero a cinco años de ese anuncio, la creación de Segalmex no ha destacado por el cumplimiento de sus funciones. En cambio, lo ha hecho por las irregularidades millonarias detectadas en su operación, que ascienden a cuando menos 9 mil 500 millones de pesos —reconocidos por el Poder Ejecutivo—, así como por las denuncias a las que dichas anomalías han dado pie.
Esos 9 mil 500 millones de pesos equivalen al presupuesto asignado para la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para todo 2023, son más de seis veces el presupuesto de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y representan nueve veces el presupuesto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Hasta ahora, los posibles actos de corrupción en Segalmex han motivado la presentación de 80 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR). De ese total, 69 han sido presentadas por instituciones del gobierno federal, de acuerdo con un reporte que la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) emitió el pasado 29 de junio. En tanto, las 11 denuncias restantes las presentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a raíz de sus revisiones a las cuentas públicas de 2019 y 2020.
A la fecha, sin embargo, ninguna persona involucrada en estos hechos ha sido llevada a juicio ni sentenciada; 19 personas han sido vinculadas a proceso —la mayoría de ellas apenas este año— e Ignacio Ovalle, actual director del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), reiteradamente ha sido defendido por el presidente López Obrador y eximido políticamente de las irregularidades del organismo del que fue responsable.
Segalmex: un nacimiento “desordenado”
El decreto presidencial por el que se creó Segalmex se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de enero de 2019, a 49 días de que comenzara el sexenio de López Obrador. En ese documento se establecieron puntos como que el Consejo de Administración del organismo debía instalarse a más tardar en 45 días y que después tendría 180 días para emitir un Estatuto Orgánico.
Pero en la realidad, lo que ocurrió fue que Segalmex empezó a trabajar sin elementos básicos como un organigrama o manuales de operación, lo que produjo “un desorden administrativo”, advierte Gerardo Lozano, exauditor especial de Cumplimiento Financiero dentro de la ASF.
De acuerdo con Lozano, ese “desorden” no solo propició que hubiera deficiencias en la gestión de Segalmex, sino también un terreno favorable para actos de corrupción. “A río revuelto, ganancia de pescadores”, señala Lozano, consultor y presidente del Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción.
En sus revisiones a las cuentas públicas de 2019 y 2020, la ASF realizó sus primeros hallazgos de anomalías dentro de Segalmex, mismos que derivaron en pliegos de observaciones y denuncias presentadas ante la FGR.
Las denuncias y los montos
Hasta ahora, la FGR ha recibido 80 denuncias por posibles delitos en Segalmex. De ellas, 11 fueron presentadas por la ASF: seis tras la revisión de la Cuenta Pública de 2019 y cinco por la Cuenta Pública de 2020.
Las otras 69 se distribuyen así: 55 por parte del propio Segalmex, Diconsa y Liconsa, nueve de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cuatro de la PFF y una de la SFP.
Las primeras denuncias datan de 2020, mientras que las últimas de entre finales de 2022 y principios de 2023.
Entre los posibles actos de corrupción denunciados están compras simuladas de azúcar, atún, costales y garrafones mediante empresas fachada, compras a sobreprecio, así como una inversión ilegal en bonos bursátiles a través de recursos públicos. Los delitos perseguidos por estas conductas incluyen uso indebido de atribuciones y facultades, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.
Las autoridades federales reconocen que el monto por estas irregularidades asciende a 9 mil 500 millones de pesos, 6 mil millones señalados por la SFP y 3 mil 500 millones por la ASF, y niegan cálculos superiores.
“La cifra de 15 mil millones que se ha manejado recientemente en la opinión pública como los presuntos montos de irregularidades no es precisa y no tiene fundamento (…) Las observaciones resultantes de un proceso de fiscalización son señalamientos que el ente auditado debe aclarar, por lo que esas observaciones no pueden ser consideradas daños patrimoniales hasta en tanto no se hubiesen agotado las instancias previstas para su aclaración, documentación o resarcimiento del daño”, dijo el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, durante la conferencia mañanera del pasado 29 de junio.
En contraste, el exauditor Lozano advierte que sí tiene sustento hablar de 15 mil millones de pesos en irregularidades: 7 mil millones derivados de los pliegos de observaciones elaborados por la ASF y los 8 mil restantes de solicitudes de aclaración.
Para las y los legisladores de oposición, en tanto, lo ocurrido en Segalmex representa un desfalco millonario que debe ser aclarado, independientemente del monto en cuestión.
“Sean 15, sean 9 mil, es muchísimo dinero”, señala el diputado Marcelino Castañeda, integrante de la bancada del PRD y secretario de la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, instancia que da seguimiento al trabajo del órgano fiscalizador federal.
Ovalle, en la mira… pero no del presidente
En abril de 2022, cuando la FGR ya había recibido alrededor de una veintena de denuncias por las irregularidades en Segalmex, la institución logró que un exfuncionario del organismo fuera vinculado a proceso. Se trató de René Gavira, extitular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, a quien se acusó del delito de uso indebido de atribuciones y facultades por autorizar una compra ilegal de bonos bursátiles por 950 millones de pesos.
Gavira enfrenta su caso en libertad y durante cerca de un año fue la única persona procesada por las anomalías en Segalmex. Pero desde que comenzaron las acusaciones en su contra, ha sostenido que quien autorizó la operación bursátil fue su superior jerárquico: Ignacio Ovalle.
En mayo de 2022, Animal Político obtuvo y publicó los documentos oficiales que muestran que Ovalle en efecto avaló la operación. En su declaración ministerial, sin embargo, dijo que no recordaba haber firmado la documentación señalada.
En contraste, en el caso de Gavira, el juez consideró que la FGR aportó los datos de prueba suficientes para señalar que el exfuncionario fue responsable de ordenar la compra de bonos bursátiles con dinero público, por ejemplo, documentos gubernamentales y de operaciones financieras.
A pesar de todas las irregularidades detectadas en Segalmex, Ovalle se mantuvo al frente del organismo desde su creación hasta el 19 de abril de 2022 —una semana después de que Gavira fuera vinculado a proceso—, cuando el presidente López Obrador anunció que sería sustituido por Leonel Cota.
Pero Ovalle no se quedó fuera del gobierno federal. En el mismo anuncio del nombramiento de Cota, el mandatario informó que el servidor público sería el nuevo titular del Inafed, institución en la que permanece hasta la fecha.
Para las y los legisladores de oposición y analistas, la situación es una señal de la protección del presidente hacia Ovalle. El diputado Marcelino Castañeda es una de las personas que comparten ese punto de vista y critican que el mandatario defienda al funcionario sin brindar pruebas de su inocencia.
“Nosotros estamos diciendo ‘Investíguese’, pero él de plano ya lo exoneró, ya dijo ‘Con él no se metan’”, advierte el legislador.
—¿A qué atribuye la defensa del presidente a Ovalle? —se le pregunta.
—A que le debe las aportaciones de su campaña y complicidades económicas, no le puedo llamar de otra forma. En otro gobierno, el que quieras, en una cosa de estas, los gobiernos decían “Que se investigue”. Los “renunciaban” inmediatamente, los obligaban a renunciar para que los investigaran, pero a este señor, aunque sí lo obligaron a renunciar a Segalmex, se encuentra actualmente en el Instituto Nacional para el Federalismo, donde lo tienen protegido.
En su mañanera del pasado 29 de junio, el presidente López Obrador dijo que Ovalle “se confió” durante su gestión en Segalmex. “Comete el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes, a corruptos, y lo engañan y empiezan a hacer compras con empresarios corruptos, pagando sobreprecios”, señaló el mandatario, en su más reciente muestra de respaldo al funcionario.
Durante su conferencia mañanera del 3 de abril, López Obrador declaró que tiene “opinión buena” de Ovalle. Meses atrás, el 12 de agosto de 2022, aseguró que habría que esperar más informes para saber si Ovalle tiene o no alguna responsabilidad en los hechos dentro de Segalmex.
Hasta ahora, Animal Político no ha podido confirmar si Ovalle está incluido o no en alguna de las indagatorias que la FGR ha abierto por el caso Segalmex.
87 personas denunciadas, 19 procesadas
Luego de que durante 2022 René Gavira se mantuviera como la única persona procesada por las irregularidades en Segalmex, el 9 de marzo pasado la FGR informó en un comunicado que obtuvo órdenes de aprehensión en contra de 22 personas presuntamente relacionadas con los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. Todas ellas están ligadas a un presunto desfalco de 142 millones de pesos por la compra simulada de 7 mil 840 toneladas de azúcar.
Después de esto, a la postre se sumaron más acciones de la fiscalía, y a la fecha, de acuerdo con el gobierno federal, 87 personas están denunciadas por el caso —41 exfuncionarios y 46 dueños, socios, representantes o abogados de empresas involucradas—, 26 han sido detenidas y, de ellas, 19 ya fueron vinculadas a proceso.
Entre las personas detenidas y vinculadas a proceso están Roberto Rivera, quien fue subgerente de Programación de Adquisiciones de Granos y Azúcar, y Gonzalo Mora, señalado como beneficiario de fondos de la empresa Servicios Integrales Carregín. Rivera fue vinculado a proceso por delincuencia organizada, y Mora, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ambos fueron puestos en prisión preventiva oficiosa en el penal federal del Altiplano, informó la FGR el 17 de marzo pasado.
Un día después, se reportó la vinculación a proceso de José Miguel Ojeda, administrador único de Servicios Integrales Carregín, por delincuencia organizada con la finalidad de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, y quien también quedó en prisión preventiva oficiosa en el Altiplano.
Otro ejemplo es el de Jorge Humberto González, quien fue coordinador de Operaciones de Diconsa y fue vinculado a proceso por delincuencia organizada con la finalidad de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Como los demás procesados, quedó en prisión preventiva oficiosa en el Altiplano.
Aunque el gobierno federal afirma que estas detenciones y vinculaciones prueban que hay avances en las indagatorias y su intención de que actos de corrupción no queden impunes, algunas voces cuestionan los resultados y la solidez de las investigaciones.
Como ejemplo, mencionan el hecho de que Jesús Óscar Navarro Gárate, exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex, quedó libre a principios de mayo ya que la FGR no logró vincularlo a proceso por falta de elementos en su contra, al igual que Carlos Norberto Valero Flores, exsubdirector de Aseguramiento de la Calidad, y que Enrique Zamorano Solís, exsubgerente.
Los tres habían sido detenidos a finales de abril, acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero por una compra irregular por 400 millones de pesos en productos lácteos, pero el juez federal Gregorio Salazar consideró que no había datos de prueba suficientes para iniciar un proceso penal en su contra, de acuerdo a una nota del diario El País. Es decir, la FGR no fue capaz de sostener en la audiencia la probable responsabilidad de los exfuncionarios en la comisión del delito para que fueran vinculados a proceso.
Diputados de oposición y algunos analistas advierten que hechos como este ponen en duda el trabajo del Poder Ejecutivo y de la FGR en torno al caso, y exponen el riesgo de que las irregularidades en Segalmex queden impunes.
El exauditor Gerardo Lozano señala que investigaciones de este tipo siguen un largo camino, en el que hay varias etapas para llegar a una sentencia condenatoria; en cada una de estas existe el riesgo de que no se concrete una sanción por responsabilidades administrativas o por delitos penales, ya sea por la mala integración de un expediente, por la deficiente investigación para integrar una carpeta o por algún acto de corrupción en alguna de las instancias en el proceso.
En abril de 2022, cuando ya había renunciado a su cargo en la ASF, Lozano presentó a título personal cinco denuncias por lo ocurrido en Segalmex.
Dentro del caso —emblemático de este sexenio—, a la administración de López Obrador le queda poco más de un año para demostrar que su compromiso con el combate a la corrupción es real y no solamente, como suele decir el presidente sobre gobiernos pasados, “una simulación”.
Para la FGR, el asunto también representa un desafío, que pondrá a prueba el compromiso contra la impunidad que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, asumió en enero de 2019 al tomar las riendas de la institución.
* Este reportaje fue posible gracias al apoyo parcial del Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Su contenido es responsabilidad de Animal Político, en colaboración con México Evalúa, y no necesariamente reflejan el punto de vista del Departamento de Estado o el Gobierno de los Estados Unidos ni de la Fundación Panamericana para el Desarrollo.
Fuente: Yahoo en Español
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