La inseguridad en Ecuador ha alcanzado niveles alarmantes, impactando profundamente la vida de sus habitantes. Los homicidios han incrementado, la proliferación de redes delictivas organizadas y una creciente sensación de vulnerabilidad reflejan un problema estructural que tiene sus raíces en factores como: la desigualdad social, fragilidad institucional, corrupción, impunidad y el narcotráfico.
Por más de cuatro décadas, nuestro país ha sido objeto de una constante penetración e infiltración del crimen organizado. Esta debilidad ha atraído a actores internacionales como la ‘Ndrangheta, mafias albanesas, el Comando Vermelho y el Tren de Aragua, así como cárteles mexicanos como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. La influencia del Clan del Golfo colombiano también se ha hecho presente. En el ámbito nacional, más de 23 grupos delictivos han sido catalogados como terroristas por el gobierno, exacerbando una crisis que desafía la estabilidad del Estado y la seguridad de la población.
Estas organizaciones criminales han evolucionado para adaptarse a las estrategias estatales, consolidándose en el narcotráfico y la minería ilegal, diversificando sus actividades ilícitas. Es preocupante el crecimiento de tres grupos nacionales: Choneros, Lobos y Tiguerones, que se han convertido en microcárteles en busca de mayor autonomía en el control de rutas de tráfico y redes logísticas. Este contexto refuerza su capacidad operativa y su influencia, como actores claves dentro de las redes transnacionales del crimen organizado.
“Expansión Táctica” Escenarios a corto plazo:
En los próximos 1-2 años, las bandas delictivas podrían intensificar su control territorial en zonas estratégicas como Esmeraldas, Guayas, Manabí y las regiones fronterizas. Estas disputas por rutas de narcotráfico aumentarán la violencia, mientras las instituciones estatales enfrentarán mayores riesgos de infiltración y corrupción.
Por otro lado, un escenario positivo implicaría el fortalecimiento de la coordinación internacional y estrategias preventivas que mejoren la presencia estatal en áreas vulnerables. Aunque esto podría reducir parcialmente la capacidad operativa de las organizaciones criminales, la confianza en el Estado podría restaurarse gradualmente.
Escenarios a mediano plazo: “Consolidación Criminal”
En un horizonte de 3-8 años, las bandas podrían consolidarse en los santuarios como verdaderos “microestados” en zonas donde el control estatal es débil. Estas organizaciones diversificarán sus actividades hacia la minería ilegal, el tráfico de armas y la trata de personas, operando con estructuras de gobernanza paralelas.
Un escenario positivo requeriría reformas profundas en las instituciones, fortaleciendo la justicia y la transparencia. El despliegue de programas sociales y de prevención en comunidades afectadas sería crucial para reconstruir el tejido social, mientras la cooperación internacional aportaría recursos y tecnología avanzada para desarticular redes delictivas.
Escenarios a largo plazo: “Crimen Transnacional Establecido”
En un plazo de 9-15 años, las bandas podrían evolucionar hacia estructuras altamente sofisticadas y diversificadas, integrándose en economías formales e informales. Podríamos observar la transformación de microcárteles a organizaciones delictivas transnacionales mucho más organizadas y con un papel importante dentro de la economía ilegal. Algunas regiones podrían convertirse en “santuarios intocables”, consolidando el control de actividades como el narcotráfico y exacerbando tensiones internacionales.
Sin embargo, un enfoque positivo implicaría alianzas internacionales robustas, fortalecimiento institucional y programas de desarrollo social que reduzcan las desigualdades y ofrezcan alternativas a las comunidades afectadas. Este enfoque podría mitigar significativamente el impacto del crimen organizado y devolver la estabilidad al país.
Acciones político-estratégicas urgentes.
El Estado ecuatoriano debe adoptar medidas integrales para combatir el crimen organizado, abordando varios frentes de acción. Es fundamental fortalecer las instituciones, lo que implica capacitar y equipar a las fuerzas de seguridad, garantizar la independencia del sistema judicial y luchar contra la corrupción en todos los niveles. Recuperar el control territorial también es prioritario, asegurando una presencia estatal constante en santuarios, puertos, fronteras y zonas vulnerables a través de estrategias de disuasión permanentes. (Presencia Disuasiva Permanente).
En paralelo, se deben implementar políticas preventivas que inviertan en educación, generación de empleo y programas sociales que fortalezcan el tejido comunitario y reduzcan la dependencia de actividades ilícitas. La cooperación internacional también juega un papel clave, con esfuerzos coordinados entre países vecinos y organismos multilaterales para intercambiar información, realizar operativos conjuntos y debilitar redes transnacionales.
Es igualmente crucial desarticular las redes financieras de estas organizaciones, utilizando tecnología avanzada para rastrear y confiscar recursos obtenidos de manera ilícita, desmantelando así las bases económicas que sostienen sus operaciones. Finalmente, actualizar el marco legal es imprescindible para sancionar de manera específica y efectiva delitos como el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas, asegurando que el sistema normativo esté alineado con los desafíos actuales que enfrenta el país.
Con un enfoque integral y sostenido, Ecuador podría revertir la crisis de seguridad, reconstruir la confianza en sus instituciones y avanzar hacia un futuro más seguro y resiliente para todos.
Por:
MSc. Crnl ® Mario R. Pazmiño Silva
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