La sentencia de la Corte Constitucional, que declaró la vulneración de derechos de una niña de cinco años, por discriminación de género en una institución educativa de Salinas, generó reacciones.
El pasado 28 de noviembre, los jueces Karla Andrade, Alejandra Cárdenas, Jhoel Escudero, Alí Lozada y Daniela Salazar, aceptaron una acción extraordinaria de protección presentada en 2017 por la Defensoría del Pueblo, en representación de los padres de la menor.
Los jueces ordenaron al Ministerio de Educación que diseñe un protocolo de acompañamiento a niñas, niños y adolescentes para prevenir y combatir la discriminación por diversidad sexual e identidad de género en el sistema educativo.
En la sentencia, la jueza ponente, Alejandra Cárdenas, escribió una carta a la niña, que ahora está en España. Le dice que las personas que conocieron su caso, no tomaron en cuenta que se encontraba en proceso de reafirmar su género, cuando tenía cinco años, y necesitaba apoyo.
La Conferencia Episcopal Ecuatoriana cuestionó la sentencia, que, a su juicio, impone la ideología de género en el sistema educativo nacional, promueve la transición de género en niños de cinco años, desconociendo la realidad biológica, social y psicológica.
La Iglesia Católica se declara en resistencia y comunica que las instituciones católicas seguirán educando a los niños y jóvenes libre de ideologías.
Los jueces constitucionales, Carmen Corral, Enrique Herrería, Teresa Nuques, y Richard Ortiz, salvaron su voto, porque, según la ley, la solicitud de rectificación de sexo o género se puede realizar solamente al cumplir la mayoría de edad. (ECUAVISA)
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