El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, presentó disculpas públicas a las familias de los cuatro menores desaparecidos en Guayaquil y que luego fueron asesinados, en cumplimiento de una disposición judicial. Sin embargo, el acto incluyó fuertes advertencias hacia la jueza Tanya Loor, quien ordenó esta medida de reparación, y contra las organizaciones de derechos humanos.
Durante una cadena nacional de cuatro minutos y 47 segundos la noche del 6 de enero, Loffredo, rodeado de militares de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, anunció que llegará “hasta las últimas consecuencias” para que la magistrada sea sancionada y que investigará a las organizaciones que, según él, promovieron una narrativa de persecución política en torno a la desaparición de los niños.
El mensaje del ministro no aclaró los detalles del caso que involucra a 16 militares procesados por desaparición forzada. Por el contrario, reforzó un espíritu de cuerpo que, según analistas, busca proteger la imagen institucional de las Fuerzas Armadas, una práctica recurrente en casos similares.
Este enfoque ha generado críticas, particularmente en el contexto de un poder ampliado que el gobierno concedió a los militares al declarar un conflicto armado interno no internacional.
Luis Córdova, catedrático de la Universidad Central y experto en seguridad, explicó que esta protección a los investigados se enmarca en un año donde muchas detenciones realizadas por las Fuerzas Armadas ocurrieron en “una zona gris de legalidad”. Según el experto, las acciones del ministro, al amenazar con sanciones a la jueza y a las organizaciones de derechos humanos, podrían contribuir a configurar un delito de Estado, lo que tendría repercusiones en cortes internacionales.
Desde el 8 de diciembre, cuando ocurrió la desaparición de los menores, el mando militar ha respaldado a los 16 uniformados, quienes actualmente cumplen prisión preventiva. La instrucción fiscal concluirá en 90 días, mientras las investigaciones continúan bajo el escrutinio nacional e internacional.
La Corte Nacional de Justicia rechaza amenazas a los jueces, tras declaraciones del ministro Gian Carlo Loffredo
La Corte Nacional de Justicia rechazó este martes 7 de enero las amenazas a los jueces por los fallos que emiten y exigió respeto a la independencia judicial.
La entidad no hizo referencia a algún caso en particular, pero el comunicado surge después de las expresiones del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, quien en la víspera ofreció disculpas públicas a las familias de los cuatro menores desaparecidos en Guayaquil y que luego fueron asesinados.
Loffredo cumplió una disposición de la jueza Tanya Loor, quien ordenó esa medida de reparación.
No obstante, el ministro anunció que llegará “hasta las últimas consecuencias” para que la magistrada sea sancionada porque a su juicio ella no tenía las facultades para declarar la existencia de desaparición forzada.
En este contexto, la Corte expuso: “Amenazar o sancionar a jueces por sus decisiones legítimas es un ataque directo a este principio y al debido proceso. Desde la Corte Nacional de Justicia, rechazamos cualquier intento de interferencia en la Función Judicial y exigimos respeto absoluto a las resoluciones de los magistrados. La justicia debe ser imparcial y estar al servicio de la ciudadanía, no sujeta a presiones políticas”.
La Asamblea Nacional calificó de vergonzosa la cadena nacional de Gian Carlo Loffredo
En un comunicado emitido vía x este martes, la Asamblea calificó la intervención de Loffredo como vergonzosa y rechazó cualquier intento de intromisión en el ejercicio de las funciones del Estado.
El Legislativo dijo que le causa profunda preocupación y asombro las amenazas que el ministro de Defensa ha lanzado contra la jueza que ha cumplido su deber.
La Asamblea precisa que participó en la audiencia de habeas corpus de los menores mediante un amicus curiae, y aclara que no lo hizo como amiga del juez, como señaló el ministro.
Además, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces aseguró, en un comunicado, que pretende simular disculpas públicas al país.
Aseguran que no tolerarán más ataques a la independencia judicial, ya bien provengan estas de las diferentes funciones del Estado o de entidades particulares o privadas.
La decisión judicial adoptada por la señora jueza, en la acción de habeas corpus, en el caso denominado los cuatro de Las Malvinas, obedece exclusivamente a la Constitución, la ley, la justicia y a la evaluación de los medios de prueba presentados en el proceso, sostienen.
Asimismo, denuncian que el Estado, lejos de garantizar la seguridad de los jueces en el desempeño de sus funciones, ahora hace ataques públicos, lo que consideran reprochable. (ECUAVISA)
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