Quito (Pichincha), 23 de julio de 2024.- El 23 de noviembre de 2023, alrededor de las 22:30, los servidores policiales Édisson P. y Alejandro A. habrían incurrido en el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, disparando contra una ciudadana de 39 años.
El hecho ocurrió en el sur de Quito.
Las lesiones causadas –producto de la penetración de un proyectil de arma de fuego– determinaron una incapacidad física de nueve a treinta días.
Según la teoría del caso de Fiscalía, la víctima se transportaba en un automóvil color blanco, luego de asistir a una iglesia evangélica a la que acudía con regularidad. En el auto iban cuatro personas más, entre ellas su hija pequeña.
A la altura del barrio Lucha de los Pobres, la familia observó que una camioneta se acercaba por el costado derecho de forma inusual, por lo que procedieron a maniobrar de forma evasiva. Entonces, el otro automotor inició una persecución, para luego cerrarles el camino. De la camioneta se bajaron personas vestidas de civiles con armas y encapuchados.
Los agraviados –por el susto– intentaron huir y llamaron al ECU 9-1-1 para solicitar ayuda.
El auto blanco se impactó contra otro a la altura de las avenidas Pedro Vicente Maldonado y Gonzalo Pérez Bustamante. Ahí observaron un patrullero, por lo que –creyendo que era el auxilio enviado por el ECU 9-1-1– una de las personas del automóvil detuvo la marcha del vehículo oficial. Sin embargo, los agentes habrían hecho uso de sus armas de dotación, disparando e hiriendo a la mujer.
Fiscalía formuló cargos contra los servidores policiales en servicio activo, el jueves 18 de julio. Entre los elementos de convicción se presentaron: el examen médico-legal practicado a la víctima, el informe de inspección ocular técnica y de reconocimiento de indicios encontrados, versiones de varias personas, informe de inspección técnico balístico, informe de valoración psicológica a la agraviada, entre otros.
La Jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Quitumbe –acogiendo el pedido de Fiscalía– ordenó prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante la autoridad competente para los procesados. Además, dictó medidas de protección a favor de la víctima.
La instrucción fiscal durará noventa días. (FGE)
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