El nuevo consejero principal del Cpccs, Eduardo Franco Loor, se encuentra en Venezuela y este miércoles 8 de enero acudió a la posesión de la nueva directiva del Parlamento.
Fue saludado como coordinador general de la Coalición Nacional por la Patria, una agrupación que se considera de izquierda. También se lo describió como el exabogado de Jorge Glas.
Franco Loor no acudió al Pleno del Cpccs este miércoles 8 de enero. Él ya había enviado al presidente de la entidad, Andrés Fantoni, un oficio para explicar que se ausentará del país entre el 4 y el 12 de enero.
Es decir, también estará presente en la investidura de Nicolás Maduro el 10 de enero, a pesar de las enormes evidencias de fraude electoral que pesan sobre él. La mayoría de países democráticos reconocen el triunfo de Edmundo González Urrutia.
No es la primera vez que Franco Loor está en Venezuela. El 28 de julio de 2024 estuvo en ese país como veedor internacional durante esos comicios, donde la oposición demostró con actas el triunfo de González. El gobierno venezolano no aceptó esos resultados, por lo que el chavismo se aferra al poder.
Esto provoca que se avecinen horas clave en Venezuela. El 7 de enero, González denunció el secuestro de su yerno en Venezuela. El 8 de enero, María Corina Machado, denunció el sobrevuelo de drones en la casa de su madre por parte de “agentes del régimen”. Ese mismo día, el Parlamento chavista declaró personas no gratas a ocho expresidentes que apoyan a Edmundo González.
El ingreso de Franco Loor al Cpccs
El jurista se principalizó en el Consejo de Participación Ciudadana después de que Juan Esteban Guarderas fuera destituido y censurado por juicio político en la Asamblea Nacional.
Que ingrese al Cpccs ha generado cuestionamientos por su falta de imparcialidad, ya que abiertamente ha declarado comulgar con las ideas del expresidente Rafael Correa.
Además, en su contra tiene una sentencia de un juez del TCE por infracción electoral muy grave al haber realizado proselitismo político con la Revolución Ciudadana cuando era candidato para llegar al Cpccs con la autodenominada Liga Azul.
No obstante, ese fallo solo es de primera instancia y para cobrar validez debe ser ratificado en segunda instancia ante un Pleno. El proceso para resolver el caso se encuentra entrampado en una recusación.
El correísmo busca recuperar el control de instituciones del Estado, empezando por el Cpccs
Con la salida del exvocal Juan Esteban Guarderas, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) se reconfigura, integrado por una mayoría afín al correísmo. En manos de esa institución está la designación de las autoridades claves para este 2025, desde el próximo Fiscal General del Estado, hasta los vocales del Consejo de la Judicatura.
A la par, avanza el proceso para la selección de tres jueces de la Corte Constitucional. En ese concurso la Revolución Ciudadana tiene a sus candidatos.
Mientras que, en la Asamblea Nacional, con la renuncia de Henry Kronfle, quien se candidatizó a la Presidencia, el correísmo obtuvo ese cargo, primero con Viviana Veloz y ahora, que ella pidió licencia para la campaña, con Esther Cuesta.
La permanencia o no de la Liga Azul en el Cpccs depende del TCE
Mañana, 8 de enero de 2025, será la primera sesión del nuevo Cpccs, integrado por tres miembros de la Liga Azul: Yadira Saltos, Augusto Verduga, y el flamante consejero, Eduardo Franco Loor; así como Nicole Bonifaz que ha respaldado las votaciones de la Revolución Ciudadana. Y, del otro lado, está el presidente, Andrés Fantoni; la vicepresidenta, Johanna Verdezoto; y Jazmín Enríquez, quienes han mantenido votaciones conjuntas.
De la decisión de los consejeros dependen los procesos para la designación de los funcionarios. Por ejemplo, los vocales del Consejo de la Judicatura, que terminan sus funciones en este mes, y cuya principal tarea es el concurso para la designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia.
También está pendiente, para el Cpccs, la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyos vocales ya se están prorrogando en funciones y de quienes dependen los procesos democráticos.
Así mismo, los consejeros tienen que escoger al reemplazo de Diana Salazar en la Fiscalía General del Estado, concurso que debería culminar hasta abril de este año, cuando la funcionaria acabará su periodo. Esa es una de las instituciones más críticas, porque en ese despacho reposan investigaciones de corrupción y narcotráfico.
Y la renovación parcial del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), así como la designación de la autoridad de la Defensoría del Pueblo.
En teoría, el Cpccs es una entidad imparcial y apolítica, sin embargo, en la práctica, las organizaciones políticas se han disputado el control desde su existencia, en 2008, y, durante 10 años, hasta el gobierno de Lenín Moreno, cuando se creó el Consejo Transitorio, en 2018, el correísmo fue el decidor.
El TCE ya dictó en primera instancia una sentencia contra los miembros de la Liga de Azul por hacer campaña proselitista.
El concurso de la Corte Constitucional, con fichas del correísmo de por medio
El concurso para designar a tres jueces de la Corte Constitucional está en etapa de impugnación. Cuatro de nueve candidatos recibieron observaciones a sus postulaciones: Pamela Aguirre Castro, Claudia Salgado, Angélica Porras y José Terán. Las dos primeras son de la terna que envió la Presidencia; mientras que los siguientes son de la terna de la Asamblea, que fue propuesta por la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Pierina Correa, con 101 votos a favor.
Porras es la candidata relacionada con el correísmo, según las impugnaciones que se han presentado en su contra, por supuesta falta de independencia que podría tener si llegara a ejercer el cargo.
La abogada fue la abogada del exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, sentenciado por violación y esposo de Priscila Schettini, actual candidata para la Asamblea por la RC.
La Asamblea Nacional, también manejada por el correísmo
Esther Cuesta, así como Viviana Veloz, son claves en la titularidad del Legislativo para impulsar consignas de la organización política a la que representan. Por ejemplo, consiguieron obligar a los asambleístas principales que busca la reelección a que pidan licencia y principalicen a sus alternos, contrario a lo que pretendían algunos parlamentarios del oficialismo.
En cuanto a la agenda de fiscalización, en la Asamblea avanza el juicio político contra la vocal del Cpccs, Verdezoto, quien representa a los pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador, su reemplazo sería Ángel Chalá. El futuro de la consejera dependerá su capacidad de cabildear votos pues, en ciertas ocasiones, se ha puesto del lado del correísmo.
Más adelante está previsto tramitar el juicio político contra Mario Godoy, presidente de la Judicatura, pero su enjuiciamiento podría tardar o coincidir con la salida del cargo. (ECUAVISA)
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