Quito (Pichincha).- El allanamiento fue ejecutado en un centro de tolerancia, ubicado en el sector La Mariscal.
En ese lugar se rescató a una adolescente de 17 años de edad, quien, presuntamente, habría sido víctima de explotación sexual.
El operativo, que se dio en flagrancia la noche del 3 de octubre de 2024, fue liderado por Fiscalía, en coordinación con la Unidad contra la Trata de Personas de la Policía.
Héctor A. R. y Juan Francisco A. T., propietario y administrador del establecimiento, respectivamente, fueron aprehendidos debido a la situación irregular en la que estaría trabajando la adolescente en el centro de diversión nocturna.
Según el parte policial recibido por Fiscalía, durante la intervención en el lugar, Héctor A. R. intentó escapar por una puerta de emergencia. Sin embargo, uno de los uniformados que participó en el allanamiento advirtió su intento de evadir el control.
La adolescente fue encontrada en una de las habitaciones del inmueble. Al solicitarle un documento de identificación, presentó una denuncia por la pérdida de sus papeles. Sin embargo, la joven confirmó que tenía 17 años.
Una de las diligencias solicitadas por Fiscalía fue la práctica de una pericia psicológica a la víctima. Además, se receptaron las versiones de los agentes aprehensores, entre otros elementos de convicción que se citaron en la audiencia de calificación de flagrancia.
Fiscalía pidió al Juez que, sobre esa base, ordene la prisión preventiva contra los dos procesados. La solicitud fue aceptada por el magistrado y dispuso dicha medida cautelar. La instrucción fiscal en esta causa será de treinta días.
Información jurídica
Fiscalía procesa esta causa por el delito de explotación sexual de personas, tipificado en el artículo 100, inciso segundo del Código Orgánico Integral Penal: “(…)Si la conducta descrita se lleva a cabo sobre personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o enfermedad catastrófica, personas en situación de riesgo o se encuentren en situación de vulnerabilidad o si entre la víctima y la persona agresora se mantiene o se ha mantenido una relación consensual de pareja, de familia, conyugal o de dependencia económica o exista vínculo de autoridad civil, militar, educativa, religiosa o laboral, la pena privativa de libertad será de dieciséis a diecinueve años”. (FGE)
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