Quito (Pichincha), 26 de julio de 2023.- El perjuicio ocasionado por un grupo de ciudadanos contra propietarios de vehículos no quedó en la impunidad.
Fiscalía logró que Diego Asunción P. R., Carlos Orlando Q. L. y Wilson Gonzalo A. M. fueran sentenciados a una pena privativa de la libertad de cinco años, tras ser hallados culpables del delito de asociación ilícita para robo de accesorios y piezas de automotores.
En la audiencia de juicio, el Fiscal Especializado en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti 9), probó ante un Tribunal de Garantías Penales que, dentro de esta asociación ilícita, Diego P. era el encargado de distribuir las autopartes y establecer el nexo con las mecánicas; donde Wilson A. y Carlos Q. instalaban las piezas y repuestos en otros vehículos.
La prueba que el Fiscal practicó en la audiencia desvaneció cualquier intención de la defensa de los acusados por hacerlos ver como inocentes.
Para los jueces, Fiscalía demostró que los tres procesados se asociaron ilícitamente para perjudicar a decenas de personas que, incluso, les llegaban a comprar los mismos repuestos sustraídos de sus carros.
En el juicio comparecieron los agentes investigadores que ejecutaron las vigilancias y seguimientos a los procesados. Estas diligencias develaron las actividades ilícitas en las que incurrieron con dolo.
Uno de los policías, narró las circunstancias en que se ejecutó un operativo en un inmueble situado en el barrio La Ferroviaria, al sur de Quito. En ese sitio, dijo, se encontraron 43 sacos de yute con piezas y accesorios de vehículos.
Además, el Fiscal presentó el informe de inspección ocular técnica, pericia con la que sustentó el hallazgo de otros 86 bultos con repuestos, durante un operativo desarrollado en el sector de la Loma de Puengasí, al suroriente de Quito.
Estas y otras pruebas más fueron valoradas por el Tribunal que, a más de dictar sentencia condenatoria, ordenó a cada procesado el pago de 12 salarios básicos unificados.
Información jurídica:
El delito de asociación ilícita es sancionado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal, con una pena privativa de la libertad de tres a cinco años. (FGE)
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