QUITO.- Los resultados de las votaciones en los plebiscitos son de obligatorio cumplimiento para las autoridades porque son pronunciamientos directos que hace la ciudadanía en las urnas sobre temas de su interés.
En el anexo de la pregunta A se indica que la Asamblea Nacional tendrá que aprobar en 200 días (un poco más de seis meses) un marco normativo para desarrollar los parámetros y límites de la colaboración complementaria entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
En los anexos de las preguntas G, H, I y J, en tanto, se dispone que el presidente Daniel Noboa envíe a la Asamblea Nacional los proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para aplicar estos contenidos en un máximo de cinco días posteriores a la publicación de los resultados; mientras que los legisladores tendrán máximo de 60 días.
Estas peguntas se refieren al endurecimiento de penas, el cumplimiento de la totalidad de la pena en prisión para ciertos delitos, la tipificación del delito de porte de armas de uso exclusivo de las fuerzas del orden, y la entrega de armas decomisadas a la Policía y a las FF. AA.
En la pregunta K, que se refiere a la propiedad del Estado de los bienes de origen ilícito, se establecen iguales plazos para Noboa y la Asamblea para enviar, debatir y aprobar reformas a la Ley de Extinción de Dominio.
Las disposiciones de la consulta no son sentencias o decisiones relacionadas a garantías de derechos.
En el segundo caso, el artículo 282 del COIP señala que “la persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.
El artículo 436 de la Constitución señala que la CC puede “conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales”.
Constitucionalistas explican lo que sigue tras la Consulta Popular: Aunque ciertas bancadas pongan trabas, deberán cumplir con la voluntad ecuatoriana
María José Alba Lozano
Los ecuatorianos manifestaron este domingo 21 de abril su apoyo a nueve de las 11 preguntas del Referéndum y Consulta Popular, planteadas por el presidente Daniel Noboa, enfocadas en seguridad y justicia, según resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral, CNE.
La consulta está dividida de la siguiente manera: cinco preguntas del Referéndum, que implican cambios a la Constitución y seis de la Consulta Popular, que conlleva reformas y temas de interés nacional.
Fueron las preguntas D y E que no recibieron el resultado positivo, ambas en materia económica que buscaban reconocer el arbitraje internacional y legalizar los contratos por plazo fijo y por horas.
Pero, luego de los comicios del pasado domingo, estas propuestas requieren seguir un proceso lo mismo que estaba explicado en los anexos de las preguntas, para su vigencia y ejecución.
Ante ello diario CORREO, consultó con dos especialistas.
Andrés Alberto Suárez Pineda, abogado en libre ejercicio litigante, explicó que tres de las preguntas aprobadas que son del Referéndum, hay un cambio constitucional, una alteración directamente a la Constitución.
Debido al hecho de que son preguntas que están encaminadas en alterar el texto y la naturaleza como tal constitucional.
Entre estas tres están las que planteaban que las Fuerzas Armadas participen junto a la Policía en las operaciones contra el crimen organizado, sin necesidad de emitir estados de excepción como ocurría hasta ahora. La otras dos plantean las extradiciones de ecuatorianos requeridos por la Justicia de otros países y la instauración de un sistema de juzgados en materia constitucional.
De este último explicó que el Consejo de la Judicatura tiene que realizar un exhaustivo estudio a nivel nacional para ver en qué cantones y provincias se requiere la cantidad de jueces constitucionales.
Para eso debe haber, un estudio, que dijo que se realizó hace algunos años, pero que debe ser actualizado, sin embargo, comentó que ya en el proyecto como tal, a través de los asambleístas, pueden indicar de que no es la cantidad que se necesita más o en su defecto son muchos.
Esas ‘pequeñas inconsistencias’ o debates para ponerse de acuerdo si se van a dar, señala.
Mientras de las preguntas de la Consulta Popular dijo que es diferente el fondo y la forma, porque indudablemente al aprobarse ya en las urnas por parte del pueblo ecuatoriano, lo que permiten es que se reforme y directamente en aspectos netamente de seguridad, aumento de penas, entre otras van direccionadas a reformar al Código Orgánico Integral Penal.
Que son prácticamente una especie de borrador de lo que el pueblo ya aprobó en las urnas y así puedan directamente promulgarse como tal, como ley y publicarse en los registros oficiales públicos.
No osbtante, no descarta ciertas discrepancias en temas técnicos, pero de ahí netamente en el fondo con respecto al tema legislativo ya no, porque eso fue aprobado directamente ya por el pueblo en las urnas y ante las diferencias políticas tendrán que dejarlas de lado, sino pueden ser sancionados ante la falta a la voluntad de los ciudadanos ecuatorianos.
Las sanciones de los legisladores al no acatar esta voluntad puede ser desde las suspensiones hasta incluso los juicios políticos.
Los juicios políticos también serían otra de las sanciones o consecuencias de no hacer valer la voluntad del pueblo que fue demostrado a través de democracia directa, comentó Suárez.
Pues considera que estos son los más comunes en el último tiempo sobre todo para las autoridades que ocupan altos cargos.
“La función principal de todo asambleístas es legislar y fiscalizar, sino cumplen con las mismas pues tendrán que hacerse responsables de las consecuencias que saben que pasarían”.
José Maza, abogado en libre ejercicio en materia penal, por su parte se mantiene en que la pregunta E del trabajo por horas y plazo fijo debió ser una de las preguntas que se debió publicitar aún más, dar mayor información porque era un tema complicado.
Pero la otra pregunta del arbitraje internacional cree que si era una pregunta que se debió dar, el sí también, por la connotación que lleva aquello para que empresas extranjeras puedan venir a invertir grandes cantidades de dinero al país.
Sin embargo, tomarán la opción de irse a Colombia, Perú o Chile u otros países que si se permite el arbitraje internacional en ese aspecto, explicó.
También denotó la diferencia entre enmiendas y reformas radica en que la primera no ataca la esencia misma de la estructura de los elementos del Estado. Y la reforma, en cambio, sí ataca a los elementos y estructura o los que componen el Estado.
Sobre la pregunta A que de una u otra forma, existía una prohibición constitucional referente a que las Fuerzas Armadas puedan colaborar juntamente con la Policía Nacional para prevenir el crimen organizado.
La pregunta de extradición que también había una prohibición constitucional en la cual no se podía extraditar a una persona que hubiese cometido un delito aquí en el Ecuador. Ahora ya se puede hacer aquello, es decir, procede la extradición siempre y cuando el Estado requirente lo solicite y determine ciertas condiciones o requisitos para el mismo.
Y la novedad igual tiene que ver con seguridad, es la justicia especializada en materia constitucional, que evidentemente va a reformar a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, para evitar aquello que se dio en el pasado con la desnaturalización de los Hábeas Corpus.
Que tienen que pasar por la Asamblea Nacional y ahí el Gobierno Nacional se va a tomar como un tema evidentemente político, porque a pesar de los plazos establecidos en los anexos, Maza considera que van a existir las pugnas en el Legislativo.
Reformar en el debate el Código Orgánico Integral Penal y la Ley Orgánica de Extinción de Dominio y a su criterio el pueblo ecuatoriano optó por el incremento de las penas y el cumplimiento de las penas en su totalidad.
También mencionó por ejemplo que la Revolución Ciudadana está muy debilitada, desde lo político, porque ellos auspiciaban el no, a pesar que los resultados les va a obligar desde lo político, desde lo moral, en la Asamblea cuando envíe el proyecto de ley, piensa que no van a poder poner las ‘zancadillas’ que están acostumbrados a poner, para sacar un beneficio a favor o intervenir en la justicia, dijo Maza.
Y que también eso dependerá del Ejecutivo de como se ‘mueva con las bancadas’, teniendo en cuenta que el movimiento Construye, también está ‘embroncado’ con el Ejecutivo. (DIARIO CORREO)
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