Quito (Pichincha), 01 de julio de 2024.- La Fiscalía General del Estado vinculó a diecisiete personas –en calidad de autores– a la causa en la que se investiga el delito de delincuencia organizada, entre ellas, Cristian R., como presunto líder de la estructura delincuencial, y a jueces de la Corte Provincial de Santo Domingo.
El juez Manuel Cabrera acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para catorce, mientras que, para otros dos, arresto domiciliario y uso de dispositivo electrónico por ser adultos mayores; y, para una vinculada –por su estado de gestación– dispuso prohibición de salida del país y presentaciones periódicas.
La decisión incluye la retención de cuentas para todos los procesados por un monto de un millón de dólares, dividido de forma proporcional para todos los vinculados.
En un principio, esta causa estaba a cargo de la Fiscalía Provincial de Pichincha. No obstante, la investigación –a través de testimonios anticipados y cooperaciones, cotejados con los elementos de convicción recabados– determinó que también habrían participado jueces que son sujetos de fuero de Corte, por lo que el caso pasó a la Fiscalía General.
Durante la audiencia de vinculación, la Institución expuso su teoría del caso, en la que individualizó la participación de cada uno de los vinculados y relató que desde el año 2022 se empezó a gestar una estructura criminal liderada por el hoy vinculado Cristian Giovanny R. M., quien tuvo como coidearios a sus colegas Lenin Javier V. y Hugo Alexander L. H. (ya procesados).
Los treinta y un procesados habrían sido parte de dicha estructura, dedicada a captar a personas privadas de libertad sentenciadas o con prisión preventiva –por asesinato, tráfico de drogas, violación, entre otros– para ofrecerles recuperar su libertad –de forma ilegítima– mediante acciones constitucionales que se tramitaban en Santo Domingo, Azuay, Chimborazo y Pichincha.
Estas acciones incluían la adulteración de certificados médicos y la construcción de arraigos falsos para otorgar libertad a miembros del GDO “Los Lobos”.
Por estos “favores”, se ofrecían a cambio de altas sumas de dinero que, a su vez, eran negociados con jueces y secretarios judiciales, con el fin de obtener sorteos directos en dichas acciones constitucionales, y cuyas resoluciones habrían derivado en la libertad de los procesados.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, presentó más de treinta y tres elementos de convicción que dan cuenta de las intenciones de los hoy vinculados, de desnaturalizar el sistema de justicia, mediante la perpetuación de delitos, a cambio de réditos económicos, como cohecho agravado, tráfico de influencias, concusión, prevaricato, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y oferta de realizar tráfico de influencias, desarrollados dentro del tráfico cotidiano de la justicia ecuatoriana.
Los diecisiete vinculados se suman a las catorce que ya eran procesadas desde el 4 de abril del año en curso.
La instrucción fiscal se extiende por treinta días más.
Información jurídica
Fiscalía formuló cargos contra los involucrados por el delito de delincuencia organizada, tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente hasta antes de la reforma de marzo de 2023, pues los hechos se habrían cometido antes de esa fecha. (FGE)
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