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Diana Salazar arremete contra ‘banda’ por datos de su embarazo: ‘Con mis hijas nadie se va a meter’

«Reto a todos los mentirosos e inescrupulosos a que propongan tres médicos para que sean esos profesionales de la salud quienes certifiquen que todo lo que dice esta banda, porque eso es lo que son, es una vil mentira«. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, denunció la filtración de información sobre su embarazo, este jueves 11 de julio del 2024.

A través de una carta, difundida en sus redes sociales, la Fiscal denunció la divulgación de información considerada privada, como son sus datos de salud. «Con mis hijas nadie se va a meter. Como madre y como mujer les digo: ¡Ya basta!«, enfatizó Diana Salazar, al dar a revelar que se encuentra embarazada de una niña.

«Todo tiene un límite. No voy a tolerar más infamias de los mentirosos de siempre, que con tal de conseguir impunidad, han sido capaces de rebasar toda frontera, no solo legal, sino moral, ética y humana«, añadió la funcionaria.

Según Salazar, una mujer contravino «varias normativas que protegen la privacidad y confidencialidad de los datos personales«. Por ejemplo, la Fiscal mencionó normas como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Ley Orgánica de Salud, Ley de Derechos y Amparo al Paciente.

¿Correísmo quiere juicio en medio de embarazo de riesgo?

La carta de la Fiscal se difundió horas después de que se conociera que la asambleísta Gissela Garzón, del movimiento Revolución Ciudadana (correísmo), había solicitado al Consejo de la Administración Legislativa (CAL) que informara el «estado de seguimiento» a un informe del Procurador General del Estado, el cual consideró en mayo que el máximo organismo de la Asamblea tenía competencia para suspender el juicio político contra la Fiscal.

El CAL suspendió el trámite del juicio impulsado contra la Fiscal por el correísmo, el 17 de mayo del 2024, debido a que Diana Salazar afrontaba «un embarazo calificado médicamente como de alto riesgo«. La legisladora Gissela Garzón plantea un seguimiento a ese estado de gestación para definir si se puede retomar el juicio.

Diana Salazar habla de filtración de datos de su salud

«Esta filtración, que lamentablemente ha sido propiciada por una mujer, viola mis derechos como ciudadana y como mujer embarazada a la privacidad y la confidencialidad», señaló la fiscal general del Estado, Diana Salazar, este jueves 11 de julio.

«Mi vida privada, la vida que crece dentro de mí, la privacidad de mi familia y nuestra seguridad no son cuestiones que le atañan a nadie más que a nosotros como familia«, añadió la funcionaria en su carta dirigida a la opinión pública.

«Queda claro que esta gente busca desesperadamente separarme de mis funciones como Fiscal General del Estado, porque no les interesa llegar a la verdad procesal de los hechos porque quieren seguir viviendo en la impunidad«, agregó la Fiscal, quien señaló que no se aferra al cargo (su período terminará en el 2025).

Salazar adelantó que iniciará acciones legales. «No voy a permitir que se sigan metiendo con lo más sagrado que hay en mi vida: mi familia«, escribió en su carta.

El Código Orgánico Integral Penal prohíbe la difusión de información de circulación restringida y la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres que garantiza la confidencialidad y privacidad de los datos personales de las mujeres y sus descendientes.

Anuncio del embarazo

En mayo del 2024, Diana Salazar informó al Consejo de Administración Legislativo (CAL) de la Asamblea Nacional sobre su embarazo de alto riesgo.

La funcionaria adjuntó un certificado médico, validado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), porque «no tengo nada que ocultar y porque es lo correcto por hacer«.

Tras conocer del embarazo, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, consultó a la Procuraduría General del Estado si el CAL era competente para suspender el trámite del juicio político por la condición actual de la Fiscal.

El informe del Procurador dijo que «es procedente suspender la sustanciación y tratamiento del juicio político a fin de proteger los derechos de la persona». (TELEAMAZONAS)

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