Los enfrentamientos que se extienden a las zonas mineras de El Oro y Azuay, en lo que va del año registran múltiples ataques y actos de brutalidad lo que revela una cifra de al menos 16 muertes vinculadas a la disputa por minería ilegal.
MASACRES Y VIOLENCIA EN LAS ZONAS MINERAS
La violencia se intensificó en la zona minera de Azuay, donde el 27 de junio se descubrió ocho cuerpos en la mina “Estrella de Oro” en Camilo Ponce Enríquez. Los cuerpos estaban decapitados, quemados e identificados. Las investigaciones preliminares sugieren que estos asesinatos podrían haber sido actos de venganza relacionados con incidentes previos en la zona. La Dirección de Muertes Violentas (Dinased) confirmó que los cuerpos estaban en avanzado estado.
El 20 de julio, la violencia continuó con el asesinato de Víctor Rafael Yunga Jame y Alexander Alejandro Chirinos Pérez en una mina en Bella Rica, Piñas. Al menos ocho atacantes, vestidos con uniformes de seguridad y armados con fusiles, mataron a los trabajadores mineros mientras buscaban información sobre un ataque previo que había destruido volquetas y otras instalaciones. Los enfrentamientos se extendieron hasta el 21 de julio, con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas realizando operativos en la zona, que resultaron en la detención de 12 posibles terroristas y la incautación de armas y municiones.
MÁS VIOLENCIA EN PIÑAS Y EL GUABO
El 15 de agosto, en El Guabo, las cabezas de Adrián Leonardo Bailón Muñoz y Walter Javier Cortez Grueso fueron encontradas en una funda negra en la vía a Tendales. Bailón había sido decapitado en Tama, mientras que la cabeza de Cortez fue hallada afuera de un colegio en el norte de Machala. Según las primeras investigaciones, serían las cabezas de quienes fueron asesinados el 27 de junio.
El 22 de agosto, una planta de beneficio en Piñas fue escenario de un robo violento que dejó una persona muerta y dos heridas. Testigos reportaron disparos y un vehículo incendiado en el lugar. La Policía y los bomberos llegaron para controlar la situación, y las investigaciones están en curso para identificar a los responsables.
NUEVOS ACTOS VIOLENTOS
El 2 de septiembre, el empresario minero Daniel Salvador Cedillo Huanga, de 49 años, fue asesinado con al menos ocho disparos en la cabeza en la zona de Los Ciruelos, Piñas. Cedillo, que viajaba con su familia después de procesar oro, fue atacado por sicarios en motocicleta. Las personas que lo acompañaban resultaron ilesas y alertaron al ECU-911. La Policía Nacional acordonó el área y reconoció pruebas en el lugar del crimen.
El 6 de septiembre, Manuel Fernando Cabanilla Samaniego, de 25 años, fue asesinado en su hogar en el barrio Rayito de Luz, Machala. Un grupo de al menos 15 hombres armados y encapuchados, que se hicieron pasar por policías, irrumpió en la vivienda buscando joyas y dinero. Tras matarlo, los agresores robaron $3.000, joyas y otros bienes antes de escapar. La víctima, quien se habría dedicado a la minería ilegal, puso resistencia y se negó a darles información, entonces los delincuentes procedieron a matarlo disparándole al cuerpo. La Policía encontró a la esposa y a la hija de Cabanilla escondidas en la cocina, en estado de shock.
ASESINATO DEL ALCALDE DE PORTOVELO
El 19 de abril de 2024, el alcalde de Portovelo, Jorge Maldonado, fue asesinado a tiros por dos sujetos en motocicleta. Los atacantes dispararon contra Maldonado mientras se encontraban en su vehículo personal. Los investigadores identifican a Andy Yair y Carlos Jhonny como los principales sospechosos del crimen, quienes tienen antecedentes por robo y tenencia de armas. Ambos fueron detenidos en Guayaquil.
La hipótesis principal sugiere que Maldonado fue asesinado por su negativa a colaborar con bandas delictivas involucradas en la minería ilegal.
INTENDENCIA
Ante esto se consultó con Carrión, sobre estos ataques que aparentemente son perpetrados en su mayoría por grupos armados organizados que buscan controlar estos sectores para financiar sus operaciones.
“Es un tema que genera muchísima preocupación”, indicó, “las fuentes de inteligencia y la ciudadanía confirmó que estos sectores son invadidos por grupos armados organizados que buscan controlar el territorio para sus actividades ilegales”, dijo.
ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD
El Intendente explicó que, aunque El Oro no tiene jurisdicción directa sobre el cantón Camilo Ponce Enríquez, las Fuerzas Armadas con base en El Oro tienen responsabilidad en la seguridad de la zona. La Brigada de Infantería de El Oro está a cargo de las operaciones militares en el cantón azuayo.
“Estamos aplicando una estrategia similar a la que se usa en Camilo Ponce Enríquez en otras áreas de El Oro, donde también se han presentado alertas sobre la presencia de grupos armados que afectan la minería legal”, señaló Carrión. Esta estrategia incluye un análisis y una intervención en las zonas afectadas para evitar que la situación empeore.
PROBLEMAS EN ZARUMA Y OTRAS ZONAS
El Intendente también mencionó los problemas persistentes en el cantón Zaruma, donde la minería ilegal afecta a la población y provoca temor debido a las explotaciones debajo del casco urbano. Las autoridades están trabajando para abordar estos problema. Además, se están registrando disputas por territorios mineros en otras áreas, como Portovelo y Santa Rosa. “Las disputas territoriales entre grupos delictivos son un problema recurrente en varias provincias, y estamos haciendo todo lo posible para controlar esta situación”, añadió. (MARIA JOSE ALBA -DIARIO CORREO)
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