Fernando Muñoz, juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), admitió a trámite la denuncia por violencia política de género que interpuso la concejal Ana Chóez en contra de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil.
Con ello, fijó para el 3 de octubre la audiencia única de pruebas y alegatos en la que deberán comparecer ambos, en el edificio del TCE en Quito.
Chóez, edil socialcristiana, señaló en su querella que Aquiles Álvarez ha incurrido en tres infracciones del Código de la Democracia relacionadas a la violencia política de género:
- Realizar cualquier expresión que denigre a las mujeres durante el proceso electoral y en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública, limitar o anular sus derechos políticos
- Imponer sanciones administrativas o judiciales injustificadas o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad
- Restrinjan el uso de la palabra de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, impidiendo el derecho a voz, de acuerdo al principio constitucional de igualdad y no discriminación
La denunciante apuntó que esto ha ocurrido con su exclusión sistemática de las transmisiones en vivo de las sesiones de cada semana del Concejo Municipal de Guayaquil.
La última vez que se mostró en cámara su rostro fue en la sesión itinerante del 16 de noviembre de 2023, Desde entonces, cuando Choéz interviene, solo se transmite su audio y la cámara muestra otros planos, de los demás concejales o del público.
Además, sostuvo que ha sido víctima de acusaciones públicas sin fundamento y comentarios denigrantes por parte del alcalde, como ocurrió el 11 de diciembre del 2023.
“Usted está así por el tema de las tablets en la Fiscalía. Entiendo que ya fue rendir versión, ¿no? Y ese proceso continúa, entonces usted obvio me odia, entonces ese odio en la nubla (…) “por esto el país está en la m, por perfiles como usted, que solo vienen a molestar y no a trabajar“, expresó Álvarez aquel día.
La violencia política de género, al ser considerada como una infracción electoral muy grave, puede desencadenar en una destitución del cargo, multas de 21 sueldos básicos unificados, o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años.
Esto significó que sea la segunda denuncia admitida contra Álvarez por esta causal, pues esta semana también se tramitó la querella interpuesta por la legisladora Lucía Jaramillo.
La asambleísta de ADN presentó la acusación luego de que el alcalde de Guayaquil le dijera “niña vaga” y “vocera turra” del Gobierno Nacional. La audiencia por este caso se llevará a cabo el 20 de septiembre. (DIARIO CORREO)
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