En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) se ha generado un nuevo escenario de disputa. En esta ocasión, el tema que ha enfrentado a unos contra otros es la designación del próximo Fiscal General del Estado, debido a acusaciones de que el borrador del reglamento permitiría la postulación de narcocandidatos
El documento en cuestión fue elaborado por el consejero Augusto Verduga. En este constan los parámetros para la conformación de la comisión encargada de la selección, así como los requisitos de los postulantes. Sin embargo, el consejero Juan Esteban Guarderas dice que la propuesta “huele mal” porque no tiene los candados necesarios para elegir al funcionario más capacitado.
El proceso de selección debería concretarse hasta abril de 2025, cuando culmine el periodo de Diana Salazar. ¿Existe el riesgo de que se escoja a un Fiscal ligado a grupos narcocriminales?
El reglamento propone que puedan participar personas con denuncias en el concurso para elegir al Fiscal
El principal cuestionamiento al borrador presentado por Verduga es que, entre los requisitos de probidad, consta que los candidatos no tengan una sentencia ejecutoriada. Sin embargo, en el artículo 16 del borrador se especifica que una persona que tenga denuncias en su contra o que sea procesada en un caso abierto de la Fiscalía sí puede participar.
El consejero Guarderas plantea un ejemplo, dice que con la propuesta actual, las personas que son investigadas en los casos Metástasis, Purga o Plaga podrían postularse al concurso, siempre que cumplan con los demás requisitos.
Explica que el cargo en cuestión es uno de los más importantes del país porque de la gestión de la persona electa dependerá la lucha contra criminales.
De ahí nace la acusación que lanzó en la sesión del 21 de agosto de 2024, cuando dijo que hay probabilidades de postulaciones “narco” a la Fiscalía.
Verduga respondió llamando mamarracho a Guarderas e increpó ese señalamiento rechazando tajantemente que tenga algún interés de beneficiar a grupos delictivos.
Verduga argumenta que en la iniciativa que presentó se habla de sentencias ejecutoriadas porque grupos contrarios a los participantes pueden presentar denuncias aleatorias con el fin de entorpecer el concurso y descalificarlos.
Además, cree que hay una banalización del término narco, porque se utiliza sin fundamentos, cuando es un problema que aqueja al país.
Por otro lado, Guarderas dice que el próximo Fiscal debe ser “superhombre o supermujer”, considera que los parámetros establecidos no son suficientes para escoger a la persona mejor capacitada y propone otros como tener título de PhD, un historial judicial limpio o que en su ejercicio profesional como abogado no haya defendido a personas involucradas en delitos de narcotráfico.
Otro tema que también provocó varias reacciones es la eliminación de la prueba oral. Juristas expertos en materia penal defendieron que exista esta evaluación porque es clave que el Fiscal pueda defender sus investigaciones en los tribunales.
Sin embargo, Verduga dice que cuando socializó el primer borrador no recibió comentarios ni retroalimentación de la propuesta. El Pleno aprobó un cronograma para trabajar en la propuesta, con el objetivo de aprobarlo hasta el 30 de agosto de 2024.
En la mesa técnica, prevista para el 27, podrán incluir las ideas de los demás consejeros.
Los intereses políticos han provocado las diputas en el Cpccs
Para nadie es un secreto que en el Cpccs hay intereses partidistas de cada uno de sus miembros.
El más evidente es el consejero Verduga que se candidatizó con los demás miembros de la llamada Liga Azul, auspiciada por el expresidente Rafael Correa. Ahora, a propósito de las elecciones de 2025, el funcionario participó en las primarias de la Revolución Ciudadana como precandidato a la Presidencia.
Ese es el principal argumento de Guarderas contra Verduga, porque considera que un documento elaborado por él no es imparcial y que obedece a los intereses del correísmo.
Verduga responde acusando a Guarderas de ser artífice de Carondelet, porque presentó una denuncia electoral contra la principal adversaria del presidente Daniel Noboa, la vicepresidenta Verónica Abad.
En general, los concursos del Cpccs se han desarrollado de esa manera, bajo tropiezos y acusaciones. Todo parece indicar que el de la Fiscalía no será la excepción. (ECUAVISA)
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