Ciudadano sentenciado por extorsionar a comerciante

Guayaquil (Guayas), 07 de agosto de 2024.- La Fiscalía obtuvo sentencia condenatoria de cinco años de prisión para el ciudadano Freddy Javier A. O., acusado de extorsionar –vía celular– a un comerciante, exigiéndole dinero a cambio de no atentar contra su vida, la de su familia y de los trabajadores de su negocio.

En audiencia de juzgamiento, realizada en la Unidad Judicial Albán Borja, la Fiscal de Patrimonio Ciudadano presentó las pruebas documentales, periciales y testimoniales recaudadas para demostrar la materialidad de la infracción y la responsabilidad penal del procesado en el hecho.

Entre estas, los informes investigativos realizados por la Policía Judicial, el reconocimiento del lugar de los hechos, la denuncia presentada por el afectado y ocho pruebas más, como el testimonio anticipado de la víctima, donde reconoció al extorsionador.

Fiscalía demostró que el 14 de septiembre de 2023, a través de mensajes de texto, exigieron a la víctima un pago inicial de 5.000 y un pago mensual de 2.000 dólares y ante las presiones y las amenazas realizadas contra él y su familia –la que incluía una amenaza de bomba en su local comercial-, aceptó el trato.

Les dijo que entregaría un pago inicial de 200 dólares hasta completar el total de la extorsión, lo que fue aceptado por los agresores, con quienes se concertó un encuentro en los patios de comida de un centro comercial, al norte de Guayaquil.

Es así que le entregó el dinero, al ahora sentenciado, en el lugar acordado y el personal de la Unidad de Antisecuestro y Extorsión, de la Policía Nacional, que estaba al tanto de la denuncia, logró detenerlo antes de que pudiera abrir el sobre manila.

El Tribunal Penal por unanimidad emitió sentencia condenatoria de cinco años, en el grado de autor directo, e impuso una multa de cuatro salarios básicos unificados, además 1.840 dólares como reparación integral para la víctima.

Información jurídica

Fiscalía procesó este caso con base en lo dispuesto el artículo 185, del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona el delito de extorsión con pena privativa de libertad de tres a cinco años. (FGE)

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