El fiscal general subrogante, Wilson Toainga ha pedido este martes 4 de junio al juez Javier de la Cadena que dicte prisión preventiva en contra de trece nuevas personas vinculadas al Caso Purga, en el que se investiga la actuación de un grupo de delincuencia organizada al interior de la Corte de Justicia de Guayaquil. El principal investigado es el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes, y su esposa Mónica Alvarado, a quienes se acusa de manejar las sentencias dictadas por los jueces.
La principal vinculada, entre los nuevos vinculados, es Mercedes Leonor Villarreal Vera, de 56 años, directora provincial de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura (CJ) en Guayas, a quien se acusa de haber llegado al cargo por Pablo Muentes, y quien también se desempeñó como directora de Control Disciplinario de esa institución.
Entre los colaboradores se encuentra Tatiana Carolina Villafuerte, que fue asesora de Pablo Muentes en la Asamblea Nacional, y posteriormente jueza de Bolívar. De ella, Mayra Salazar dijo que escribió lal sentencia que luego firmaron los jueces, ordenando al Banco del Pacífico que pague una millonaria indemnización en favor de Muentes.
Rubén Andrés Díaz, ayudante judicial del Consejo de la Judicatura en Guayas y trabajó directamente con el juez Johann Marfetán, también procesado en el caso Purga.
Hugo Manuel González, juez de la Corte Provincial del Guayas que llegó a ser su presidente en enero de 2024, pero renunció el pasado 8 de marzo, cuando salió a la luz la investigación del caso Purga.
Caso Banco del Pacífico
El juez José Daniel Poveda Araus, que integró el tribunal que tuvo a cargo una de las apelaciones en el caso del Banco del Pacífico, en el que Pablo Muentes se benefició de una sentencia de unos US$cuatro millones. Fue detenido el 2 de junio, en el aeropuerto de Guayaquil cuando intentaba salir del país.
Andrea Mercedes Patiño, jueza de cantón Durán. Fue parte del proceso de un habeas data que ordenó la anulación de fichas catastrales y el registro de un terreno a nombre de Fausto Alarcón, primo de Pablo Muentes.
Susana Vanessa B. Es funcionaria del área de sorteos de la Corte Provincial de Guayas. Está relacionada con Mayra Salazar por haber sido quienes descifraban el sistema de sorteos para favorecer una causa de Pablo Muentes y que recaiga en un tribunal que él solicitó.
Jackeline Vernise Domínguez, era coordinadora de Talento Humano del Consejo de la Judicatura en Guayas.
Mirian Jessenia Rodríguez, secretaria del Consejo de la Judicatura en Guayas.
Silvia Erminia Orozo, fue jueza de la Unidad Judicial Civil de Guayaquil. Tuvo a su cargo una de las causas presentadas por el Banco del Pacífico en contra de Pablo Muentes.
Cuerpo de Ingenieros del Ejército
Esteban Andrés Chávez, asesor jurídico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Mayra Salazar lo ha identificado como “Andrés Militares”. Habría sido quien coordinó la remodelación del piso de la Presidencia de la Corte Provincial del Guayas a cambio de una sentencia.
Coronel Juan Xavier Riofrío, Comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Habría participado en las reuniones con Fabiola Gallardo para hablar sobre el proceso en contra de la Empresa de Obras Públicas de Quito.
Coronel Freddy José Játiva, excomandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Presidía la institución cuando se presentó una acción de protección por el contrato con la Empresa de Obras Públicas de Quito.
Con las vinculaciones de este 4 de junio, la causa cuenta con 25 personas procesadas. Desde este 4 de junio la instrucción fiscal se extiende 30 días la etapa de instrucción fiscal, es decir, pasa de 90 a 120 días en total.
Como varios de los vinculados se encontrarían fuera de la jurisdicción ecuatoriana, el fiscal Toainga pidió que se notifique a la Interpol a fin de que se los localice en cualquier país del mundo. En este caso estaría Mercedes Villarreal, que la noche anterior a que se diera el operativo en el que se detuvo a los primeros doce procesados en Purga, el 3 de marzo pasado, salió del país vía aérea con destino a Barcelona (España).
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