Nulidad parcial del concurso de jueces recibe críticas

La reciente decisión del Consejo de la Judicatura (CJ) de anular parcialmente el concurso para jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) genera una ola de críticas entre abogados y expertos del ámbito jurídico. La medida, tomada tras una extensa sesión que comenzó pasadas las 19:00 de este lunes, fue recibida con escepticismo por parte de la comunidad legal, que cuestiona la efectividad de una anulación que sólo abarca ciertas etapas del proceso.

Los abogados expresaron su desacuerdo con la decisión, argumentando que una anulación parcial no resuelve de manera integral los problemas que afectan a la selección de jueces.

EXPERTOS

El abogado en libre ejercicio, Jorge Augusto Rojas, ofreció su perspectiva, la nulidad parcial es una decisión que debería haber sido una nulidad total. “Mi criterio como profesional es el mismo que sostiene el Colegio de Abogados de Pichincha; el concurso debería haber sido anulado en su totalidad. La administración de justicia se ve afectada, ya que la anulación parcial no resuelve los problemas subyacentes”, explicó.

Rojas señala que la decisión del Consejo de la Judicatura se basa en cuestiones de forma más que de fondo, sin explicar claramente las razones detrás de la nulidad parcial. “No se ha detallado a la ciudadanía cuál es el problema real. La norma citada en el artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial se refiere a inconsistencias en el proceso, pero no se clarifica qué inconsistencias se encontraron. El fondo del problema, que podría estar relacionado con la contratación de la empresa encargada de las pruebas de confianza, no se ha abordado adecuadamente”, comentó Rojas.

Para Rojas, es crucial que la justicia y la transparencia prevalezcan en el proceso de selección de jueces. “El interés debe ser corregir el fondo del problema y no simplemente repetir los errores. La Corte Nacional de Justicia necesita jueces idóneos, y no podemos permitir que quienes ya han demostrado deficiencias continúen en el proceso”, dijo.

El abogado también criticó la falta de motivación en la resolución del Consejo de la Judicatura, señalando que citar artículos legales sin explicar su aplicación a los hechos específicos no constituye una verdadera justificación. “Debería haber explicado detalladamente las razones detrás de la nulidad parcial. Sin una explicación clara, la confianza en el proceso se ve comprometida”, añadió.

En su opinión, las nuevas autoridades deberían encargarse de la depuración del proceso. “Lo que no se resolvió en años no se resolverá en seis meses. La depuración del proceso de selección debería estar en manos de las nuevas autoridades para asegurar una selección transparente y justa”, concluyó el abogado.

Mientras para el abogado en libre ejercicio y Magíster en Derecho con mención en Derecho Procesal, Luis Rosero Pereira, explicó que, desde el punto de vista jurídico, es esencial garantizar que las decisiones en materia judicial sean justas y transparentes. “La decisión del presidente Mario Godoy de anular la aprobación del examen de confianza es una medida necesaria para asegurar la integridad del proceso. Esta decisión fue tomada en colaboración con varias direcciones y departamentos, incluyendo la Dirección General, Direcciones Nacionales de Talento Humano, Jurídico y Transparencia”, indicó Rosero.

El abogado detalló que, según la información disponible, la decisión se basa en la identificación de errores insubsanables en el examen de confianza. “El presidente Godoy dispuso un término de 15 días para que la Dirección de Talento Humano realice los ajustes administrativos y legales necesarios. Además, se implementará una nueva metodología para retomar el concurso”, señaló Rosero.

Sin embargo, Rosero también destacó una preocupación más amplia sobre el estado de la administración pública en el país. “Lamentablemente, en nuestro país existen irregularidades en muchas áreas y departamentos. Esta situación está profundamente arraigada y, a pesar de los esfuerzos del gobierno central, la corrupción y los problemas sistémicos persisten”, agregó.

Rosero subrayó que la transparencia y la justicia son fundamentales para el buen funcionamiento del sistema judicial y administrativo.

OTRA VISIÓN

Para la abogada Valeria Elizalde, experta en Derecho Procesal, comentó que la decisión del Consejo de la Judicatura, aunque sorprendente para algunos, era predecible debido a los múltiples problemas que enfrenta el concurso. “El concurso ha tenido varios incidentes desde el inicio. La nulidad parcial, en lugar de total, da un mal sabor de boca porque si ya se han admitido errores y deficiencias, se debería haber anulado todo el proceso”, afirmó.

Según Elizalde, la nulidad parcial mantiene la prueba de confianza, uno de los elementos más críticos del concurso. “El Consejo debería haber abordado los problemas de manera más exhaustiva, empezando desde cero. La credibilidad del concurso está comprometida y la imagen del sistema judicial no mejora con decisiones parciales”, explicó.

La abogada destacó la importancia de establecer mecanismos más rigurosos para la contratación de empresas encargadas de las pruebas de confianza. “El estado debe ser más cuidadoso con los contratos que firma, ya que se trata de recursos públicos. La empresa que realiza las pruebas debe tener una trayectoria sólida y comprobada”, subrayó.

Elizalde también se refirió a la pérdida de confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. “La imagen del Consejo de la Judicatura queda dañada cuando se admiten errores en un proceso que debería ser ejemplar. La percepción pública es que puede haber manipulaciones o favoritismos”, agregó.

En cuanto a la legalidad de la disposición, la abogada comentó que, aunque el Consejo tomó su decisión, la responsabilidad y el análisis previo al concurso no fueron adecuados. “El Consejo ha hecho una declaración de nulidad parcial con cierta motivación, pero el proceso debería haber sido revisado desde antes. La falta de transparencia y las dudas que surgen afectan la legitimidad del proceso”, dijo.

Finalmente, Elizalde hizo un llamado a la ciudadanía para involucrarse de manera constructiva en el proceso judicial y asegurar que los postulantes al concurso sean verdaderamente aptos y preparados. (MARIA JOSE ALBA – DIARIO CORREO)

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