Guayaquil (Guayas), 07 de febrero de 2025.- La Fiscalía procesó a 31 personas por su presunta participación en el delito de asociación ilícita. Según lo expuesto por Fiscalía, los delitos fines serían el robo a cajeros automáticos y vehículos blindados; además de secuestros, extorsión, tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, entre otros. El perjuicio a las entidades bancarias ascendería a los tres millones de dólares.
Los procesados fueron detenidos en un operativo liderado por la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti), con el apoyo de unidades especializadas de la Policía Nacional, la madrugada del miércoles 5 de febrero, en Guayas y Santa Elena.
En audiencia de formulación de cargos, el Fiscal del caso presentó los elementos de convicción recabados en la investigación, entre ellos, partes informativos y de aprehensión, versiones de los agentes que participaron en el operativo y el acta de los indicios levantados en los allanamientos. Así también los informes de interceptaciones telefónicas, extracción de mensajes, análisis de seguimiento y vigilancia, pericia técnica de explotación y correlación telefónica, entre otros.
La investigación inició en agosto de 2024 por hechos denunciados en las provincias de Guayas, Pichincha, Los Ríos, Santa Elena, El Oro, y Manabí por robos a cajeros automáticos mediante la utilización de lanza térmica (herramientas que funden y cortan metales mediante el uso de oxígeno a presión), explicó el Fiscal en la audiencia.
El perjuicio económico a entidades bancarias superaría los tres millones de dólares. Además, la banda criminal habría ejecutado sicariatos, tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, robos a vehículos blindados, secuestros, extorsión, tenencia de armas, municiones y explosivos, robos a domicilios, entre otros.
El Juez de Garantías Penales que conoció la causa acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra José Gabriel V. S. (presunto cabecilla de la organización), José V. V., Bruno V. V., Miguel V. C., Marcos G. R., Michael P. B., Nelson C. S., Wilmen Z. G., Miguel R. V., Josselyn M. S. y Washington D. D.
La misma medida fue impuesta contra Ana C. F., Clementina S. V., Jefferson Z. M., Carlos A. P., Silvana V. C., Grace A. S., Ángela G. R., Guillermo A. R., Michel B. V., Víctor A. R., Alexandra A. R., Santiago R. G., Allison M. P., Henry Q. A., José J. C. y Yervis C. R.
Para José P. L., Edwin C. R., Patterson N. C. y Fabián D. G., dispuso su arresto domiciliario, ya que se acreditó enfermedades graves y ser personas de la tercera edad.
La instrucción fiscal durará noventa días.
Información jurídica
Fiscalía procesó este caso con base en lo dispuesto en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de asociación ilícita con pena privativa de libertad de tres a cinco años. (FGE)
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