La defensa internacional del exvicepresidente de la República, Jorge Glas, denunció que no han podido establecer comunicación con su cliente desde que fue sacado de la embajada de Ecuador en México, la noche del 5 de abril, y luego ingresado a la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, al día siguiente.
Glas había recibido asilo político de ese país, pero el gobierno de Daniel Noboa dispuso a la Policía Nacional que ingrese a esa sede diplomática y lo detenga.
“Este inaccesible contacto, extendido tanto a sus abogados nacionales e internacionales como a sus familiares, representa una infracción severa a los derechos fundamentales de Jorge Glas. Este aislamiento no solamente viola principios básicos de derechos humanos, sino que también señala una preocupante amenaza a su seguridad y bienestar. La negación de acceso a sus seres queridos agrega una capa adicional de gravedad a la situación, profundizando nuestra inquietud sobre las condiciones en las que se encuentra”, indicó Sonia Vera, cabeza del equipo jurídico, en una carta dirigida a la administración del centro de reclusión.
Vera sostuvo que “la gravedad de la situación de Jorge Glas en el centro penitenciario se ve intensificada por la reciente exposición no autorizada de fotografías personales dentro del recinto. Este incidente, en conjunción con el historial documentado de violencia y tumultos dentro del sistema carcelario ecuatoriano —incluyendo masacres y ejecuciones extrajudiciales—, refuerza la premura de nuestra demanda. Se destaca la vulnerabilidad a la que Jorge Glas está expuesto, evidenciando un riesgo significativo para su vida y bienestar”.
La jurista realizó cuatro “demandas inmediatas” a la administración de La Roca:
1. La inmediata restitución de los canales de comunicación con Jorge Glas, permitiendo el acceso sin restricciones a su equipo legal, dividido en representantes nacionales e internacionales. Esta demanda se basa firmemente en las obligaciones legales y humanitarias estipuladas tanto por la legislación ecuatoriana como por los tratados internacionales sobre derechos humanos que el país ha ratificado.
En específico, solicitó que:
– Se garantice el acceso presencial ininterrumpido para el equipo de defensa nacional, permitiéndoles ejercer su función esencial de asesoramiento y representación legal dentro de un marco de seguridad y confidencialidad absolutas.
– Se facilite la implementación de medios tecnológicos adecuados para realizar comunicaciones seguras y privadas entre Jorge Glas y su equipo de defensa internacional, reconociendo las limitaciones geográficas y la necesidad de mantener un flujo constante de información y asesoramiento legal.
2. Permitir el acceso de observadores independientes para verificar personalmente las condiciones de Jorge Glas, garantizando su integridad física y psicológica.
3. Que sea visitado y se permita una inspección de un médico designado por la familia de Jorge Glas, para que pueda emitir un informe sobre su actual estado de salud.
4. Transparencia total en el manejo de este caso y la implementación de medidas correctivas para abordar cualquier violación de derechos o estándares inadecuados dentro del centro.
“La acción inmediata es crítica para evitar daños irreparables a Jorge Glas”, señaló Vera en la carta, y responsabilizó a la administración de la cárcel, al gobierno de Noboa y al Estado ecuatoriano por los riesgos a la seguridad y al bienestar del exmandatario.
Vera sustentó sus pedidos en varios instrumentos legales, como la Constitución del Ecuador, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966; y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas de Nelson Mandela). (DIARIO CORREO)
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